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Santos restituye en su cargo al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un economista y exguerrillero de izquierda que había sido destituido en marzo, fue restituido en su cargo este miércoles por el presidente Juan Manuel Santos en cumplimiento de una orden judicial y en una decisión celebrada por cientos de ciudadanos. Luego de que Santos anunciara que firmó el decreto de restitución del alcalde de Bogotá, centenas de seguidores de Petro se reunieron en la céntrica plaza de Bolívar para celebrar y acompañarle en su reinstalación en la sede del gobierno local. Petro, que caminó junto a la gente, entró al Palacio de Liévano, sede de la alcaldía, y fue recibido allí -entre aplausos, vítores y una lluvia de papelillos- por decenas de funcionarios. Cuando Santos anunció la restitución de Petro dijo que lo hacía en cumplimiento de una decisión adoptada el martes por un tribunal ordinario. "Las leyes, los jueces, me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente", dijo. "Esta decisión es simplemente el cumplimiento de la ley, no tengo alternativa, a algunos les puede gustar y a otros no", explicó Santos. Según la medida del Tribunal Superior de Bogotá, cuando Santos ordenó la destitución de Petro, que fue interpuesta por la Procuraduría, desconoció medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH valoró así este miércoles "muy altamente" la restitución de Petro en su cargo y el "cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado" colombiano. La Procuraduría, un órgano encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos en Colombia, destituyó e inhabilitó por 15 años a Petro el 9 de diciembre, acusándolo de haber actuado con dolo cuando reformó el sistema de recolección de basura de la ciudad, que pasó de manos privadas a públicas. Esta transición tuvo dificultades para implementarse y generó la acumulación de basura durante varios días en las calles de Bogotá en diciembre de 2012. Justamente, este miércoles la estatal Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de la protección de los consumidores, hizo pública una resolución contra el alcalde y nueve personas más por "limitar la libre competencia en (...) el nuevo esquema de recolección de basuras", según el comunicado de prensa de la entidad.La sanción ordena al alcalde pagar 410 millones de pesos ?unos 200 mil dólares- por estas "prácticas violatorias", de acuerdo con la resolución.- "Petro se queda"-El lema "Petro se queda" fue coreado en la celebración de este miércoles en las calles de Bogotá."Hoy estoy lleno de júbilo, convencido de que por fin se hizo justicia", dijo a la AFP Alberto Jiménez Rangel, un dibujante de 57 años, mientras celebraba.Silbatos y pancartas que destacaban la labor de Petro acompañaron al alcalde mientras caminó entre los manifestantes, de la mano de su esposa.Aunque los jubilosos seguidores esperaban en la plaza sus declaraciones desde el balcón de la alcaldía -como en tantas otras ocasiones-, Petro optó esta vez por una rueda de prensa."Considero que lo que sucedió fue un error y ha sido reparado por orden de un juez", aseguró.La decisión judicial que favoreció este martes a Petro será sin embargo impugnada el jueves, según anunció el procurador Alejandro Ordóñez.Ante la posibilidad de que la impugnación le sea adversa, Petro, de 54 años y quien fue electo para el período 2012-2016, dijo que eso no le afectaría porque "las medidas cautelares siguen vigentes".- "Lucha política" -"Lo están juzgando por un acto que no es de corrupción. Hay una lucha política de un sector de empresarios que tenía capturado el negocio" de la basura, dijo a la AFP el abogado Luis Eduardo Parra, de la defensa de Petro.Sin embargo, el alcalde señaló que con su destitución, que calificó como "un golpe de Estado contra el gobierno progresista de Bogotá", hubo una intención más profunda.La guerrilla comunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que negocia con el gobierno de Santos un fin al conflicto armado, había rechazado la medida contra Petro diciendo que constituía "una lección a los alzados en armas sobre lo que significa la democracia para la oligarquía y sobre las nulas garantías para ejercer la política".Para Marcela Prieto, directora del Instituto de Ciencia Política, Bogotá tuvo una situación de gravedad -provocada por la acumulación de basura en las calles cuando se produjo el cambio de sistema de recolección- y la sanción no fue algo arbitrario."Desde que existe la Procuraduría, en 1991, se ha destituido a casi 2.000 funcionarios electos popularmente", dijo a la AFP Prieto.Bogotá, una ciudad de más de 7 millones de habitantes, ha vivido el proceso contra Petro con incertidumbre y en los meses de diciembre y enero hubo masivas manifestaciones callejeras en rechazo a su destitución.En poco más de cuatro meses, las decisiones judiciales se han sucedido una tras otra de manera a veces contradictoria, y la ciudad ha tenido además de Petro como gobernantes a María Mercedes Maldonado y Rafael Pardo.Cuando recibió la sanción administrativa de la Procuraduría, Petro acudió ante varias instancias judiciales, incluyendo la CIDH. Sin embargo, el 18 de marzo la sanción fue ratificada por el Consejo de Estado y pese a que ese mismo día la CIDH ordenó las medidas cautelares a su favor, estas no fueron acogidas por el Ejecutivo que finalmente lo destituyó.Otro proceso paralelo, que pide la nulidad de la sanción emitida por la Procuraduría en diciembre contra Petro, está también en curso ante el Consejo de Estado, máximo tribunal administrativo de Colombia.Si la restitución de Petro en la alcaldía queda en firme, éste será sometido a un referéndum revocatorio que había sido solicitado antes de que comenzara el proceso para su destitución.