Setenta y siete días: la campaña de Trump para trastocar las elecciones

Jim Rutenberg, Jo Becker, Eric Lipton, Maggie Haberman, Jonathan Martin, Matthew Rosenberg y Michael S. Schmidt
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Con la Casa Blanca a sus espaldas, el entonces presidente Donald Trump habla en un mitin el día en que algunos de sus partidarios se amotinaron e irrumpieron en el Capitolio de Washington, el 6 de enero de 2021. (Pete Marovich/The New York Times).
Con la Casa Blanca a sus espaldas, el entonces presidente Donald Trump habla en un mitin el día en que algunos de sus partidarios se amotinaron e irrumpieron en el Capitolio de Washington, el 6 de enero de 2021. (Pete Marovich/The New York Times).
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (senador republicano de Kentucky), a la izquierda, y otros republicanos durante una conferencia de prensa en el Capitolio de Washington, el 10 de noviembre de 2020. (Anna Moneymaker/The New York Times).
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (senador republicano de Kentucky), a la izquierda, y otros republicanos durante una conferencia de prensa en el Capitolio de Washington, el 10 de noviembre de 2020. (Anna Moneymaker/The New York Times).

Para el jueves 12 de noviembre, los abogados electorales del entonces presidente Donald Trump concluyeron que la realidad a la que se enfrentaba era inversa al discurso que este promovía en sus comentarios y en Twitter. No había pruebas sustanciales de fraude electoral ni mucho menos existían suficientes “irregularidades” para revertir el resultado en los tribunales.

Trump no ganó, no podía ganar las elecciones, ni por “mucho” ni por poco. Su presidencia terminaría pronto.

Las acusaciones de que los demócratas habían manipulado las elecciones se desintegraron de manera vergonzosa. Una supuesta maleta de boletas electorales irregulares en Detroit resultó ser una caja que contenía equipo fotográfico. Los “votantes muertos” aparecían vivos en entrevistas de televisión y periódicos.

La semana llegaba a su fin con noticias nada alentadoras: en Arizona, los abogados de Trump se preparaban para retirar su demanda principal ya que el recuento del estado mostraba que Joe Biden llevaba una ventaja de más de 10.000 votos, comparado con los 191 votos que habían identificado para la impugnación.

Mientras Justin Clark, subdirector de la campaña del entonces presidente, se encontraba en una reunión con sus colegas para discutir la estrategia, fue convocado de urgencia al Despacho Oval. El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, estaba en altavoz e instaba a Trump a presentar una demanda federal en Georgia, y acto seguido le informó sobre una teoría conspirativa que estaba cobrando fuerza en los medios conservadores: que las máquinas de votación de Dominion Systems habían transformado miles de votos de Trump en votos de Biden.

Clark advirtió que la demanda que Giuliani tenía en mente sería desestimada por motivos de procedimiento. Además, una auditoría estatal estaba por concluir que las máquinas de Dominion habían funcionado sin interferencias ni juego sucio.

Según personas con conocimiento directo de la conversación, Giuliani llamó mentiroso a Clark y este contestó que Giuliani era algo mucho peor. Y así fue como se dio prioridad a Giuliani, el exalcalde de Nueva York, que de nuevo le endulzaba el oído al presidente, en lugar de a los expertos en derecho electoral.

El jueves 12 fue el día en el que el endeble y largo esfuerzo jurídico de Trump para revertir su derrota se convirtió en algo muy distinto: una campaña extrajudicial para subvertir las elecciones, arraigada en una mentira tan convincente para algunos de sus seguidores más devotos que hizo casi inevitable el asalto mortal al Capitolio del 6 de enero.

Semanas después, Trump se convirtió en el expresidente Trump. En los días siguientes, se diseccionará una transición presidencial como ninguna otra cuando sea juzgado en el Senado por un cargo de “incitación a la insurrección”. Sin embargo, su mentira de unas elecciones robadas por fuerzas corruptas y malignas sigue viva en un Estados Unidos dividido.

