Salpica a la familia real española un escándalo

MADRID.- El buen nombre de la familia real española se enfrenta desde ayer a la peor amenaza de los últimos años, luego de que se destapó un escándalo judicial que afecta a uno de sus miembros con mejor imagen.

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, sería imputado en los próximos días por el desvío de 2,3 millones de euros de fondos públicos en favor del Instituto Nóos de Investigación Aplicada, del que este alto ejecutivo de Telefónica fue presidente hace un lustro.

Urdangarin, que es esposo de la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos I y séptima en la línea de sucesión al trono de España, será acusado formalmente ante la justicia española por el delito de malversación de fondos del gobierno de las islas Baleares por no haber justificado "o haber justificado con facturas falsas" el dinero aportado desde las arcas oficiales para la organización de dos eventos sobre turismo y deporte en 2006.

De acuerdo con el juez José Castro Aragón, que instruye en la causa conocida como Palma Arena, existen sospechas de que se creó un "entramado societario" entre el duque y otra autoridad del Nóos, Diego Torres, mediante el que se "desviaban los fondos públicos y privados" recibidos del gobierno balear, de los que luego ambos socios se "apoderaban".

Según fuentes de la investigación citadas por el diario El País, ya es "inevitable" la "citación como imputado" de Urdangarin, que hasta el estallido de este escándalo era más conocido por sus frecuentes fotografías en las revistas del corazón y por su pasado ejemplar como estrella de handball del equipo olímpico de España.

En tanto, el diario El Mundo señaló que la cifra embolsada por el duque y su socio ascendería a los 2 millones de euros, producto del "desfase" entre "el costo real de los dos congresos y el dinero adjudicado" a quienes fueron acusados por la fiscalía por el delito de malversación.

El documento presentado a la justicia por la querella también da detalles sobre el modo en que habrían operado para poder hacerse con la diferencia de la sobrefacturación. "Tras recibir los fondos públicos, se simulaba por parte de esa asociación la contratación de servicios ficticios o presumiblemente facturados por importe superior al servicio prestado", señala el texto.

Por su parte, la Casa del Rey se abstuvo de hacer declaraciones sobre la causa, aunque su vocero especificó que "se mantiene informada" sobre este controvertido tema. En un comunicado, la entidad real manifestó además que "no hace declaraciones" sobre informaciones difundidas por la prensa, y que "seguirán las actuaciones judiciales pertinentes".

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