Salud ya había usado en 2019 el fondo de enfermedades graves para comprar insumos básicos como jeringas y jarabes

Nayeli Roldán (@nayaroldan)
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La transferencia de 33 mil millones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular a la Tesorería de la Federación para comprar vacunas contra el coronavirus aprobada ayer por la Cámara de Diputados, es la segunda maniobra para ocupar los recursos de una bolsa que sólo se dedicaba a atender enfermedades graves y caras como cáncer o VIH, en los casos de pacientes sin seguridad social.

Desde 2019, la Secretaría de Salud utilizó 2 mil 108 millones de pesos de dicho Fondo para comprar ranitidina, jarabes, agujas y hasta biberones, todos insumos del nivel básico de atención, como parte de las compras consolidadas de medicamentos encabezadas por la Secretaría de Hacienda.

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Sin embargo, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que financiaba el extinto Seguro Popular servía para solventar los gastos de 66 enfermedades como cáncer, malformaciones genéticas o trasplantes, y que a la población de bajos recursos sin seguridad social les podía resultar impagables.

A través del Fondo, creado desde 2003, se concentraban los recursos para también hacerlos crecer con los rendimientos. Previsto, sobre todo, para las enfermedades catastróficas de largo plazo, es decir, los futuros enfermos.

De ahí que en 17 años de “alimentación” del Fondo, sumó una bolsa de 97 mil millones de pesos, pero la Cámara de Diputados aprobó retirarle 33 mil millones para supuestamente comprar las vacunas contra la COVID, aunque no quedó asentado así en la reforma a la Ley General de Salud.

Sobre la decisión de desaparecer el Seguro Popular en esta administración, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que pese a ello nadie se quedaría sin atención, pues se crearía el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Por ello, la Secretaría de Salud modificó los lineamientos para que el dinero ya no sólo fuera ocupado para pagar el tratamiento de enfermedades graves, sino para cualquier tipo de gasto.

Hasta el último reporte del Seguro Popular en junio de 2019, se habían ejercido 6 mil 161 millones de pesos del Fondo para Gastos Catastróficos de los 11 mil 700 millones de pesos autorizados para ese año. Esto quiere decir que del total ejercido, 34% fue para las compras consolidadas de insumos básicos.

Las compras

En una revisión de Compranet, la plataforma donde por ley deben ser publicados todos los contratos del gobierno, el Seguro Popular o nombrado formalmente como Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) fue el organismos que más aumentó sus compras entre toda la administración pública en 2019: pagó 2 mil 108 millones de pesos a través de 223 contratos de medicamentos y equipo médico.

Esto porque la Comisión no se encargaba de hacer compras de insumos, sino pago de tratamientos por paciente. Si bien el presidente ha señalado corrupción en este modelo, la decisión fue sólo disponer de los recursos para adquirir insumos para atención básica en lugar de sólo enfocarse a una especializada.

Al revisar los productos comprados en 20 contratos, y consultar a especialistas sobre su uso, se constató que también se pagaron insumos y medicamentos que corresponden a atención de primer y segundo nivel. Es decir, no son parte de requerimientos para enfermedades consideradas catastróficas.

Por ejemplo, con el Fondo de Gastos Catastróficos se compraron 290 mil guantes de exploración por 19 millones 946 mil pesos con la empresa Ambiderm S. A. de C. V.; 6 millones 609 mil pesos para jeringas con aguja en un contrato con la compañía DL Medica S. A. de C. V.

También 7 millones de pesos por 46 mil 608 envases de “faboterapico”, una solución contra la picadura de alacrán que se distribuye en su mayoría a clínicas rurales, y 4 millones 613 mil pesos para comprar cinta testigo para esterilización.

Un millón 355 mil pesos fue para la empresa Importadora y Manufacturera Bruluart, S. A. por la compra de 212 mil envases de grageas de ranitidina, usada en el tratamiento de gastritis y más 268 mil pesos por 9 mil piezas de biberones de vidrio con mamila para la empresa Surtidora Médica de Occidente.

De los jarabes de salbutamol y de difenhidramina, utilizados para tratamiento bronquial y de alergias, se gastaron 937 mil pesos y 684 mil pesos, respectivamente. O analgésicos como metamizol sódico.

Insumos básicos como éstos se deben comprar de las partidas presupuestales de los propios hospitales de acuerdo a sus necesidades de atención, por eso el Fondo servía sólo para hacer frente a aquellas enfermedades que significaban un gasto mayor en las finanzas de las unidades médicas.

