Cámara ordena suspender despidos de jueces salvadoreños

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SAN SALVADOR (AP) — La Cámara de Familia de la Sección de Oriente, con sede en la ciudad de San Miguel, al este de El Salvador, ordenó el jueves a la Corte Suprema de Justicia no aplicar un decreto que habilita el despido o traslado de algunos jueces y magistrados como una medida cautelar ante la demanda presentada por varias autoridades.

La noche del 31 de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que facilita que la Corte despida a los jueces mayores de 60 años —o con más de 30 años de servicio— o que los traslade para que su trabajo cambie de sede. Estos cambios, aprobados con los votos del partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, que controla el Congreso Unicameral, fueron criticadas por diputados opositores. También recibió el rechazo de jueces, gremiales de abogados y organizaciones de la sociedad civil.

La medida cautelar anunciada el jueves para frenar esta situación también ordena a la Corte Suprema, a la Asamblea Legislativa y al presidente Bukele “abstenerse de realizar actos que contravengan los derechos humanos tanto de los demandantes como de las personas adultas mayores, que ostenten el cargo de jueces y magistrados” . Según este fallo, los jueces y magistrados afectados por el decreto “deben continuar en sus cargos hasta que haya pronunciamiento definitivo del tribunal y la Corte Suprema debe suspender los despidos programados después del 24 de septiembre, cuando vencía el plazo anunciado para que los jueces o magistrados renuncien voluntariamente.

Más temprano, el juez Jorge Alberto Guzmán Arquilla, que reabrió la investigación de la matanza de campesinos conocida como la masacre de El Mozote, en El Salvador, anunció en una carta a la Corte Suprema que cesaría en sus funciones a menos que se suspendieran los efectos de la reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

El juez afirma que el decreto legislativo con el que esperan remover a más de 260 jueces y magistrados es inconstitucional.

La Corte Suprema había pedido a los jueces y magistrados afectados por la medida que renunciaran voluntariamente para poder gozar de una bonificación equivalente a 24 meses del último salario devengado y advertía que, de no hacerlo, quedarán cesados de pleno derecho.

En marzo de 2016, 36 años después de una de las más grandes matanza cometidas en América Latina, luego de que la Corte Suprema de Justicia derogara la Ley de Amnistía que impidió que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra (1980-1992) fueran investigados, el juez Guzmán Urquilla reabrió el caso de El Mozote y ordenó a los altos mandos de la fuerza armada de El Salvador durante la guerra civil que se presentarán al tribunal para responder por lo ocurrido.

“No cabe duda de que las víctimas, quienes son el centro del proceso El Mozote y sitios aledaños, verán como tantas veces dilatado su peregrinar a la justicia, sin embargo, se trata de una lucha tan importante como su caso: el respeto absoluto e inexplicable a la Constitución del país. Si no se respeta la Constitución, no hay nada más que respetar”, dijo el juez.

La masacre se registró entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 en El Mozote y lugares aledaños, a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña, durante una operación del ahora extinto batallón, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos. Los soldados entraron a la zona Atlácatl en busca de guerrilleros, pero mataron a casi un millar de campesinos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños.

Un informe de la Comisión e la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 responsabilizó de la matanza al coronel Domingo Monterrosa, al coronel Arman do Admitía y a otros seis oficiales que no fueron juzgados por la vigencia de la Ley General de Amnistía promovida por el entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

Nadie ha sido condenado por el proceso, pero el juez Guzmán Urquilla está procesando a un grupo de militares retirados que en su momento ocuparon puestos de dirección durante la guerra civil que concluyó con los acuerdos de paz en 1992.

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