Un análisis de The New York Times de los 77 días que subyugaron a la democracia entre las elecciones y la toma de posesión muestra cómo, con la creencia conspirativa extendida en un país asolado por la pandemia, una mentira que Trump había estado preparando durante años acabó por superar al Partido Republicano y, a medida que caía freno tras freno, fue impulsada por nuevos abogados y más radicales, organizadores políticos, financieros y los medios de comunicación de derecha.

Después de esa accidentada tarde en el Capitolio, ha surgido una imagen de fuerzas entrópicas que se unen a nombre de Trump en un choque ad hoc, aunque desolador, de rabia y negación.

Sin embargo, las entrevistas realizadas a los principales actores y los documentos que incluyen correos electrónicos, videos y publicaciones en las redes sociales dispersas en la web, cuentan una historia más amplia de una campaña más coordinada.

A lo largo de esos 77 días, las fuerzas del desorden fueron convocadas y dirigidas por el presidente saliente, quien ejerció el poder derivado de su estatus casi infalible entre los fieles del partido en un último acto que desafía las normas de una presidencia que niega la realidad.

En todo momento, Trump contó con la ayuda de republicanos influyentes que actuaban motivados por la ambición, el miedo o la creencia errónea de que no iría demasiado lejos.

En el Senado, el líder de la mayoría, Mitch McConnell, le concedió pronto un margen de maniobra. Mientras buscaba la ayuda del presidente en las elecciones de segunda vuelta de Georgia, que podrían costarle su propio control del poder, McConnell hizo caso a las afirmaciones erróneas de asesores de la Casa Blanca, como Jared Kushner, de que Trump acabaría cediendo a la realidad, según dijeron al Times personas cercanas al senador. El reconocimiento posterior de McConnell de la victoria de Biden no sería suficiente para disuadir a catorce senadores republicanos de unirse al último intento del presidente de anular el voto de millones de estadounidenses.

Asimismo, durante la campaña, el fiscal general William Barr había hecho eco de algunas de las denuncias de fraude electoral de Trump. Sin embargo, en privado, el presidente estaba irritado por la resistencia de Barr a sus impulsos más autoritarios, incluida su idea de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento en una orden ejecutiva preelectoral jurídicamente dudosa. Y cuando Barr informó a Trump, en una tensa sesión en el Despacho Oval, que las investigaciones del Departamento de Justicia sobre el fraude se habían agotado, el presidente tildó de negligente al departamento, antes de encontrar en este a otros funcionarios afines a él.

Por cada abogado del equipo de Trump que se retiró en silencio, había uno dispuesto a seguir adelante con demandas propagandísticas que amenazaban con cruzar los límites de la ética jurídica y la razón. Esto incluía no solo a Giuliani y a abogados como Sidney Powell y Lin Wood, sino también a la gran mayoría de los fiscales generales republicanos, cuya demanda ante la Corte Suprema, que buscaba que se descontaran 20 millones de votos, fue redactada en secreto por abogados cercanos a la Casa Blanca, según descubrió el Times.

A medida que los donantes republicanos tradicionales se retiraban, surgió un nuevo grupo de benefactores de la era de Trump que financiaron a analistas de datos y detectives con el fin de que aportaran material que sustentara la narrativa de las elecciones robadas. Entre sus filas se encontraban el fundador de MyPillow, Mike Lindell, y el exdirector general de Overstock.com, Patrick Byrne, quienes advirtieron sobre la existencia de “votos falsos” y la manipulación de las máquinas de votación desde China en One America News Network y Newsmax, cuya audiencia aumentaba por su disposición a ir más allá que Fox en la adopción de la ficción de que Trump había ganado.

Conforme la campaña electoral oficial de Trump iba perdiendo fuerza, una nueva campaña muy organizada entró en escena para convertir su furia demagógica en un movimiento propio, que recordaba a los principales legisladores en momentos clave el costo de negarse a hacer la voluntad del presidente y sus seguidores. El movimiento, llamado Women for America First (mujeres por Estados Unidos primero), tenía vínculos con Trump y con exasesores de la Casa Blanca que en ese momento buscaban el indulto presidencial, entre ellos Steve Bannon y Michael Flynn.

