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Según el gobierno, algunos niños víctimas de la ‘tolerancia cero’ nunca recuperarán a sus padres

Los padres de Eduardo Almendarez, de 11 años, fueron separados de su hijo en el punto de entrada de la frontera de Río Grande bajo el amparo de la política de mano dura del gobierno de Trump (Foto: Edgard Garrido/Reuters).
Los padres de Eduardo Almendarez, de 11 años, fueron separados de su hijo en el punto de entrada de la frontera de Río Grande bajo el amparo de la política de mano dura del gobierno de Trump (Foto: Edgard Garrido/Reuters).

La pasada primavera, tras recibir amenazas de violencia de bandas locales, una chica adolescente y su madre huyeron de su hogar en El Salvador para buscar refugio en Estados Unidos, y todo para ser separadas por la fuerza poco después de cruzar la frontera.

Patricia (nombre modificado para proteger su privacidad) se encontraba entre los miles de niños inmigrantes que fueron separados de sus padres durante el auge de la política de tolerancia cero del gobierno de Trump. Esto ocurrió en el período que va del 6 de abril al 20 de junio de 2018, cuando las familias inmigrantes fueron separadas de forma sistemática en la frontera, siguiendo una orden del fiscal general Jeff Sessions según la cual todo adulto capturado cruzando o intentando cruzar de forma ilegal la frontera del suroeste será procesado penalmente.

Dado que los menores no pueden ser encarcelados, era preciso separarlos de sus padres. Patricia fue trasladada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la agencia del Departamento de Salud y Servicios Sociales responsable del cuidado de niños inmigrantes no acompañados. Siguiendo el procedimiento existente, los trabajadores sociales de esta agencia comenzaron a buscar un tutor adulto adecuado que se hiciera responsable de ella en Estados Unidos: preferiblemente un familiar o pariente cercano que pudiera llevarse a Patricia durante el tiempo que durara lo que ahora era su caso de inmigración individual.

En unas pocas semanas la ORR, ha conseguido un tutor para Patricia: una tía que vive en California.

Pero el 26 de junio de 2018, mientras Patricia aún estaba bajo custodia de la ORR, un juez federal de California emitió un fallo judicial que ordenaba la pronta reunificación de todos los adultos y niños que habían sido separados como resultado de la política de tolerancia cero. Esa fecha fue un punto de inflexión determinante para traer algo de orden a lo que de inmediato demostró ser un intento de reunificación caótico y desorganizado. El juez permitió que el HHS redujera su búsqueda de niños separados a aquellos detenidos a partir del 26 de junio de 2018.

Eso debería haber incluido a Patricia, pero en medio de la confusión de aquellas semanas, Patricia fue liberada y puesta bajo custodia de su tía a principios de julio. A pesar de que todavía no se había puesto en contacto con su madre, aparentemente Patricia no fue incluida en el recuento inicial de la ORR presentado al tribunal ese mes de 2.654 niños a su cargo que habían sido identificados como separados y elegibles para reunificación de acuerdo al fallo de la corte (la cifra fue revisada y ahora son 2.816).

“Creo que a ella le habría aplicado la reunificación ordenada por el tribunal (y seguramente debería haberse hecho), pero la primera semana de julio fue justo antes de que comenzaran a reunificar a los niños de forma masiva y hubo mucho caos”, dijo Christie Turner, subdirectora del Proyecto de Separación Familiar de Kids in Need of Defense (KIND). Mediante una red amplia de abogados voluntarios, KIND ha suministrado servicios legales gratuitos a niños inmigrantes no acompañados en todo el país desde 2009 y, según su sitio web, ahora también representa a 300 niños separados de sus padres por la política de tolerancia cero.

El caso de Patricia fue remitido a KIND una vez entregada a su tía. Turner sospecha que, debido a que Patricia fue liberada de la ORR en el mismo momento que las autoridades de HHS y DHS se apresuraban a localizar a todos los adultos y niños que habían sido separados previamente, “tal vez ella caería en el olvido”.

En cambio, Patricia se convertiría en parte de un grupo diferente y posiblemente más amplio de niños que fueron separados bajo las mismas circunstancias, pero que habían sido entregados por la ORR a otros patrocinadores adultos antes de que ‒o en el caso de Patricia, justo después‒ el gobierno de Trump recibiera la orden de reunir de nuevo a las familias que se habían separado.

