Las ruinas del aborto

San Salvador/Buenos Aires, 6 mar (EFE).- Corría el año 1974 en Argentina cuando Adriana se quedó embarazada por primera vez, apenas tenía 17 años, y decidió abortar sin imaginar siquiera las consecuencias. Cinthia, sin embargo, no pudo decidir. Su cuerpo decidió por ella, y acabó diez años entre las rejas de una cárcel salvadoreña.

El miedo, el desconocimiento y el riesgo permanente de ir a la cárcel tiñen la interrupción voluntaria -o no- del embarazo en América Latina, un derecho ausente en la mayoría de sus países que encuentra en El Salvador y Argentina dos de sus realidades más complejas y más opuestas.

Miles de mujeres han teñido de verde las calles y las redes sociales en Argentina en los últimos años, haciendo del derecho a un aborto seguro el epicentro del debate político. Mientras tanto, en El Salvador, aborto es sinónimo de cárcel.

CONDENA POR UN ABORTO NO DESEADO

Cinthia Rodríguez jamás pensó que parte de su vida la pasaría en prisión, y mucho menos que sería acusada de homicidio agravado después de sufrir -como si fuera poco- la muerte espontánea de su bebé a los 8 meses de gestación.

"Yo sí sabía que estaba embarazada y estaba en mi casa cuando me dieron los dolores (de parto) fuertes. Tenía ocho meses de gestación y el bebé se había ahogado con el cordón umbilical, nació muerto", explica la joven.

Cinthia dio a luz en su casa, en una zona rural de El Salvador, donde tan solo pudo contar con la ayuda de una vecina, quien le acercó a un centro hospitalario. Allí, nada más llegar, fue juzgada por los propios sanitarios. "Las enfermeras y los doctores que me atendieron me trataban mal, siempre hacían comentarios feos sobre el caso -asegura-. Que yo había matado a mi bebé".

Confundida, agotada por el trauma por el que había pasado su cuerpo y sin lograr respuestas médicas a su pérdida, la salvadoreña se sometió a un legrado (curetaje) uterino. Al despertar tras el procedimiento, estaba esposada a la camilla del hospital.

“El policía -que no se identificó- me dijo que estaba detenida por aborto, pasé tres días esposada en el hospital. Al salir, me llevaron directamente a bartolinas (cárcel) sin explicarme lo que estaba pasando", denuncia.

Cinthia había sufrido un parto extrahospitalario, y su desconocimiento en temas de sexualidad y reproducción no le permitió dimensionar lo sucedido.

En medio del caos, Rodríguez enfrentó una audiencia preliminar para la que le fue designado un abogado del Estado, quien, lejos de defenderla, favoreció a la acusación en su contra por la que finalmente se le condenó a 30 años de cárcel.

En lo sucesivo, le cambiaron de abogado en varias ocasiones, sin previo aviso: no tuvo derecho al debido proceso, su letrado de oficio le prohibió hablar en defensa propia y, tras toda esa odisea, ingresó en el Centro de Readaptación para Mujeres, una prisión femenina, en el año 2009.

“Ese día que entré me dijo la custodia que yo no dijera por el delito que iba, por las personas que estaban allí que eran de las pandillas. Pero una muchacha que iba con nosotros dijo todo. Cuando salí a bañarme, me golpearon. Me golpearon ocho personas, y de ahí me aislaron, y me llevaron para el sector donde hay solo ancianas”, relata.

El 7 de marzo de 2019 salió libre después de que el Gobierno de El Salvador anulara su pena.

"Nos juzgan y nos condenan sin tener suficientes pruebas o pruebas contundentes, sin conocer la verdadera historia de cada una. No me gustaría que detuvieran a más mujeres y tampoco quiero que siga la persecución contra nosotras", señala.

"IGNORANCIA TOTAL"

Tras hablar con algunas de sus amigas, Adriana Comas tomó un día el colectivo desde Avellaneda hasta una villa del conurbano bonaerense, sin absolutamente nadie que la acompañase.

Buscaba a una señora conocida por practicar abortos en la mesa de su cocina, valiéndose tan sólo de una palangana, un valium para la sedación y otro "elemento químico" que Adriana no recuerda.

"Me embaracé de la misma manera de la que aborté: en la ignorancia total y sin ningún acompañamiento. Tampoco tomé conciencia de que era clandestino. Todo era peligroso", asegura.

Comas decidió poner fin a su embarazo no deseado, no había llegado a la mayoría de edad, y ahora, casi 40 años más tarde, achaca aquella experiencia a la "absoluta falta de información sobre lo que era la sexualidad" en aquella época.

"No tenía idea de cómo era cuidarse. Lo que había era un montón de leyendas urbanas: 'Si no sientes placer, no te llegás a embarazar; te tenés que mentalizar, porque entonces el semen no llega'. Unas burradas, burradas con las que nosotras quedábamos embarazadas", relata desde su residencia en Buenos Aires.

Pasado ese momento, aquella joven creció y dio a luz a su primera hija con 21 años. Tiempo después, a los 29, tuvo su segundo aborto, también clandestino, aunque en mejores condiciones. Volvió a ser madre un año más tarde, e interrumpió de nuevo un embarazo a los 53.

El segundo aborto al que se sometió ocurrió después de un fallo del método anticonceptivo, y aunque también clandestino, fue con un doctor y con condiciones sanitarias aceptables. El tercero, a una edad en la que jamás pensó que podría volver a concebir, decidió llevarlo a cabo ante el riesgo para su salud, como para la del feto.

