SCJN invalida Artículo de Código Penal de Aguascalientes sobre arraigo

México, 25 Feb. (Notimex).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un artículo del Código Penal de Aguascalientes sobre el arraigo, por ser inconstitucional, pero se negó a invalidar otro artículo que permite utilizar esa figura, contraria a los derechos humanos.

Ello, luego de que seis ministros abordaron el tema de la extensión de la primera declaratoria de invalidez que se hizo respecto a la demanda de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra las normas que permiten el arraigo en esa entidad.

En Aguascalientes se aprobó un código penal procesal que incluía el Artículo 291 que permitía a las autoridades recurrir al arraigo, por lo que la CNDH impugnó dicha norma mediante una acción de inconstitucionalidad, donde la Corte le dio la razón.

Sin embargo, antes, por medio de una reforma, los poderes de Aguascalientes aprobaron un nuevo código donde se permite en su Artículo 129, el arraigo en términos casi idénticos al artículo anterior.

Esta última norma, no fue declarada inválida por la Suprema Corte, ya que la CNDH no la incluyó en su acción de inconstitucionalidad, ni derivaba de la anterior, argumentaron los seis ministros que impusieron su mayoría.

La comisión defensora no incluyó dicha norma, dado que cuando presentó su recurso aún no se aprobaba la reforma, pero en todo caso para lograr su invalidez, tendría que presentar una nueva acción de inconstitucionalidad, ahora contra el nuevo artículo.

Para evitar estos procedimientos, los ministros Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar, Olga Sánchez Cordero y el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, promovieron que la declaración de inconstitucionalidad de la primera norma se hiciera extensiva a la segunda.

El ministro Zaldívar consideró que sería absurdo entrar en una especie de carrera, pues mientras la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad de una norma general, el gobierno expide otra en los mismos términos.

Cualquier disposición que establezca la figura de arraigo a nivel estatal debería invalidarse como consecuencia de esta acción de inconstitucionalidad, expresó el ministro, sin embargo se impuso la mayoría de los tecnicismos y las formalidades.

Por mayoría de siete votos a favor y tres en contra, los ministros determinaron que la invalidez de dicha norma adquiere efectos generales retroactivos por tratarse de una disposición general emitida por el Congreso local.

Sin embargo, corresponderá a cada juzgador determinar qué pruebas carecen de valor probatorio por encontrarse directa o indirectamente vinculadas al arraigo, indicaron.

De esta forma, establecieron, el valor probatorio de las pruebas involucradas no se pierde en automático con la declaratoria de invalidez de la norma.

NTX/GAS/MGC