Ruta Crítica | 2024 y control militar total de la seguridad

En palabras de Sam Storr, académico consultor del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX, encargado de monitorear desde el 2018 de manera permanente la ruta de la militarización y el militarismo, de la lectura del reciente Primer Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, en ningún caso es posible inferir que la presencia militar en tareas de seguridad pública es temporal; más bien al contrario, a decir del especialista, el reporte proyecta su permanencia.

Cuando desde el 2019 comenzamos a acumular la evidencia de la ruta presidencial a favor de la militarización, inmediatamente construimos la hipótesis de que López Obrador no pretendía aceptar límite temporal alguno; hoy ya está claro y él ha confirmado que entre sus actos de fin de sexenio volverá a proponer una reforma constitucional para entregar la Guardia Nacional a la Sedena.

Ya lo hemos insistido, la entrega de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas no se justifica en un marco teórico y metodológico, a su vez soporte de la evidencia suficiente para poder afirmar que las instituciones castrenses en efecto nos traerán la seguridad anhelada. 

Podemos repetir que el despliegue militar vía Guardia Nacional o vía Fuerza Armada Permanente no está acompañado de inferencias causales que asocien tal despliegue a reducción alguna de homicidios, en particular en lugares donde están híper concentrados; podemos llamar la atención que entregar a los militares el control de la seguridad ciudadana no es buena práctica en la nueva plataforma de evidencias en seguridad y justicia apenas publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo, o bien podemos reiterar que desde decenas de centros de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y periodistas especializados en el análisis de los impactos de la intervención militar, no es posible concluir a favor de la misma.

Pero nada de eso ha sido suficiente siquiera para animar un debate a profundidad entre todos estos actores independientes y el gobierno federal, con representantes castrenses a la mesa. Todo lo contrario, la puerta estuvo, está y todo indica que estará cerrada: los generales no discuten con las personas civiles, no al menos con las que los cuestionan. Apenas propuse en el Senado un grupo de trabajo civil y militar, y la idea no prosperó.

No me lo cuentan, lo he vivido en carne propia desde los 90. Lo que en teoría es sano para la democracia, esto es, la deliberación plural a favor de la rendición de cuentas de las instituciones públicas, en la práctica aplica de manera crónicamente débil respecto a las Fuerzas Armadas. Llamo a esto candado simbólico y ampliaré al respecto en próxima columna.

Ahora me interesa destacar el horizonte 2024, preguntándome si estamos en la antesala del control total de la seguridad a manos de los militares. Se conjugan dos tendencias a mi parecer evidentes: primero, no hay freno constitucional ni legal que valga para contener la ampliación de las funciones y presupuestos a favor de las Fuerzas Armadas, en otras palabras, no hay poder civil alguno que lo haga valer, más allá de algunas figuras aisladas que lo intentan en los poderes Legislativo y Judicial; segundo (correlato de lo anterior), sea cual sea la evidencia hecha pública de conductas ilegales o posibles conductas ilegales, no se activan las consecuencias, más allá del castigo excepcional sobre quienes dicen cumplir órdenes, no sobre quienes las imponen.

He dicho por mucho tiempo que la preferencia por las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha sido transversal a los partidos políticos y sus gobiernos (hoy se sabe que esto es un fenómeno regional); ahora la implantación de la ideología que prefiere a los militares por encima de los civiles para cualquier tarea, lo que entendemos como el militarismo, parece igualmente trasminar hacia la clase política, independientemente de sus colores, pero también a la sociedad misma.

Leí ayer que, luego de los resultados en el Estado de México y Coahuila, Morena gobernará algo así como a 90 millones de habitantes en México. Imbricada la llamada cuarta transformación y el protagonismo militar, por obra de López Obrador, me pregunto si ya debemos asumir que el futuro inmediato de esta hegemonía implicará la cesión progresiva formal y total de la seguridad en manos de las Fuerzas Armadas en los tres órdenes de gobierno. 

Sería solo cuestión de tiempo.