La SFP exime a AMLO y Daniel Chávez de un posible conflicto de interés: “No se encontraron evidencias concluyentes”

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AMLO y Daniel Chávez
AMLO y Daniel Chávez

La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció este viernes que determinó eximir al presidente Andrés Manuel López Obrador y al empresario Daniel Chávez Morán de un posible conflicto de interés.

En una tarjeta informativa, la dependencia a cargo de vigilar el comportamiento de los funcionarios y las instituciones del gobierno federal señaló que investigó el caso luego de que el 15 febrero pasado recibió un escrito que imputaba al mandatario y al fundador de Grupo Vidanta actos de “conflicto de interés, cohecho y soborno”.

Dicho escrito llegó a la SFP en medio de la controversia que generó la información difundida por el portal Latinus y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre las casas en las que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, y su esposa, Carolyn Adams, han vivido en Estados Unidos.

La publicación de Latinus y MCCI apuntaba a un posible conflicto de interés, dado que la pareja había vivido en una residencia perteneciente a un directivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex. López Beltrán negó haber cometido alguna irregularidad y argumentó que todos sus ingresos actuales provienen de su trabajo como abogado de la compañía KEI Partners.

Sin embargo, políticos de oposición y algunas figuras públicas acusaron que también ahí existía un posible conflicto de interés, pues dos socios de esa firma, Érika Chávez e Iván Chávez, son hijos de Daniel Sánchez Morán, empresario cercano al presidente López Obrador y quien incluso fue nombrado “supervisor honorario” de las obras del Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios de esta administración.

La SFP señaló al respecto este viernes que no hay evidencia de que alguno de los involucrados violara alguna norma.

“Con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable, la investigación determinó que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público (López Obrador) y a los particulares”, indicó la dependencia encabezada por Roberto Salcedo.

“Los resultados que se obtuvieron por los medios probatorios determinaron lo siguiente: Se acreditó que el C. Daniel Chávez Morán, nombrado como ‘supervisor honorario’ en el proyecto ‘Tren Maya’, no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del Gobierno Federal”, añadió.

Acerca de los hijos del presidente y del empresario, la SFP señaló que carece de competencia para investigar actos jurídicos fuera de la esfera gubernamental o fuera de territorio mexicano.

“Sobre la base de las evidencias, la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP emitió el Acuerdo de Conclusión por Falta de Elementos, el cual fue notificado el día de hoy”, concluyó.

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