Señalan anomalías en proceso de funcionario acusado de homicidio

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CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- Los hijos del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, José Manuel "N", bajo proceso penal por el presunto delito de homicidio, denunciaron irregularidades en el proceso y aseguraron que su padre es víctima de una injusticia.

En una carta abierta, José Manuel, Oscar y María del Río, señalaron al Juez de Control del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, Francisco Reyes Contreras, de cometer diversas contradicciones y de haber vinculado a proceso a su padre sin una sola prueba.

Incluso dijeron que el "desaseado" proceso en contra de su familiar sólo demuestra que se trata de una venganza política, por lo que llamaron dejar atrás la política, los caprichos y odios personales "propio solo de tiranías".

Tras una larga explicación de presuntos hechos sospechosos, afirmaron que "José Manuel del Río Virgen es víctima de una evidente injusticia", pues - acusaron- no existe ningún hecho, prueba o testimonio de persona alguna que lo vincule con los hechos.

Demandaron al Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz actuar con apego a la legalidad y aclararon que no buscan un trato especial para Juan Manuel del Río Virgen, sino justicia.

"Lo que denunciamos es que este es un acto de injusticia que se suman a los cientos que ocurren en el estado de Veracruz", acusaron.

Y llamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos resuelva con inmediatez el caso que atrajo de la gente cercana al senador morenista Ricardo Monreal.

A José Manuel "N" se le señala de la autoría intelectual del homicidio del candidato a presidente municipal de Cazones de Herrera por el partido Movimiento Ciudadano, Remigio Tovar Tovar, asesinado el pasado 4 de junio.

La detención de José Manuel "N" arreció la confrontación entre el Gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez y el senador Monreal, éste último quien llevaba una fuerte campaña para liberar a seis jóvenes detenidos por el presunto delito de ultrajes a la autoridad.

El parlamentario además ha demandado la derogación de dicho delito, creado por mayoría morenista en el Congreso del Estado, al considerarlo inconstitucional; en tanto el mandatario lo ha acusado de defender a delincuentes.

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