El Salvador: periodistas y ONG rechazan reformas penales

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SAN SALVADOR (AP) — La Asociación de Periodistas de El Salvador y una organización no gubernamental solicitaron el martes a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional unas reformas penales aprobadas en la legislatura en medio de la ofensiva del gobierno contra las pandillas, por considerar que “violentan el derecho a la libertad de información” de los ciudadanos.

Esas reformas al Código Penal prohíben reproducir o transmitir mensajes o comunicados de las pandillas o maras que puedan generar ansiedad o pánico entre la población, según sus impulsores.

La jefa de la unidad anticorrupción de la Fundación Cristosal, Ruth Eleonora López, autora de la demanda, explicó que las reformas fueron avaladas mediante procedimientos “indebidos” y que vulneran la Constitución del país centroamericano. Argumentó que prohíben de manera expresa a los medios la reproducción o transmisión de mensajes o comunicados elaborados por esos grupos y “violentan” el derecho de la población de estar informada.

El presidente del gremio periodístico, César Fagoaga, aseguró que debido la situación generada tras la puesta en vigor de las nuevas normas penales cuatro periodistas, que por motivos de seguridad se negó a identificar, han salido del país “por recibir amenazas y el temor que provoca ésto”.

Sostuvo que acuden a las máximas instancias judiciales, al considerar que lo que busca supuestamente el gobierno con sus medidas "es hacernos ver que los periodistas somos enemigos o estamos aliados a las pandillas, lo cual es totalmente falso, pero que está calando en muchas personas y evidentemente hay un riesgo latente que haya detenciones arbitrarias”. Las autoridades salvadoreñas no formularon de momento ningún comentario sobre la petición de los periodistas y la ONG.

Después de registrar 62 homicidios el 26 de marzo, un nivel de criminalidad que no se había visto en años en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como a la asistencia de un abogado. También se declaró penalmente ilícitas las maras o pandillas y sus miembros pueden ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión.

También se reformó el Código Penal para sancionar con penas de 10 a 15 años de cárcel a cualquier persona o medio de comunicación que reproduzca y transmita mensajes originados por las pandillas. No se aclara, sin embargo, quién determinará si un contenido debe ser penalizado o quién estará a cargo de detectar un mensaje que infrinja la ley.

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