El grupo, que recorrió el país para difundir el nuevo evangelio de unas elecciones robadas en los autobuses rojos de Trump, ayudó a construir una coalición muy trumpiana que incluía a miembros en funciones y entrantes del Congreso, a votantes de sus bases, así como a los extremistas y teóricos de la conspiración que se habían quedado sin plataforma y ahora se promocionaban en su sitio web (entre ellos el nacionalista blanco Jared Taylor ; importantes partidarios de QAnon, y el líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio).

La mentira crecía día con día, hasta lograr por fin lo que el proceso político y los tribunales no pudieron: echar por tierra la transición pacífica del poder que durante 224 años había sido la base de la democracia estadounidense.

A medida que las demandas fracasaban en un tribunal tras otro en todo el país, lo cual dejaba a Trump sin opciones creíbles para revertir su derrota antes de la votación del Colegio Electoral el 14 de diciembre, Giuliani y sus aliados estaban desarrollando una nueva teoría jurídica: que en los estados indecisos cruciales hubo suficiente fraude, y hubo suficientes cambios inapropiados en las reglas electorales, como para invalidar la totalidad de sus votos populares.

En consecuencia, según la teoría, las asambleas legislativas de esos estados, controladas por los republicanos, estarían en su derecho constitucional de enviar las listas de electores de su elección al Colegio Electoral.

Antes del Día de Acción de Gracias, un equipo de abogados con estrechos vínculos con la campaña de Trump comenzó a planear una nueva demanda de gran alcance basada en ese argumento.

Según los abogados que participaron en las conversaciones, el grupo determinó que la votación del Colegio Electoral estaba por llevarse a cabo, lo cual no daba tiempo para que una serie de demandas se abrieran paso a través de los tribunales. Tendrían que ir directamente la Corte Suprema de Estados Unidos.

La demanda se proponía algo audaz. Afirmaba que, sin la aprobación de sus asambleas legislativas, Georgia, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin habían realizado cambios inconstitucionales de última hora a la ley electoral, lo cual había contribuido a crear las condiciones para un fraude generalizado. Mediante una letanía de alegatos enrevesados y especulativos —que incluían uno relacionado con las máquinas de votación de Dominion— la demanda pedía al tribunal que trasladara la selección de sus delegados del Colegio Electoral a sus asambleas legislativas, con lo que se anularían en la práctica veinte millones de votos.

El 11 de diciembre, la corte se negó a escuchar el caso.

Si el máximo tribunal del país no podía hacer lo que querían, tenía que haber alguna otra manera.

Y fue así como miles de personas acudieron al día siguiente a Washington a una manifestación orquestada mucho antes y llenaron la Plaza de la Libertad con gorras rojas con el lema “Hagamos a Estados Unidos grandioso de nuevo”, así como banderas de Trump y QAnon, donde prometieron seguir adelante.

“En nuestro país, el sistema judicial tiene un propósito, pero los tribunales no deciden quién será el próximo presidente de Estados Unidos de América”, dijo a la multitud Michael Flynn, el recién indultado exasesor de Seguridad Nacional. “Nosotros, el pueblo, decidimos”.

El mitin había sido organizado por Women for America First, que sin hacer aspavientos se estaba convirtiendo en lo más parecido a una fuerza de organización política de Trump, misma que congregaba a sus seguidores agraviados en torno a la mentira de unas elecciones robadas.

La fundadora del grupo, Amy Kremer, fue una de las organizadoras originales del Tea Party, que construyó el movimiento mediante giras en autobús por todo el país. También fue una de las primeras seguidoras de Trump, cuando formó un grupo llamado Women Vote Trump (las mujeres votan por Trump) junto con Ann Stone, quien fue esposa de Roger Stone, un asesor de Trump de toda la vida.