De acuerdo a un informe publicado el mes pasado por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud y Servicios Sociales, los funcionarios y el personal de la ORR observaron “un aumento pronunciado” en el número de niños cuya responsabilidad les fue transferida a ellos tras ser separados de sus padres o tutores en verano de 2017, mucho antes de que se anunciara oficialmente la política de “tolerancia cero” en abril. Funcionarios de la ORR estimaron que, durante este influjo, la agencia recibió y entregó a miles de niños separados antes de que la jueza Dana Sabraw emitiera el fallo que ordenaba la reunificación el 26 de junio de 2018. El informe de la OIG concluyó que “se desconoce la cifra total y el estatus actual de todos los niños separados de sus padres o tutores por la DHS y remitidos para el cuidado por parte de la ORR”.

Según el rastreo informal hecho por el personal de la ORR, la proporción de niños separados que fueron puestos bajo custodia de la ORR aumentó de un 0,3% a finales de 2016 a un 3,6% en agosto de 2017.

Turner y otros abogados que trabajan directamente con esta población específica dijo que, en base a los casos con los que se han encontrado, muchos de esos niños entregados a patrocinadores antes del fallo del tribunal aún siguen separados de sus padres a día de hoy. Sin embargo, funcionarios del HHS han dejado claro que no tienen la intención de contar o identificar ‒y mucho menos reunir‒ a los miembros de este grupo con sus padres. Afirmaron que tal esfuerzo no solo sería logísticamente imposible sino que también sería “traumático para los niños”.

“Incluso si la ORR tuviera la autoridad y los recursos para intervenir en la relación familiar entre el patrocinador y el niño, hacer eso sería perjudicial y dañino para el niño (especialmente si la intervención fuera en contra de los deseos del patrocinador o del niño)”, dice parte de la declaración registrada en el tribunal la semana pasada por Jallyn Sualog, subdirectora de programas infantiles en la ORR.

Su declaración fue parte de la respuesta del gobierno a los hallazgos vertidos en el informe de OIG, el cual había sido solicitado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) como parte de la demanda colectiva en curso que culminó en el fallo que ordenaba la reunificación. A la luz del informe, la ACLU ahora intenta ampliar la categoría para incluir a familias separadas cuyos niños fueron liberados de la custodia de la ORR antes del 26 de junio.

En una declaración registrada en el tribunal por Jonathan White, funcionario de salud pública con carrera en el HHS, se hace eco de las preocupaciones de Sualog “sobre los niños”. El exsubdirector del programa de niños extranjeros no acompañados de la ORR, White, actualmente está destinado en la Oficina del Subsecretario de Preparación y Repuesta, ente que tomó el relevo de la ORR en verano para dirigir la iniciativa de la reunificación.

Al igual que Sualog, White se refirió inexplicablemente a la transferencia “forzada” de niños separados de la custodia de sus patrocinadores y sugirió que este tipo de reunificaciones requerirían “entrar a los hogares para sacar a los menores previamente separados, ponerlos de nuevo bajo custodia de la ORR y reunirlos con los padres de los que habían sido separados”.

“Desestabilizaría la permanencia de su entorno familiar existente y podría ser traumático para los niños”, declaró White. Sostuvo que “la opción más coherente y de interés superior del menor sería permitirle permanecer con su patrocinador”. Dijo que en lugar de eso la agencia debería “centrarse en el trabajo ya en marcha de reunificación de padres con los hijos de los que fueron separados y que ahora están a cargo de la ORR”, aunque ese trabajo obviamente no se dirige a los niños que ya han sido entregados a un patrocinador o a sus padres.

Madres con sus hijos hacen cola en un Centro de Residencia Familiar en Dilley, Texas (Foto: Charles Reed/Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, a través de AP).
Madres con sus hijos hacen cola en un Centro de Residencia Familiar en Dilley, Texas (Foto: Charles Reed/Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, a través de AP).

Las afirmaciones de White sobre el posible trauma de reunificar a un niño con sus padres, de los que fueron separados por la fuerza, fueron recibidas con incredulidad y confusión entre expertos en psicología y desarrollo infantil.

