Luego de un mes de inactividad y con el oficialismo todavía conmocionado por la baja médica de su jefe de bancada, José Mayans (Formosa), el Senado se dispone a sesionar este jueves para sancionar la prórroga de la vigencia del plan de regularización dominial de barrio populares, que impide los desalojos en asentamientos y tomas, como plato fuerte de la reunión.

El temario, acordado entre oficialismo y oposición, también incluye la sanción de la expropiación del edificio donde se registró la tragedia de Cromañón y de la extensión por 50 años de la asignación específica de impuestos que se destinan a financiar producciones culturales y bibliotecas populares. La sesión está convocada para las 14.

Si bien los proyectos cuentan con amplio consenso, lo que garantizaría su aprobación, dividen opiniones al interior de los principales bloques de la Cámara alta, por lo que se esperan fracturas a la hora de la votación en el recinto. Sobre todo en Juntos por el Cambio, interbloque en el que los proyectos de barrios populares y de expropiación de cromañón, aunque también el de la industria cultural, generan fuerte rechazo.

El amplio apoyo que Pro le dio a la iniciativa de regularización dominial de villas y asentamientos en Diputados provocó un duro reproche interno de la presidenta del partido, Patricia Bullrich. “Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”, escribió la exministra de Mauricio Macri en la red social Twitter. Le salieron a responder, en defensa de la iniciativa, funcionarios del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El proyecto obtuvo dictamen de comisión la semana pasada sin fisuras de Juntos por el Cambio, con las firmas y el apoyo explícito del macrista José Torello (Buenos Aires), y de la larretista Guadalupe Tagliaferri. Sin embargo, fuentes del bloque Pro le dijeron a este diario que algunos senadores votarán en contra algunos artículos, entre ellos el que posterga los desalojos y amplía el universo de asentamientos alcanzados por el programa.

También genera divisiones en el principal conglomerado opositor el proyecto que extiende por 50 años el aporte específico que, a través de varios impuestos, como el que se paga con las entradas a espectáculos, para financiar la industria cultural.

En Juntos por el Cambio hay quienes objetan el uso de esos fondos por parte del Gobierno, ya que consideran que los aplican para financiar proyectos culturales de dudosa calidad y de claro perfil militante. Sin embargo, la ampliación del universo de beneficiados por su recaudación para financiar a las bibliotecas populares, pedida por la oposición en Diputados, garantizará el apoyo de la UCR.

El tema también genera resquemores al interior del oficialismo, en este caso por lo extenso de la prórroga, medio siglo, pero también por la fuerte concentración en la aplicación de esos fondos en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Reclaman una distribución más equitativa con el interior. No obstante, estas quejas no se traducirán en votos en contra en el recinto.