Un silencio de 68 días que le está costando caro a la Casa Blanca

La decisión de Joe Biden y sus principales asesores de no revelar públicamente el hallazgo de documentos clasificados y de mantenerlo en secreto durante 68 días incluso a gran parte del personal de la Casa Blanca fue impulsada por la ahora fútil esperanza de resolver discretamente el incidente, sin mayores implicancias para el presidente norteamericano y su gobierno.

El puñado de asesores que estaban al tanto del hallazgo desde el principio —el 2 de noviembre, seis días antes de la elecciones de mitad de mandato— especularon que si el hecho no se hacía público, podrían convencer al Departamento de Justicia de que se trataba de un incidente menor, un error de buena fe, a diferencia del acaparamiento de documentos que hizo el expresidente Donald trump en su propiedad de Mar-a-Lago, Florida.

De hecho, la estrategia elegida por Biden estuvo profundamente influenciada por el caso de Trump, que se rehusó a entregar todos los documentos clasificados que se había llevado incluso después de haber sido intimado por la Justicia. El objetivo del equipo de Biden, según personas al tanto de las deliberaciones internas que aceptaron hablar bajo condición de anonimato, era ganarse la confianza de los investigadores judiciales y demostrar que el presidente y su equipo estaban cooperando plenamente con la Justicia. En otras palabras, pensaban evitar cualquier repercusión legal grave haciendo exactamente lo contrario de lo que, según los abogados de Biden, hizo el equipo legal de Trump.

Al menos en lo inmediato, el tiro parece haberles salido por la culata. El silencio de Biden mientras cooperaba con los investigadores no solo no logró frenar la conformación de una comisión investigadora, algo que sus asesores esperaban evitar, sino que desató una ola de indignación pública no bien quedó claro que la Casa Blanca había escondido la situación durante más de dos meses. De todos modos, los asesores de Biden conservan la esperanza de que la confianza que generaron con los investigadores al no confrontarlos públicamente rendirá sus frutos a largo plazo, ya que convencerá a los integrantes de la comisión especial de que no hubo mala intención detrás del hecho.

Por el momento, sin embargo, la estrategia dejó expuesto a Biden a fulminantes críticas por haberle ocultado a la opinión pública el hallazgo de los documentos. Y ahora, después de un año productivo que parecía dejarlo bien posicionado para lanzar su campaña por la reelección, el manejo del caso terminó erosionando sus chances de mostrar superioridad moral sobre Donald Trump, y también ha puesto en duda la capacidad de su equipo para esquivar los ataques republicanos desde el Congreso.

El jueves por la tarde, durante una visita a localidades dañadas por las tormentas en California, Biden evitó contestar directamente si lamentaba no haber difundido antes el hallazgo del material clasificado. “Estamos cooperando plenamente y esperamos que esto se resuelva lo antes posible”, dijo Biden a los periodistas. “Y se van a dar cuenta de que ahí no hay nada. No me arrepiento de nada. Seguimos el consejo de los abogados y es exactamente lo que seguimos haciendo.”

La mesa chica

Según fuentes internas, en un principio la mesa chica de discusiones sobre el manejo del asunto se limitaba a Bob Bauer, jefe de los abogados personales del presidente; Anita Dunn, su esposa y asesora de la Casa Blanca; Stuart F. Delery, consejero de la Casa Blanca, y Richard Sauber, el abogado de la Casa Blanca encargado de coordinar la respuesta a la investigación.

Más adelante ese círculo se amplió un poco, pero el secreto siguió bien guardado, y al parecer la idea de anticiparse y hacer público el hallazgo nunca fue considerada seriamente. En una ronda con periodistas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que ni ella ni su equipo participaron de la elaboración de la estrategia sobre cuándo difundir el hallazgo de los documentos.

De todas formas, todos los funcionarios confirman que no se dudó ni un momento en llamar de inmediato a las autoridades de los archivos nacionales y administración de Documentos, organismo responsable de la seguridad de ese tipo de papeles. La responsabilidad legal del presidente era clara y sus abogados en ningún momento pensaron en confrontar con los archivistas como lo hicieron Trump y sus asesores legales durante los meses posteriores a su salida del poder, en 2021.

Hacerlo público era otra cosa, y entrañaba sus propios riesgos. Pero cuando la noticia finalmente se filtró, el 9 de enero, la decisión de guardar silencio durante tanto tiempo terminó multiplicando el daño político al presidente. La serie de revelaciones de los días subsiguientes y los contradichos del equipo de relaciones públicas del presidente reforzaron la impresión de que Biden no había sido transparente.

“Somos conscientes de la tensión que existe entre la necesidad de cooperar con la investigación en curso del Departamento de Justicia y los legítimos reclamos de brindar mayor información pública”, dijo Ian Sams, portavoz de la oficina Legal de la Casa Blanca. “Así que estamos tratando de lograr ese equilibrio y de ser lo más transparentes que podemos.”

Pero el resultado fueron largas y ásperas sesiones de preguntas y respuestas en la sala de prensa la Casa Blanca, donde la vocera Jean-Pierre era fustigada diariamente por no dar más información. Toda esa situación empezó a sembrar dudas entre los demócratas e incluso en el interior de la Casa Blanca, donde en privado algunos reconocen que la estricta forma en que el presidente y su círculo íntimo retienen información y la comparten solo cuando es necesario terminó perjudicando a Biden, y justo en una situación donde los funcionarios tenían la opción de mostrarse más proactivos.

Cooperación silenciosa

Biden siempre prometió que jamás intentaría politizar el Departamento de Justicia como lo hizo repetidamente su predecesor. Sin embargo, desde el hallazgo inicial de los documentos, las comunicaciones privadas entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia han sido frecuentes.

A partir del 10 de noviembre, solo un día después de que el fiscal general Merrick Garland asignara a un fiscal federal nombrado por Trump para investigar el asunto, los asesores de Biden se mantuvieron “en contacto regular” con funcionarios del Departamento de Justicia, como dijo el abogado Bob Bauer en un comunicado.

Esa cooperación silenciosa que continuó durante semanas fue una estrategia legal clásica elegida por Biden y sus principales asesores: cooperar plenamente con los investigadores con la esperanza de no darles motivos para sospechar malas intenciones. Pero esa estrategia también expuso un verdadero problema para todos los que trabajan en la Casa Blanca: que el consejo de los abogados de un presidente no suele ser la mejor estrategia de relaciones públicas. Y resultó ser cierto.

Por Shear, P. Baker y K. Rogers

Traducción de Jaime Arrambide