Con donantes que incluían America First Policies (políticas por un Estados Unidos primero), Women for America First reunió apoyo para la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema y defendió a Trump durante su primer juicio político.

La directora ejecutiva del grupo era la hija de Kremer, Kylie Jane Kremer, quien antes había trabajado en el programa de radio de Sean Hannity. Dos de los organizadores, Jennifer Lawrence y Dustin Stockton, eran cercanos a Bannon.

Para los Kremer, así como para Lawrence y Stockton, el instrumento de esa lucha sería una reedición del Tea Party Express, una gira en autobús para reclutar a legisladores estatales y federales en el esfuerzo de Trump por evitar que los estados certificaran los resultados antes del voto del Colegio Electoral.

Pero después del 12, el grupo se encontró en el limbo, ya que el movimiento inestable que lideraba no tenía un destino claro.

En la Casa Blanca, Trump seguía buscando la manera de anular los resultados y para ello solicitó el consejo de aliados como Flynn, Giuliani y Powell.

Al final, Trump acordó, que, al menos por el momento, se centraría en bloquear la certificación de los resultados en el Congreso el 6 de enero.

Si un senador y un miembro de la Cámara de Representantes se oponen a los resultados de un estado, las dos cámaras deben reunirse por separado para debatir y luego volver a reunirse para votar. El rechazo de los resultados requiere una mayoría de votos en ambas cámaras.

Ahora, Women for America First también tenía un propósito. Ya tenían a los que se opondrían a los resultados de las elecciones en la Cámara de Representantes. Así que el grupo planeó otra gira en autobús, esta vez para ir de estado en estado a fin de ayudar a convencer a los senadores afines, once según sus cuentas.

El sábado 2 de enero, Kylie Kremer publicó en Twitter un video promocional de la manifestación del miércoles, junto con un mensaje: "SÉ PARTE DE LA HISTORIA".

El presidente compartió su publicación y escribió: “¡Allí estaré! Día histórico”.

Todo se reducía a un concurso de voluntades dentro del Partido Republicano y decenas de miles de simpatizantes de Trump iban a reunirse en Washington para enviar un mensaje a quienes pudieran desafiar al presidente.

El 6 de enero, Trump subió al escenario de la Elipse poco antes de la una de la tarde y pidió a las decenas de miles de asistentes que llevaran su mensaje a los republicanos en el Capitolio: “Nunca recuperarán al país con debilidad”.

Mientras hablaba, algunos manifestantes, encabezados por los Proud Boys, ya habían penetrado el perímetro de seguridad exterior que resguardaba el Capitolio. Adentro, cuando el representante republicano de Arizona Paul Gosar se levantó para presentar la primera objeción a los resultados en su estado natal, varios legisladores republicanos lo ovacionaron de pie.

Menos de una hora después, los legisladores huirían a un lugar seguro mientras la multitud irrumpía en el edificio.

El 15 de enero, Trump accedió a una reunión en el Despacho Oval con Lindell, que llegó con dos juegos de documentos. Uno, proporcionado por un abogado que no quiso nombrar, incluía una serie de medidas que Trump podría tomar, incluida “la ley marcial de ser necesario”. El otro, según afirmó Lindell en una entrevista al día siguiente, era un código informático que indicaba que China y otros actores estatales habían alterado los resultados de las elecciones, que habían revisado sus propios investigadores después de que este lo encontró en internet.

Un par de minutos después, Trump ordenó a su asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, que acompañara a Lindell a la oficina de Pat A. Cipollone, el abogado de la Casa Blanca. Le dijo al fundador de MyPillow que volviera después.

Luego de una charla superficial, los asesores acompañaron a Lindell hacia la salida. “Lo digo en voz alta: ‘No me voy’”, recuerda haberles dicho. Al final se marchó cuando un asistente le dejó en claro que no habría seguimiento en el Despacho Oval. El presidente ya no lo iba a recibir.

This article originally appeared in The New York Times.

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