El Salvador: observatorio denuncia ataques, espionaje y descrédito contra la prensa

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© José Cabezas / Reuters

Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de El Salvador denuncia ataques, espionaje y el descrédito contra los periodistas y medios de comunicación, lo que viola la libertad de prensa. El reporte también señala escaso o nulo acceso de la población a la información pública, lo que impide acceder a datos para “dimensionar la realidad en la que vive".

Un ambiente hostil enfrenta la labor periodística en El Salvador. Así lo denuncia el informe Libertad de prensa y acceso a la información pública, elaborado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).

Una indagación del grupo identificó que los periodistas y medios de comunicación que cuestionan de manera crítica la gestión gubernamental fueron blanco de decenas de ataques, intimidación, casos de espionaje y desacreditación a lo largo del 2021.

Es una situación que pone en riesgo los derechos fundamentales en un sistema democrático. En este caso, funcionarios del Gobierno del presidente Nayib Bukele y el propio Ejecutivo son acusados de cometer la mayoría de este tipo de agresiones, según destaca el documento publicado el martes 26 de julio.

El ataque a los reporteros "ha sido una constante durante el periodo de estudio (…) Esta amalgama de sucesos permite evidenciar que existen graves afectaciones a la libertad de prensa", resalta el estudio.

Y es que desde que Bukele llegó a la Presidencia, en 2019, y hasta los casos que fueron documentados en 2021, se han registrado 421 agresiones contra el gremio periodístico, de acuerdo con datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

Son situaciones que han ido en aumento. A lo largo de 2019, se documentaron 77 casos de agresiones a periodistas, en 2020 se contabilizaron 125 vulneraciones y en el 2021 el número de casos ascendió a 219. Se trata de un repunte de 184%.

La investigadora Carla Quinteros aseguró que El Salvador se encuentra en una "fase crítica", debido a que existe una "criminalización y persecución" al trabajo de la prensa a través de "discursos de odio y estigmas". La agresión también trasciende mediante ataques digitales que provienen principalmente de un "aparato gubernamental", apuntó la experta.

“Una democracia enferma”: la población tiene escaso acceso a la información

Los ataques no solo están dirigidos a coartar la libertad de prensa, sino también a bloquear el acceso a la información por parte de los habitantes, de acuerdo con el reporte.

El informe de la OUDH resalta que existe un escaso o nulo acceso a la información pública que afecta directamente a los ciudadanos, por lo que “no pueden acceder a datos o estadísticas que permitan dimensionar la realidad en la que viven”, resaltó Quinteros.

"No hay acceso a la información, por ende los periodistas no pueden generar notas periodísticas o de investigación y la población no está realmente consciente de lo que está sucediendo en el país y no pueden ejercer su derecho a informarse", agregó.

Ante este panorama, los salvadoreños viven en medio de una democracia que “está enferma”, describió el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano.

"Sencillamente, sin información no hay participación ciudadana efectiva (...) El acceso a la información pública también permite examinar las acciones del Gobierno y constituye una base necesaria para el debate", explicó el funcionario.

De temer a las pandillas a temer a la Policía

En los últimos años, el popular mandatario Nayib Bukele ha recibido fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos por su viraje autoritario.

Si bien sus populares apuestas en materia de seguridad y economía como la adopción del bitcoin como moneda de pago y la “guerra” frontal contra las pandillas, un flagelo que ha afectado a la nación por décadas, llevaron al mandatario a ubicarse en un índice de aprobación que rondó el 80% el pasado enero, sus medidas también dejan víctimas colaterales.

El martes, cientos de familiares de arrestados durante el régimen de excepción que impuso su Administración desde finales de marzo tras una escalada de homicidios exigieron la liberación de “inocentes detenidos arbitrariamente”.

Algunos ciudadanos, que protestaron frente a la sede de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Asamblea Legislativa, aseguraron que pasaron de temer a las pandillas a la Policía, pues señalan excesos.

"Nos sentimos atemorizados", afirmó Karen Gálvez, quien vive en el extranjero y regresó al país tras la detención de su hermano, y narró que fue interrogada por algunos oficiales por sus ingresos al país, sus tatuajes artísticos y por portar dos teléfonos.

Las autoridades de El Salvador han detenido a más de 46.600 personas, a las que acusan de ser pandilleros. Hasta inicios de este mes de julio, más de 38.000 permanecían en la etapa de instrucción de procesos penales.

No obstante, algunos activistas aseguran que entre los arrestados se encuentran personas inocentes.

Con EFE y medios locales

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