Sentencian a cuatro en Miami por trama de sobornos en venta de gas lacrimógeno a Bolivia

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AIZAR RALDES/AFP via Getty Images

Cuatro hombres implicados en una trama de venta de gas lacrimógeno de un proveedor del sur de la Florida al gobierno boliviano fueron sentenciados el jueves a penas de prisión de entre dos y tres años en un tribunal federal de Miami.

La policía boliviana usó el gas lacrimógeno —vendido a precios inflados junto con sobornos a funcionarios del gobierno— para sofocar a los partidarios del líder socialista Evo Morales durante las protestas callejeras después que renunció a la presidencia tras unas disputadas elecciones en 2019.

En el centro de la trama estuvo Arturo Carlos Murillo Prijic, el ex ministro boliviano del gobierno conservador quien reemplazó brevemente a la administración de Morales. Fue arrestado en 2021 en una casa en Doral por cargos de confabulación y lavado de dinero que lo acusan de aceptar más de $500,000 en sobornos de Bravo Tactical Solutions, proveedor de gas lacrimógeno del sur de la Florida, entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Murillo, que está recluido en una cárcel federal desde su arresto, es el único de los cinco acusados en el caso que optó por enfrentar un juicio con jurado a finales de este año.

Los otros cuatro acusados nombrados como coconfabulados se declararon culpables el año pasado y fueron sentenciados el jueves. Están cooperando con los fiscales federales en el caso contra Murillo.

Son Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, ex jefe de gabinete del ministro, declarado culpable de lavado de dinero y sentenciado a 42 meses; Bryan Berkman, director general de Bravo Tactical Solutions en Tamarac, declarado culpable de corrupción en el extranjero y sentenciado a 28 meses de prisión y 36 meses de arresto domiciliario; su padre, Luis Berkman, de Georgia, declarado culpable de lavado de dinero y sentenciado a 38 meses de prisión y 16 meses de arresto domiciliario; y Philip Lichtenfeld, ciudadano de Estados Unidos que fue declarado culpable de corrupción en el extranjero y sentenciado a 26 meses de prisión y a pagar una multa de $75,000.

Bryan Berkman, Luis Berkman y Litchtenfeld fueron acusados de pagar más de $1 millón en sobornos a Murillo, Méndez y otros dos funcionarios bolivianos para obtener un contrato de defensa por el gas lacrimógeno por valor de $5.6 millones con el gobierno conservador de la ex presidenta interina boliviana Jeanine Áñez.

“Lavaron el producto de los sobornos y las ganancias ilícitas a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, Bolivia y Singapur, y organizaron la entrega de sobornos en efectivo en Miami, Florida, y Cochabamba, Bolivia”, escribió el fiscal federal Eli Rubin en un memorando de sentencia. “Y en el proceso, se enriquecieron generosamente cometiendo delitos graves y calculados”.

Rubin solicitó las penas máximas de prisión para cada uno de los cuatro acusados —10 años para Luis Berkman y Méndez, y 5 años para Bryan Berkman y Lichtenfeld—, pero el juez federal Paul Huck no se mostró convencido.

El abogado defensor de Luis Berkman, Joseph DeMaria, argumentó que aunque el juez consideraba que la trama de sobornos era un “delito grave”, no tenía por qué “sacrificar” a los acusados con penas máximas para enviar un mensaje de disuasión.

“Creo que el juez fue muy cuidadoso y muy justo”, dijo DeMaria tras la sentencia. Los otros tres abogados defensores en el caso son Michael Nadler, Frank Schwartz y David Magilligan.

En el tribunal federal de Miami, los cuatro acusados firmaron declaraciones como parte de sus acuerdos de culpabilidad, admitiendo la siguiente trama:

Entre marzo y abril del año pasado, Bryan Berkman, Luis Berkman, Lichtenfeld, Murillo y Méndez hicieron arreglos para que el Banco Central de Bolivia transfiriera unos $5.6 millones a Bravo Tactical Solutions. A su vez, la empresa del sur de la Florida transfirió unos $3.3 millones de esos ingresos a una cuenta bancaria en Brasil para pagar al fabricante real del gas lacrimógeno en virtud del contrato de defensa de Bravo con el gobierno boliviano.

La enorme diferencia —unos $2.4 millones— correspondía al contrato de defensa inflado de Bravo, que cubría un reparto tanto de las utilidades como de los sobornos, según Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Departamento de Justicia federal.

Los fiscales dicen que los dos Berkman organizaron entonces la transferencia de $700,000 a través de una cuenta bancaria de Miami como sobornos a Murillo y Méndez, y otros $500,000 como honorarios a Lichtenfeld por ayudar a obtener el contrato de Bravo con el gobierno boliviano. Lichtenfeld era un viejo amigo de Méndez, ex jefe de gabinete del ministro.

La abogada defensora de Murillo, Ana Davide, dijo que el procesamiento federal de su cliente es el resultado de un juego de poder político en Bolivia por parte del nuevo gobierno socialista que sucedió a la administración conservadora, que duró solo un año después que Morales renunció en 2019.

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