Si bien entre los contratos están las compras de medicamentos de alta especialidad como Velpatasvir y Sofosbuvir para tratar la hepatitis C y por lo que se pagó 220 millones de pesos a Farmacéuticos Maypo, no hay certeza que con esta compra queden solventadas las necesidades de cada una las unidades médicas en los estados.

¿Por qué es importante el fondo de gastos catastróficos?

Por ejemplo, si una mujer sin seguridad médica era diagnosticada con cáncer de mama y estaba afiliada al Seguro Popular era canalizada a un hospital de alta especialidad para recibir tratamiento que era solventado por la unidad médica y después, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) se lo reembolsaba.

Los recursos provenían del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de la CNPSS, que se mantenía con recursos federales anuales, más los intereses que generaba.

Para funcionar tenía reglas de operación que especificaba el tratamiento de 66 tipo de enfermedades como cáncer en niños y adultos, malformaciones congénitas, cuidados intensivos de recién nacidos, enfermedades cardiovasculares e infectocontagiosas; trasplantes y alteraciones genéticas, incluidas en el catálogo de enfermedades de este fondo y que es actualizado cada periódicamente.

De acuerdo con los reglamentos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), y el Fideicomiso donde se encuentran los recursos, el organismo sólo tenía la facultad de administrar el dinero y transferirlos a las entidades de acuerdo al número de afiliados atendidos. Era un ‘gestor’, por eso nunca hacía compras.

El hospital debía reportar a la Comisión, el nombre del paciente, CURP, afiliación al seguro popular, tipo de enfermedad a tratar, días de internamiento y justificar el uso de cada tratamiento. La suma de esa atención era reembolsada por el Seguro Popular al hospital de especialidad.

Otra forma de atención para mujeres con cáncer de mamá era a través de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), quien las afiliaban al Seguro Popular, pagaba el tratamiento y después les era reembolsado, pero la semana pasada ésta informó que dejará de hacerlo toda vez que ya no hay acuerdo con el nuevo Instituto de Seguridad para el Bienestar.

Fucam informó que entre 2017 y 2019 recibieron del gobierno federal 776 millones de pesos para pagar el tratamiento de 3 mil 884 pacientes, lo que significa 199 mil pesos por persona. El monto entregado en dos años sólo es la mitad de lo que esta administración gastó en compra de insumos en 2019 de la bolsa de gastos catastróficos.

Los reglamentos

Animal Político analizó todos los contratos de 2019 y el Seguro Popular fue la entidad que más aumentó la contratación entre toda la administración pública. En 2018 gastó 8 millones de pesos en contratos para cuestiones administrativas, pero en 2019 subió a 2 mil 109 millones de pesos en contratos, lo que significó un aumento de 25,132% entre un año y otro.

El cambio se debió a que por primera vez pagó 223 contratos de compras consolidadas y unitarias de medicamentos y equipo médico que sumaron 2 mil 108 millones de pesos, y el resto fue para gastos de mantenimiento del edificio que ocupaba.

Pero para entonces, la situación del Seguro Popular era incierta, toda vez el presidente Andrés Manuel López Obrador había decidido desaparecerlo y en su lugar instituir el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), pero los reglamentos de operación del primero continuaban vigentes.

La Comisión Nacional tenía como facultades instrumentar la política de protección social en salud, desarrollar el plan estratégico del sistema, formalizar acuerdos con los gobiernos estatales que recibirían dinero de esta bolsa, y “administrar los recursos financieros y efectuar las transferencias que correspondan a los estados”.

Mientras que los lineamientos específicos del Fideicomiso (donde se encuentran los recursos del Seguro Popular) se establecía que el Fondo de Protección para Gastos Catastróficos se debían destinar a la “atención integral de intervenciones, incluyendo tratamientos, medicamentos e insumos” asociadas a las enfermedades previstas en el catálogo.

También para el “desarrollo de infraestructura de unidades hospitalarias que proporcionan servicios médicos de alta especialidad del ámbito federal o estatal”.

Sin embargo, en 2019, gracias al acuerdo firmado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, publicado el 13 de septiembre del año pasado, por primera vez el Seguro Popular usó dinero para pagar medicamentos comprados por la Secretaría de Hacienda.

En el “acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se delegan facultades en el Director General de Administración y Finanzas de la CNPSS”, instruía a Blanca Elisa Chávez Buenrostro, titular de administración a la “adquisición, distribución y entrega de los recursos en especie (…) incluyendo el llevar a cabo los procedimientos para la adjudicación de los contratos correspondientes”.

Además, Alcocer ordenaba que dichas compras se realizaran “con cargo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos”.

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