“Me faltan las palabras”, dijo Nim Tottenham, profesor de psicología en la Universidad de Columbia y autor de investigaciones que se centran en los efectos a largo plazo que tiene el estrés en la vida temprana sobre el desarrollo cerebral de niños y adolescentes.

“La separación de la figura de mayor apego es uno de los mayores traumas que un niño puede experimentar”, dijo Tottenham, quien explicó que el estrés que causan estas separaciones los colocan en una posición de mayor riesgo de sufrir, no solo dificultades cognitivas, académicas y mentales, sino enfermedades psíquicas.

En respuesta al argumento de White sobre los riesgos de alterar el ambiente familiar actual de los niños, Tottenham dijo que aunque inicialmente a un niño le puede molestar dejar a un patrocinador con quien ha desarrollado una relación positiva, “es poco probable que el apego generado con el nuevo hogar supere al apego inicial con sus padres, independientemente de lo cariñosos y atentos que puedan ser sus patrocinadores”.

“Si la elección es reunificar en lugar de seguir con la separación, yo diría que el trauma sería más duradero si la separación continua”, dijo Tottenham. Agregó que el efecto de la separación de los padres se pasa a menudo por alto en los debates y que podría ser “devastador y durar para toda la vida”.

Cristina Muñiz de la Peña, es cofundadora y directora de salud mental en Terra Firma, un programa con sede en Nueva York que ofrece servicios legales y médicos a niños inmigrantes no acompañados y, más recientemente, a familias separadas bajo el amparo de la política de tolerancia cero.

Al igual que Tottenham, Muñiz dijo estar “realmente confundida” por las declaraciones de White e “incrédula” por sus recomendaciones.

“En la medida de lo posible, un niño debería estar con sus padres”, dijo, y señaló que las agencias estatales de protección infantil tienen protocolos bien establecidos para reunificar a los padres con los niños colocados en hogares infantiles o que estén bajo la custodia de un familiar.

“Puedo ver casos en los que el patrocinador y el niño están tan unidos que se ofrece resistencia, pero es por eso que existe un proceso”, dijo, al tiempo que instaba a la ORR a “tomar las pautas que ya tienen y adaptarlas para facilitar el proceso de reunificación”.

Muñiz, quien testificó junto a White el jueves durante una audiencia de la subcomisión Supervisión e Investigaciones de la comisión de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes, le dijo a Yahoo News que entiende por qué los funcionarios del HHS y la ORR argumentan que no están preparados para solucionar todos los problemas causados por una política que, para empezar, no era la suya.

“Pero eso no significa que la reunificación no fuera recomendable psicológicamente”, dijo. “Significa que el gobierno debe poner recursos en ello… y desarrollar un sistema para facilitar la reunificación de la forma más humana posible”.

El Comandante del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, Jonathan White, testifica ante la Comisión Judicial del Senado (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images).
El Comandante del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, Jonathan White, testifica ante la Comisión Judicial del Senado (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images).

Mark Greenberg, miembro principal del Instituto de Política Migratoria que anteriormente se desempeñó como secretario adjunto de la Administración para Niños y Familias de la Oficina de Salud y Servicios Públicos, del que depende la ORR, dijo que White tiene razón en que “la HHS tiene la postura, desde hace mucho tiempo, que después de que un niño se entregue a su patrocinador, la ORR no tiene la autoridad para ir a la casa del patrocinador y llevarse al niño”. Sin embargo, continuó, “ese no es el problema aquí”.

“Si el gobierno ha separado a un padre y un hijo y ha colocado al niño con otra persona, seguramente es correcto que el gobierno le diga a los padres dónde está su hijo”, dijo.

En respuesta a nuestra petición de que comentara esta cuestión, un portavoz de HHS puso a disposición de Yahoo News las notas que White había preparado para la audiencia del jueves, las cuales se centraban principalmente en el estado actual del Programa de niños extranjeros no acompañados y en el proceso desarrollado el verano pasado para reunificar a niños separados y padres amparándose en el fallo judicial del 26 de junio.

