Senado estatal aprueba ley que obliga a gobiernos locales a compensar a negocios si nuevas normas los perjudican

El Senado de la Florida tiene una respuesta para los gobiernos locales que quieren regular a los negocios: Adelante, pero les va a costar.

Un proyecto de ley que permitirá a las empresas demandar por daños y perjuicios si una ordenanza local o un referendo aprobado por los electores le cuesta a su negocio 15% o más de sus utilidades fue aprobado el jueves en una votación de 22 a 14, siguiendo mayoritariamente líneas partidistas.

Si hubiera estado en vigor en 2020, los residentes de Cayo Hueso que votaron para prohibir que los cruceros con más de 1,300 pasajeros atracaran en los puertos de la ciudad habrían tenido que pagar a las líneas de cruceros por el negocio perdido durante los meses en que la prohibición estuvo en vigor.

Si se hubiera convertido en ley el año pasado, el Condado Miami-Dade, que impuso una prohibición de usar fertilizantes en el césped y las plantas durante la temporada de lluvias para evitar la proliferación de algas y la muerte de peces, pudiera haberse visto obligado a pagar a las empresas que vieron descender considerablemente las ventas de fertilizantes.

Y si el proyecto de ley se convierte en ley este año, los residentes de Miami Beach, que votaron en un referendo no vinculante el año pasado para imponer un horario más temprano para suspender la venta de alcohol en los bares locales, pudieran ser considerados responsables de los daños si la nueva ley conduce a la pérdida de actividad en los negocios.

Estas son solo algunas de las docenas de ordenanzas de los gobiernos locales a los que se dirige el presidente del Senado, Wilton Simpson, republicano de Trilby, que tuvo la idea de exigir que se reembolse a los negocios la pérdida de ingresos si un gobierno local aprueba una ordenanza que los afecta.

Todos los demócratas del Senado votaron en contra, diciendo que era otra agresión a la autonomía y a las grandes zonas metropolitanas del estado, donde la política es más progresista que la Legislatura dominada por los republicanos.

“Este proyecto de ley causará un daño financiero al permitir que las empresas demanden a las ciudades y los condados simplemente por hacer su trabajo”, dijo el senador Víctor Torres, demócrata de Orlando

El Senado aprobó la medida, SB 620, con solo un voto republicano en contra, el del senador Jeff Brandes, republicano de St. Petersburg. Ahora va a la Cámara, donde un proyecto de ley similar todavía no se ha discutido.

Cambios a la ley original

La versión original del proyecto de ley fue ferozmente rechazada por los funcionarios de los gobiernos locales que advirtieron que daría lugar a una avalancha de demandas cuando las ciudades y los condados aprueben ordenanzas sobre ruido, normas de zonificación o medidas de seguridad pública destinadas a regular los negocios que la comunidad considera peligrosos o molestos.

Florida TaxWatch, la organización de investigación respaldada por las empresas, advirtió en un nuevo informe publicado el miércoles que la legislación “dará lugar a demandas maliciosas y con motivación financiera, que costarán a los gobiernos locales más de $900 millones anuales”.

Ante la oposición generalizada, el senador patrocinador Travis Hutson, de Palm Coast, propuso el jueves una enmienda que debilitaba sustancialmente el proyecto de ley original. La Florida League of Cities, que se había opuesto, anunció que era neutral.

El Senado aprobó la enmienda, y el proyecto de ley requiere ahora que una empresa esté operando en una ciudad o condado durante tres años antes de poder demandar. Pero si los que demandan tienen éxito, las empresas pueden recuperar hasta siete años de utilidades perdidas.

Una vez que se presenta una demanda contra un gobierno local, el proyecto de ley permite a la ciudad o al condado evitar el pago de los daños haciendo una de estas tres cosas:

▪ Derogar la ordenanza infractora.

• Modificar la ordenanza de forma que se suprima la disposición infractora.

• Conceder al negocio una exención por dificultades, que sería determinada por el gobierno local.

“Es suficiente para que esto pase de ser una herida mortal a un golpe en el estómago”, dijo Rebecca O’Hara, cabildera de la Florida League of Cities. “Eso no quiere decir que esto no sea un gran problema, y hay un montón de incógnitas de cómo va a funcionar en el mundo real”.

O’Hara dijo que los gobiernos locales pueden adoptar medidas contra los dispensarios de analgésicos fuertes y los clubes de desnudismo que lleven menos de tres años funcionando, pero no pueden perseguir a los negocios establecidos que empiecen a realizar actividades no deseadas, como una tienda de conveniencia que funcione como “cibercafé” para realizar apuestas en el mercado gris.

Hay una cláusula para evitar las demandas molestas

Para eliminar el incentivo de que se presenten demandas maliciosas, que pongan a los contribuyentes en el anzuelo de una acción legal frívola, el proyecto de ley exige que la parte vencedora pague los honorarios de los abogados.

Y para asegurarse de que los gobiernos locales no sean responsables cuando apliquen los estatutos estatales, el proyecto de ley prohíbe las demandas si la Legislatura les ha autorizado expresamente a aplicar mandatos, impuestos de opción local y otras protecciones.

Simpson dijo el jueves que espera que el proyecto de ley haya frenado “todos los proyectos de ley de prioridad” que se han propuesto en los últimos nueve años.

Esa lista incluye proyectos de ley redactados por la industria del gas natural y los servicios públicos y aprobados el año pasado que impiden a los gobiernos locales regular la producción y distribución de electricidad, gas natural y productos petrolíferos. Incluye intentos de impedir que los gobiernos locales regulen los alquileres vacacionales y las casas para fiestas, que prohíban los protectores solares y que impongan normas sobre los lugares en los que las empresas de servicios públicos pueden instalar parques solares.

El senador Gary Farmer, demócrata de Lighthouse Point, advirtió que si este proyecto de ley intentara acabar con los proyectos de ley de prioridad lo diría y no es lo que dice. Intentó y fracasó en su esfuerzo de persuadir al Senado de que se incluyera una exención para las viviendas asequibles y las medidas de protección de los inquilinos.

“Nuestros gobiernos locales están luchando para hacer frente a un montón de problemas, tal vez el más significativo de los cuales es la crisis de vivienda asequible en la que nos encontramos hoy”, dijo.

Farmer señaló que en Tallahassee un parque local de casas móviles está aumentando sus tarifas en 230%, y que el condado está estudiando la posibilidad de prestar alguna ayuda, como imponer una ordenanza de control de alquileres.

Si el proyecto de ley se aprueba, haría responsable al gobierno, ya que si no permite el aumento de las tarifas, habría daños monetarios, dijo.

Pizzo: Esto va demasiado lejos

El senador Jason Pizzo, demócrata de Miami, dijo que la medida va demasiado lejos al anular la voluntad de una comunidad local, especialmente de aquellas personas que trabajan juntas para aprobar un referendo local en una votación popular para abordar “una molestia o un problema de seguridad de vida”.

“Incluso en una situación en la que una supermayoría de los residentes de mi ciudad votan por algo, se les está obligando a pagar daños y perjuicios a una empresa”, dijo.

Hutson confirmó que la Florida sería el primer estado en promulgar una disposición de este tipo.

El Senado también aprobó una medida complementaria, la SB 280, que obligará a los gobiernos locales a realizar una declaración de impacto económico de las ordenanzas antes de aprobarlas y dará prioridad en los tribunales a cualquier impugnación legal resultante. Se aprobó con más apoyo demócrata en una votación de 28 a 8.

Los redactores del Miami Herald Joey Flechas, Martin Vassolo y Douglas Hanks contribuyeron a este artículo.