Sebastián Piñera, complicado: presentan en el Congreso una acusación para destituirlo por las revelaciones de los Pandora Papers

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Sebastián Piñera, en el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, ayer, al declarar el estado de emergencia en el sur del país
JAVIER SALVO

SANTIAGO.- Luego de varios días de arduas negociaciones y en medio de un escenario condicionado por las próximas elecciones presidenciales, la oposición presentó una acusación constitucional contra el presidente chileno Sebastián Piñera que podría terminar en su destitución. La acción es consecuencia directa de la publicación de los Pandora Papers que lo vinculó con la compraventa del proyecto minero Dominga y movimientos financieros realizados en paraísos fiscales.

Un grupo de parlamentarios de todos los partidos opositores al jefe de Estado llegó al Congreso Nacional para formalizar el ingreso del recurso que responsabiliza a Piñera y en el que se le acusa de “faltar gravemente a la probidad como establece el artículo octavo de la Constitución y por poner en tela de juicio el honor de la nación”.

En el documento de 99 páginas, además, los legisladores especificaron los fundamentos de los cargos contra el gobernante por “conducta reiterada y negligente”.

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“No solo va en contra del principio de probidad definido constitucional y legalmente, sino que, adicionalmente, su infracción acarrea la vulneración al artículo 19 número 8 de la Constitución, que en su sentido amplio es un mandato irrestricto a respetar el medio ambiente”, rezó el texto, que incluyó otras premisas.

“La deslegitimación del ejercicio del poder del Presidente de la República producto de sus actuaciones que confunden los intereses personales con los intereses del país, afecta y daña de manera muy significativa la seguridad interna y externa de Chile”, se leyó.

Tras la presentación del documento, se realizó el sorteo para establecer a los parlamentarios que integrarán la comisión revisora del documento y se determinó que serán dos oficialistas y tres opositores quienes analizarán el escrito, lo que obviamente causó decepción en las huestes contrarias a Piñera.

Los elegidos fueron Raúl Florcita Alarcón (independiente), Maya Fernández (Partido Socialista), Pepe Auth (independiente), Paulina Núñez (Renovación Nacional) y Virginia Troncoso (independiente). Tras estas designaciones hay tres días de plazo para que el secretario general de la Cámara notifique al presidente, quien inmediatamente quedará con arraigo nacional y sólo puede salir del país con autorización de la corporación.

El proceso

De avanzar la acusación, la Cámara de Diputados -con mayoría de la oposición- deberá decidir si aprueba o rechaza el recurso. En dicha instancia requiere de 78 votos a favor para que sea aprobado y luego pasaría al Senado, donde se necesita el el sufragio favorable de dos tercios de los parlamentarios para que el juicio político contra Piñera se haga efectivo. De hecho, incluso podría ser votado en la Cámara Baja el viernes 5 o lunes 8 de noviembre, y de esa manera podría ser resuelta antes de las elecciones del 21 de noviembre por el Senado.

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“Tenemos la convicción de que en la Cámara de diputadas y diputados se va a aprobar. Hay un respaldo transversal de la oposición y, además, existen algunos parlamentarios de derecha que están dispuestos a revisarla”, dijo Claudia Mix, diputada del partido Comunes.

“Creemos que la gravedad de los hechos conocidos es de tal magnitud que ningún órgano del Estado puede quedar en la inercia y no se puede quedar sin actuar. El Ministerio Público hizo lo propio, y nosotros como ente fiscalizador, tenemos la obligación política y moral de llevar adelante la Acusación Constitucional, para que se persigan no solo responsabilidades penales, sino también políticas y éticas como conductor de este gobierno”, manifestó Raúl Soto, jefe de la bancada del Partido por la Democracia, uno de los históricos conglomerados de la centroizquierda.

La acusación va en un carril paralelo a la investigación de oficio que anunció la semana pasada la Fiscalía Nacional, y que tiene relación con los antecedentes dados a conocer en el marco de los Pandora Papers, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno.

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