No está claro qué tipo de relación, si existía, tenía Patricia con su tía antes de ser enviada a vivir con ella en julio, pero Turner dijo que Patricia aún seguía angustiada por el hecho de haber sido separada de su madre, quien, según supo después, estaba presa en un centro de detención de Texas.

“El equipo de KIND trabajó con Patricia para ayudarla a inscribirse en la escuela y tener acceso a servicios sociales básicos, pero fue difícil comenzar a trabajar en el caso migratorio de Patricia al estar ella transitando un estado emocional de angustia y desesperación por reunirse con su madre”, dijo Turner, quien señaló que su equipo estaba en contacto permanente con un abogado de Texas “que ha trabajado sin descanso para conseguir la liberación de la madre de Patricia”.

Aunque dijo que “no les dieron una razón particular para que se retrasara su liberación”, funcionarios del gobierno “indicaron en varios momentos que sentían que la obligación de reunificar a los niños con sus familiares ya se había cumplido con la reunificación con la familia ampliada de Patricia”.

“No parece importar… que el niño haya sido reunificado con alguien apenas conocido o a quien ni siquiera conoce mientras que el padre o la madre languidecen en un Centro de Internamiento de Inmigrantes situado a cientos de kilómetros”, dijo Turner.

Dunia, una buscadora de asilo proveniente de Honduras, se reúne con su hijo Wilman de cinco años en Brownsville, Texas (Foto: Loren Elliott/Reuters).
Dunia, una buscadora de asilo proveniente de Honduras, se reúne con su hijo Wilman de cinco años en Brownsville, Texas (Foto: Loren Elliott/Reuters).

Finalmente, justo después de Año Nuevo, la madre de Patricia fue puesta en libertad y voló directamente a California para lo que Turner describió como “un emotivo reencuentro con Patricia”.

Aun así, una cifra desconocida de niños y padres esperan su propio reencuentro. Algunos de los padres ya han sido deportados a sus países de origen mientras sus hijos se quedan con sus familiares en Estados Unidos. Turner dijo que es muy difícil rastrear el paradero de los padres una vez han sido deportados. Hay quienes huyeron por miedo a la violencia de una banda y entonces se esconden al regresar a su casa.

Para esas familias y para otras que escapaban de amenazas de muerte, continuar con la separación podría ser la mejor opción, dijo Taylor Levy, coordinador legal de Annunciation House, un refugio para inmigrantes situado en El Paso, Texas. Esos padres “tomaron la increíblemente difícil decisión de ser deportados y que su hijo se quedara con su patrocinador. Querían salvar la vida de sus hijos”.

Annunciation House fue una de las organizaciones no gubernamentales que ofreció refugio y apoyo a cientos de familias separadas previamente después de ser reunificadas conforme a los plazos impuestos por el tribunal este verano. Levy dijo que la revelación de que posiblemente haya miles de familias más separadas de las que se contaron inicialmente, no fue una sorpresa para mucha gente sobre el terreno”. Actualmente, dijo, “recibo unas dos llamadas a la semana sobre separaciones en la zona del El Paso”.

Levy dijo que es conocedora de que “muchos padres están sufriendo períodos ridículamente largos de separación porque sus hijos fueron liberados de la custodia de la ORR antes del 26 de junio de 2018”, incluidos varios que ella misma dijo “permanecen detenidos ocho meses después o más, algunos más de un año, y continúan luchando por sus casos”.

“Es completamente insostenible decir que la reunificación sería demasiado traumática para los padres y los hijos”, le dijo a Yahoo News Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos para los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal de la demanda judicial por separación.

El 21 de febrero, Gelernt y sus colegas volverán a la sala de audiencias del juez Sabraw en el Sur de California. Aunque el objetivo será reunificar a tantos padres e hijos como sea posible, Gelernt es consciente de que habrá casos en los que el padre decida eso porque ha sido deportado o por otra razón, que su hijo estará mejor con el patrocinador y se quedará en ese lugar.

De cualquier manera, sostuvo, no se pueden tomar las decisiones correctas a menos que se tenga en cuenta a todo el mundo.

“Que el gobierno diga que no vale la pena el esfuerzo de rastrear el paradero de las familias… nos parece totalmente vacío”, dijo.

Caitlin Dickson