Salvó a 31 personas en el mar, luego fue condenado a 142 años de prisión

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Cientos de migrantes se reúnen junto al paso fronterizo de Pazarkule en la frontera entre Turquía y Grecia, cerca de Edirne, en el noroeste de Turquía, el 5 de marzo de 2020. (The New York Times)
Cientos de migrantes se reúnen junto al paso fronterizo de Pazarkule en la frontera entre Turquía y Grecia, cerca de Edirne, en el noroeste de Turquía, el 5 de marzo de 2020. (The New York Times)

ATENAS, Grecia — Cuando Hanad Abdi Mohammad agarró el timón de una embarcación de contrabando que naufragaba frente a la isla egea de Lesbos en diciembre, dijo que estaba asustado pero decidido a salvarse y ayudar a las otras 33 personas que iban a bordo.

Seis meses después, Mohammad, somalí de 28 años, se encuentra en una prisión de la isla griega de Quíos tras ser condenado a 142 años de cárcel por el delito de tráfico de personas.

“Todavía tengo pesadillas sobre esa noche”, dijo Mohammad en comentarios transmitidos desde prisión por sus abogados, en los que describe la fatídica travesía desde Turquía, en la que murieron dos pasajeras. Pero afirmó que no se arrepentía. “De no haberlo hecho, habríamos muerto todos”.

The New York Times obtuvo una copia de la sentencia del tribunal penal de Lesbos, fechada el 13 de mayo, en la que se leía que Mohammad había sido condenado a un total de 142 años y 10 días de prisión por introducir migrantes de manera ilegal a Grecia. No obstante, la sentencia también dictaba que cumpliría un total de 20 años, el máximo permitido por el código penal griego.

Mohammad es uno de los varios solicitantes de asilo que en los últimos meses han sido condenados a largas penas de prisión por tráfico o facilitación del ingreso ilegal a un país, a pesar de argumentar que las personas solo buscaban seguridad, según los grupos de derechos humanos. En los últimos años, las organizaciones de defensa han identificado decenas de casos de este tipo aunque es difícil precisar un número exacto.

Según expertos jurídicos y grupos defensores de derechos, la práctica de juzgar a los migrantes por tráfico de personas comenzó en la época de la crisis migratoria de 2015-2016, cuando más de un millón de refugiados llegaron a Grecia y saturaron los recursos del país. La práctica se intensificó a medida que Grecia endureció su política migratoria en años recientes y la Unión Europea redobló la disuasión, dicen.

Grecia, por su parte, se defiende diciendo que sus tribunales son justos y que tiene la obligación de vigilar sus fronteras.

“En Grecia, como en Estados Unidos y en todo el mundo occidental, la justicia es fuerte e independiente y juzga con base en los hechos presentados durante las audiencias”, afirmó el ministro de Migración, Notis Mitarachi, en una declaración escrita cuando se le pidió que comentara sobre las condenas. “Grecia seguirá vigilando sus fronteras terrestres y marítimas, que son también las de Europa, como es su deber, dentro del respeto al derecho internacional y europeo”.

En la misma prisión de Quíos donde se encuentra Mohammad hay dos hombres afganos, de 24 y 26 años, ambos condenados a 50 años de prisión por facilitar la entrada ilegal al país por vía marítima el pasado otoño, según Lorraine Leete, del Centro Jurídico de Lesbos, que los representó. Uno de ellos hizo el viaje con su mujer embarazada y su hijo.

Asimismo, un hombre sirio de 28 años está en una prisión de Atenas tras recibir una condena de 52 años en abril después de cruzar desde Turquía con su mujer y sus tres hijos, según sus abogados, Vicky Angelidou y Vassilis Psomos.

Los abogados, que declinaron nombrar a los sentenciados por motivos de privacidad, dijeron que no había pruebas de que ellos gobernaran el timón de las embarcaciones y que solo había un testigo, un funcionario de la Guardia Costera griega.

La sentencia de Mohammad fue más severa porque dos mujeres se ahogaron en esa travesía. Sin embargo, ocho migrantes que habían estado en la embarcación declararon que el contrabandista turco que los transportaba había abandonado la embarcación y que Mohammad intentó salvarla después de que un barco de la Guardia Costera turca la obligara a entrar en aguas griegas, según sus abogados. Solo dos de los migrantes pudieron declarar ante el tribunal debido a las restricciones impuestas por el coronavirus.

“La criminalización de los migrantes como medio de disuasión ha sido una estrategia desde hace mucho tiempo”, afirmó François Crépeau, experto en derecho internacional y ex alto funcionario de las Naciones Unidas sobre los derechos de los migrantes. “El último paso es lo que hemos visto en Grecia en fechas recientes, es decir, sentencias de prisión absurdas para personas que en esencia intentan salvar sus vidas y proteger a sus familias”.

En los últimos dos años, los traficantes han ido limitando cada vez más el tiempo que pasan en las embarcaciones y abandonan a los migrantes cuando se acercan a las aguas griegas o los enseñan a llevar el timón, según Dimitris Choulis y Alexandros Georgoulis, los abogados que defienden a Mohammad y a otras personas en situaciones similares.

Alexandros Konstantinou, del Consejo Griego para los Refugiados, señaló que condenar a los refugiados por el delito de tráfico de personas formaba parte de una estrategia más amplia para disuadir la llegada de más migrantes.

Otras medidas fueron la criminalización del ingreso ilegal en 2020, aplicada a los migrantes en la frontera terrestre greco-turca —que hizo que decenas de personas recibieran penas de prisión en vez de ser trasladadas a los centros de recepción para su identificación— y la reciente decisión de Grecia de designar a Turquía como país seguro para los solicitantes de asilo. El objetivo de esta medida fue presionar a Turquía para que readmita a los migrantes que se encuentran en Grecia y dificultar su solicitud de asilo en ese país.

Una de las raíces del problema es la tensa relación de Grecia con Turquía, que a principios del año pasado dejó de implementar un acuerdo alcanzado con Bruselas en 2016 para frenar el flujo de migrantes y readmitir a los que logran cruzar a Grecia de manera ilegal que no cumplen los requisitos para recibir protección de la Unión Europea, según dicen algunos observadores.

“Es muy difícil para Grecia, pero también para la Unión Europea, cooperar con Turquía para acabar con el tráfico de personas”, mencionó Camino Mortera-Martínez, investigadora principal del Centro para la Reforma Europea en Bruselas. “Para las autoridades griegas resulta más fácil decir: ‘Tú estabas allí, timoneabas el barco y por eso se te acusa de este delito’”.

Según Gerald Knaus, artífice del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de 2016, la tendencia se produce en el contexto de un “increíble endurecimiento” de la política migratoria a nivel mundial, que incluye la “normalización” de la violencia en las fronteras, sobre todo en Hungría y Croacia, y la devolución periódica de los inmigrantes.

En el caso de Grecia, dijo, es probable que las autoridades sigan recurriendo a este tipo de medidas hasta que Turquía acepte recibir a los inmigrantes que no necesitan la protección de la Unión Europea. “A menos que la Unión Europea ponga un nuevo acuerdo sobre la mesa para Turquía, me temo que vamos a ver la continuación de la ilegalidad”, concluyó.

© 2021 The New York Times Company

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