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Santos restituye en su cargo al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció este miércoles que restituye como alcalde de Bogotá a Gustavo Petro, un economista y exguerillero de izquierda destituido en marzo, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que se le reintegrara en su cargo. "Las leyes, los jueces, me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente", dijo Santos a la prensa. El presidente señaló que su decreto se ajusta al cumplimiento de una decisión adoptada el martes por un tribunal ordinario. "Esta decisión es simplemente el cumplimiento de la ley, no tengo alternativa, a algunos les puede gustar y a otros no", explicó Santos. Según la medida del Tribunal Superior de Bogotá, cuando Santos ordenó la destitución de Petro, que fue interpuesta por la Procuraduría, desconoció medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Procuraduría, un órgano encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos en Colombia, destituyó e inhabilitó por 15 años a Petro en diciembre, acusándolo de haber actuado con dolo cuando reformó el sistema de recolección de basura de la ciudad, que pasó de manos privadas a públicas. Esta transición se dio en medio de problemas de implementación y generó la acumulación de basura durante varios días en las calles de Bogotá. Petro, de 53 años de edad y que también ha sido parlamentario y constituyente, fue electo para gobernar a Bogotá en el periodo 2012-2016. -"Lucha política"- "Lo están juzgando por un acto que no es de corrupción. Hay una lucha política de un sector de empresarios que tenía capturado el negocio", dijo a la AFP el abogado Luis Eduardo Parra, que forma parte de la defensa de Petro. Sin embargo, tras su destitución, el alcalde señaló que hubo un trasfondo más profundo, y calificó la decisión como "un golpe de Estado contra el gobierno progresista de Bogotá". La guerrilla comunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que negocia con el gobierno de Santos un fin al conflicto armado, rechazó la medida contra Petro y sostuvo que es "una lección a los alzados en armas sobre lo que significa la democracia para la oligarquía y sobre las nulas garantías para ejercer la política". Para Marcela Prieto, directora del Instituto de Ciencia Política, Bogotá tuvo una situación de gravedad y la sanción no fue algo arbitrario porque hubo dolo."Desde que existe la Procuraduría, en 1991, se ha destituido a casi 2.000 funcionarios electos popularmente", dijo a la AFP Prieto, quien señaló que pese a que el Procurador Alejandro Ordóñez es una persona, que "en su fuero interno es conservador", no hay un cariz político derivado de que Petro, la principal figura de la izquierda en Colombia, sea un exguerrillero.Bogotá, una ciudad de más de 7 millones de habitantes, ha vivido el proceso contra Petro con gran incertidumbre y en los meses de diciembre y enero hubo masivas manifestaciones callejeras en rechazo a su destitución.En poco más de cuatro meses, las decisiones judiciales se han sucedido una tras otra de manera a veces contradictoria, y la ciudad ha tenido ya tres gobernantes.Tras recibir esta sanción administrativa el 9 de diciembre, Petro acudió ante varias instancias judiciales, incluyendo la CIDH. Sin embargo, el 18 de marzo la sanción fue ratificada por el Consejo de Estado y ese mismo día, pero horas más tarde, la CIDH ordenó las medidas cautelares a su favor, que no fueron acogidas por el Ejecutivo que finalmente el 20 de marzo lo destituyó.Sin embargo, la decisión favorable a Petro adoptada el martes por otra corte, puede ser apelada."La impugnación contra toda decisión de juez de primera instancia es una acción que está establecida en la ley, que la pueden ejercer los interesados, la Procuraduría y la Presidencia", señaló este miércoles a la prensa Iván Acuña, miembro de la defensa del exalcalde tras conocer la decisión del presidente.Otro proceso paralelo, que pide la nulidad de la sanción emitida por la Procuraduría en diciembre contra Petro, está también en curso ante el Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo de Colombia.Si la restitución de Petro en la alcaldía queda en firme, éste será sometido a un referéndum revocatorio que había sido solicitado antes de que comenzara el proceso para su destitución.