Pese a todas esas experiencias, Adriana confiesa que nunca tuvo "noción" de lo que realmente implicaba un aborto clandestino hasta que acompañó a una amiga de su hija a frenar su embarazo. Ahí, por fin, abrió los ojos.

"La diferencia fue que estaba acompañando a una chica que podía ser mi hija. Eso para mí fue terrible y dije acá, de vuelta, nunca más. Esto no puede volver a pasar".

UN SIGLO, DOS DÉCADAS

Detrás de los tres abortos clandestinos que sufrió Adriana está el código penal argentino, que desde hace casi un siglo, en 1921, sólo permite la interrupción del embarazo en los casos de violación y de riesgo para la salud de la mujer. Cualquier otro caso está penado con entre uno y quince años de prisión.

No obstante, la aplicación de los supuestos que sí son legales es "muy irregular" en todo el país y aparece condicionada, sobre todo, por la situación geográfica y la "clase social", según apunta Estefanía Cioffi, médica de familia e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

"En la ciudad de Buenos Aires tenemos un acceso relativamente bueno a la interrupción legal de embarazo. Pero hay localidades como Tucumán, Formosa y Corrientes en donde el acceso está muy vulnerado, incluso en situaciones de violencia sexual a niñas menores de edad", explica.

Con el propósito de acabar con esta lacra, en mayo del año pasado se presentó, por octava vez en más de una década, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un texto que ya fue aprobado por los diputados en 2018 pero que el Senado, de mayoría conservadora, tumbó por tan sólo siete votos de diferencia.

"Fue muy dura esa noche en la calle. Una noche de lluvia, donde las mujeres grandes como yo, que sabíamos que íbamos a perder, tuvimos la necesidad de quedarnos para abrazar a estas jovencitas que sufrieron mucho. Era desolador el llanto de ellas, era desolador", recuerda Adriana, con lágrimas en los ojos.

Ese nuevo texto -que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas, y más allá de ese plazo para los casos ya permitidos- contribuiría al impulso de un Estado que "respeta esa decisión, la garantiza y no la estigmatiza", indica Andrea Berra, una psicóloga de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

"Si no hay un Estado que ofrezca servicios de salud sexuales y reproductivos acorde al siglo XXI, a la perspectiva de género y al enfoque de derechos, entonces el Estado también es responsable en reproducir esta culpa", subraya.

Sin embargo, el proyecto de ley afronta la firme oposición de la marea celeste -color que se contrapone al verde de los colectivos abortistas-, una amalgama de organizaciones sociales que lo rechaza tanto por razones morales como de "salud pública".

"El aborto es la salida fácil a una problemática que no se va a resolver, que es justamente la mortalidad materna (...). No estoy diciendo que este tema no sea importante, pero me parece que a nivel social en la Argentina hay un montón de desafíos por resolver en el corto plazo que no es éste", apunta Leandro Flocco, presidente del Frente Joven, una entidad que integra la Unidad Provida.

En El Salvador, mujeres y niñas que sufren abortos espontáneos o cuyos bebés nacen sin vida como consecuencia de emergencias obstétricas corren el riesgo de ir a prisión: el aborto está penalizado con cárcel en cualquier circunstancia desde 1998.

La Fiscalía General de la República (FGR) generalmente acusa a estas mujeres de homicidio agravado, cuya pena establecida en el Código Penal es de 30 años de prisión. El Ministerio Público ha llegado a solicitar, incluso, la pena máxima de 50 años.

En el 2018, diversas organizaciones pidieron a la Asamblea Legislativa reformar al artículo 133 del Código Penal para despenalizar el aborto en cuatro causales.

La reforma establece aprobar el aborto cuando el propósito es salvar la vida de la mujer gestante, cuando el embarazo es producto de una violación sexual, cuando exista una malformación del feto o cuando el embarazo es resultado de violación o estupro en el caso de una menor de edad.

Sin embargo, la discusión ha quedado estancada desde entonces, cuando cambió la composición parlamentaria, ahora dominada por los partidos de derecha con la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) al frente..

ESTE AÑO "SERÁ LEY"

A sus 62 años Adriana se muestra "muy esperanzada" de que este año "será ley", siendo como es, para ella, "la lucha más grande" que afronta la sociedad argentina.

"Las calles son nuestras y será ley. Nos verán a todas y mi hija podrá saber que su propia hija va a abortar bajo una ley. Cuando uno lucha por eso, todo nos fortalece", concluye, visiblemente emocionada.

El actual presidente argentino, Alberto Fernández, es el primer mandatario de la historia en posicionarse nítidamente a favor de la despenalización del aborto, una circunstancia que, sumada a la mayoría oficialista en el Congreso y el Senado, invita a la esperanza. Hace apenas unos días, anunció que presentará un nuevo proyecto para su legalización definitiva. Quizá esta vez, sí.

Tras casi un siglo de aborto punible, Argentina encara ya la recta final para conseguir un cambio legal que durante años ha llenado de pañuelos verdes las principales ciudades del país. En El Salvador, de momento, las calles siguen vacías, las cárceles demasiado llenas, y las mujeres sin una ley que las ampare.

Sara Acosta y Javier Castro Bugarín

(c) Agencia EFE