Santa Fe: un fallo le quitaría los fueros parlamentarios a un senador del PJ acusado de corrupción

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El senador Armando Traferri fue acusado por un fiscal -que aceptó cobrar coimas- de ser el intermediario entre un empresario del juego clandestino y la Justicia para el pago de sobornos
Marcelo Manera

La saga que tiene como protagonista al senador provincial del PJ Armando Traferri, sospechado de integrar una red de juego clandestino, hizo eclosionar una fuerte disputa en Santa fe entre el poder político, con su enclave principal en la Legislatura, y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación que pretenden investigar los nexos con la corrupción, la mafia y el narcotráfico.

La tensión se hizo más palpable, luego de que el juez de la Cámara de Apelaciones José Luis Mascali fallara a favor de la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe, que a contramano de la Carta Magna nacional impide investigar e imputar a un legislador por la protección de los fueros parlamentarios.

Mascali falló a favor del planteo que realizaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que pretenden imputar a Traferri por formar parte de un engranaje clave de una organización criminal que se dedica al juego clandestino, que lidera el empresario Leonardo Peiti, actualmente con prisión domiciliaria, con vinculación con la banda de Los Monos, y de la que formaban parte los exfiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, también detenidos.

Schiappa Pietra y Matías Edery no podían imputar a Traferri, porque el 18 de diciembre pasado el Senado de Santa Fe rechazó retirarle los fueros parlamentarios al legislador acusado. Consideraron que las pruebas no eran suficientes. En esa votación 12 legisladores radicales y peronistas, alineados con Traferri, denostaron el planteo de los investigadores. Cuatro senadores oficialistas, cercanos al gobernador Omar Perotti respaldaron a los fiscales, lo que dejó al descubierto las tensiones y diferencias dentro del peronismo santafesino.

El senador Armando Traferri fue acusado por un fiscal -que aceptó cobrar coimas- de ser el intermediario entre un empresario del juego clandestino y la Justicia para el pago de sobornos
Marcelo Manera


El senador Armando Traferri fue acusado por un fiscal -que aceptó cobrar coimas- de ser el intermediario entre un empresario del juego clandestino y la Justicia para el pago de sobornos (Marcelo Manera/)

Tras el fallo del juez Mascali, que deja vía libre a los investigadores para que avancen contra el senador del PJ, la defensa de Traferri salió a lanzar duras críticas contra la decisión del magistrado. El abogado del senador José Luis Vázquez usó los términos “fantochada”, “descalabro” y “estupor” para definir el cuadro judicial.

El letrado adelantó que le aconsejará al legislador acusado que no se presente a declarar cuando sea citado por los fiscales que lo investigan. Esa decisión tomó la defensa de Traferri cuando le recomendó no presentarse a la audiencia en la que se iba a tratar el pedido de inconstitucionalidad presentado por Schiappa Pietra y Edery.

En ese momento, a principios de junio, Traferri se sacó una foto inaugurando una oficina de la Fiscalía en la localidad de Roldán, junto al el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Roberto Falistocco, la jefa de los fiscales de Rosario, María Eugenia Iribarren y el fiscal General, Jorge Baclini. La imagen de un legislador acusado de tener vínculos con el delito junto a la plana mayor del Poder Judicial lo daba como ganador de la pulseada, se interpretó desde su entorno. Pero esa lucubración falló, tras la decisión del juez que le dio la razón a los fiscales y ahora deberá ser sometido a una audiencia imputativa.

En diálogo con LA NACION, Schiappa Pietra anunció que ya pidió que se defina una fecha para una audiencia judicial para imputar a Traferri. “Consideramos que hay elementos muy contundentes para acusar al senador”, apuntó el funcionario del Ministerio Publico de la Acusación.

Traferri está sospechado de ser el articulador de las complicidades dentro de la Fiscalía de Rosario para proteger las actividades ilícitas del empresario Leonardo Peiti, que manejaba el juego clandestino y habría pagado grandes sumas de dinero a la banda de Los Monos que lo extorsionaba. Los fiscales Ponce Asahad y Serjal eran los que daban garantías a nivel institucional de esa protección a cambio de sobornos que recibían.

El senador peronista aseguró que detrás de esta investigación estuvo la mano de Marcelo Saín, el exministro de Seguridad de Santa Fe, que la semana pasada intentó ser suspendido por la Legislatura de Santa Fe de su cargo de director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público. Tras dejar el puesto de ministro Saín retornó a su anterior función, donde había pedido licencia.

Saín logró una victoria judicial esta semana, luego de que una jueza admitiera un recurso de amparo que presentó para evitar ser suspendido. El planeo del extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue avalado por la Fiscalía de Estado. La oposición anunció este lunes que iniciará juicio político contra el fiscal de Estado Rubén Weder.

El exministro de Seguridad, que fue protagonista de reiterados escándalos por las redes sociales que lo llevaron a renunciar, adujo en su momento que las estrategias para correrlo tienen que ver con los esquemas mafiosos que dominaron Santa Fe desde hace tiempo.

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Del otro lado, señalan que el exfuncionario armó una estructura de inteligencia para perseguir opositores. Uno de los que objeta a Saín a nivel interno en el Ministerio Público es el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti, que ordenó el lunes allanar el Ministerio de Seguridad ante la sospecha de irregularidades en dos licitaciones para la compra de armas y de motos que encabezó Sain y que están cuestionadas ante la Justicia.

Otro capítulo paralelo en este conflicto se dio también esta semana luego de que la Corte Suprema, con voto dividido, avalara la ley que impulsó Traferri de que sea la Legislatura la que evalúe e investigue el desempeño de los fiscales.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios de Rosario alertó que la Legislatura se intenta “disciplinar” a los integrantes del MPA. Los fiscales hablan de una “lógica signada por el cinismo, moldeada en la más voraz realpolitik, y orientada hacia el aseguramiento de la impunidad de ciertos sectores de la sociedad de la provincia”.

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