En la antesala de las negociaciones con el personal: el Gobierno intervino el Hospital Bonaparte
El Gobierno dispuso la intervención del Hospital Laura Bonaparte para “asegurar el normal funcionamiento y la continuidad de los servicios y tratamientos”, según se informó hoy. Esta decisión se da un día antes de que arranque una mesa de trabajo acordada la semana pasada entre el Ministerio de Salud y uno de los gremios que nuclea a empleados del Estado. Fuera de las obras sociales, es la primera intervención en hospitales de la gestión de Javier Milei.
“La medida forma parte del plan de reestructuración que avanzó con la readecuación de la dotación del hospital sin modificar las funciones que se realizaban en la institución y siempre con el objetivo de que la atención de los pacientes esté asegurada”, comunicó la cartera sanitaria a través de la red social X.
El Bonaparte, que está ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, es un centro especializado en servicios de salud mental y adicciones. El interventor designado es Mariano Pirozzo, según pudo conocer LA NACIÓN. Por la tarde, hizo una primera recorrida general por el hospital.
La semana pasada, entre los 1400 contratos que Salud anunció que no renovará, hay unas doscientas notificaciones enviadas a personal de ese hospital. “Responden a la sobredotación que había en el Bonaparte –argumentó el ministerio–: 326 de sus empleados ingresaron durante el gobierno de Alberto Fernández. Para los servicios de guardia e internación había 109 empleados con 55 camas y solo 19 ocupadas, en promedio, por mes. Hay 38 consultorios externos que atendía, en promedio, cinco consultas diarias.”
— Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) January 22, 2025
Mesa de diálogo
Pirozzo es neurocirujano y se desempeñaba como director de Atención Médica y Tratamiento de otro hospital nacional, el Baldomero Sommer. Asumió esta tarde su nuevo puesto, en lugar de Christian Baldino, que se había tomado vacaciones en medio de un conflicto que arrastra el hospital desde el año pasado. En el lugar, personal y delegados gremiales sostienen que el Gobierno quiere cerrar el Bonaparte. En Salud, afirman que, como está, funciona mal, de manera ineficiente.
“Por la cantidad de camas que tiene y de consultas que atiende, si lo contrata IOMA [la obra social de la provincia de Buenos Aires] sale $108 millones por mes y si lo hace una obra social, alrededor de $250 millones. Si lo contrata OSDE, costaría $340 millones y, en forma privada, $650 millones”, había dicho el ministro de Salud, Mario Lugones, en octubre pasado, durante un debate abierto sobre la crisis del sistema sanitario. “¿Saben cuánto cobran por mes? –preguntó, entonces, en alusión al presupuesto del Bonaparte–. $1600 millones. Hay gente que se está llevando la plata y no son los médicos ni los enfermeros. El dinero está, pero no donde la están buscando. Está en otro lado.”
Hacía una semana, tras el recambio de ministro del área, que Salud había tenido que salir a aclarar que la decisión de avanzar especialmente sobre ese hospital se debía a “dos situaciones de alta criticidad” a partir de un informe de 2023 y otro de mayo pasado de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que encuadraban esas irregularidades en un incumplimiento de las leyes de Salud Mental y de Derechos de los Pacientes.
En esa conferencia de prensa, como dio cuenta este medio, la viceministra Cecilia Loccisano dijo que se había acordado con representantes gremiales abrir una mesa de trabajo que incluiría a profesionales y autoridades para “asegurar la prestación de servicios”. El compromiso de la cartera sanitaria era “evaluar las variables de reestructuración propuestas”. Esa comisión trabajaría en un plan que se iría implementando según lo definiera ese grupo, sin más precisiones.
Notificaciones
A la disminución del plantel durante el año pasado, siguieron unas 200 notificaciones conocidas la semana pasada cuando el Ministerio de Salud comunicó también por la red social X que no se renovarían 1400 contratos temporarios. Sucesivas gestiones, desde hace décadas, utilizan ese tipo de acuerdo laboral para incorporar personal en todas las áreas del ministerio y los organismos bajo su órbita.
“Esperamos que mañana haya algún tipo de comunicación formal con el interventor para encontrarle una salida a esto [por la reincorporación de los 200 empleados desvinculados la semana pasada]”, manifestó a este medio Leonardo Fernández Camacho, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del Hospital Laura Bonaparte.
Desde el gremio más combativo, argumentan que con la pérdida de 100 empleados en 2024 por renuncias, jubilaciones, contratos sin renovar, entre otros, y los 200 telegramas enviados ahora, se redujo a la mitad la planta del hospital en un año. “Y después de las crisis, cuando las cosas se acomodan, ya sabemos que muchos se van. Por la incertidumbre, empiezan a buscar otro trabajo, sobre todo los profesionales”, dijo el gremialista.
Como también reconocen en Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio más dialoguista, el uso de contratos temporarios “es un problema desde hace 30 años” en la Administración Pública Nacional (APN). En Salud, ese es también un fuerte reclamo que desde hace años hacen profesionales y técnicos de los hospitales nacionales porque no garantiza estabilidad en el empleo.
Situación compleja
Tanto en el ministerio como en el Bonaparte y los gremios, todos coinciden en que la situación en el hospital es “compleja”. De hecho, en una reunión la semana pasada entre funcionarios de Salud y UPCN se acordó abrir una nueva mesa de trabajo. La anunciada en octubre del año pasado no habría llegado a buen término a juzgar por la decisión oficial informada hoy y el estado de alerta en el que se declararon ambos gremios.
En las casi tres horas de ese encuentro, acordaron iniciar esas conversaciones esta semana sobre el organigrama del ministerio en general –lo que sucedió el lunes pasado– y, a partir de mañana, sobre el funcionamiento y el plantel del Bonaparte en particular. En lo que dure ese proceso, de acuerdo con lo conversado, no habría medidas de fuerza ni se avanzaría con los contratos.
Diego Gueren, secretario general de UPCN Salud, había señalado a este medio horas antes de ese encuentro que pedirían al ministerio una revisión “caso por caso” de las contrataciones temporarias. También, condicionó “medidas gremiales directas” a esa revisión por caso.
“No nos oponemos a reordenar el funcionamiento de los organismos o la reestructuración de la que hablan las autoridades para brindar mejores servicios a la comunidad. Pero no a vaciarlos con la excusa de los despidos: en el Bonaparte, echaron a casi el 50% del personal”, manifestó, en ese momento, Gueren.
Por su parte, el ministerio explicó que decidió avanzar con la intervención del Bonaparte “luego de que la cartera sanitaria nacional avanzara en la readecuación del personal a partir de la sobredotación encontrada en diferentes servicios”.
Y, a través del comunicado difundido hoy, agregaron: “Tanto el crecimiento desmedido del personal, como el mal manejo de los fondos han afectado la capacidad de atención del hospital. Ante este escenario, el Ministerio de Salud busca aportar la transparencia y eficacia necesarias para garantizar su buen funcionamiento. Cuidar la salud de los argentinos requiere también de un uso eficiente de nuestros recursos”.