Rubio y Menéndez lanzan proyecto de ley para castigar operación ilegal de oro de Maduro

El senador republicano Marco Rubio y su homólogo demócrata Bob Menéndez preesntaron esta semana un proyecto de ley para combatir la explotación ilegal de oro en Venezuela y otros países, enfatizando que la práctica genera graves daños ecológicos, conduce a la violación de los derechos humanos y es utilizada por el régimen de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.

El proyecto de ley requeriría que el gobierno de Estados Unidos establezca estrategias para combatir las estructuras y prácticas normalmente utilizadas para sostener la explotación mineral de oro, incluyendo el financiamiento de la actividad por parte de actores ilícitos, el control que ejercen organizaciones criminales sobre la denominada minería artesanal y de pequeña escala (ASM) y la explotación en áreas ambientales protegidas.

Al anunciar la iniciativa, Rubio dijo que el proyecto de ley busca golpear la actividad ilegal de oro que registran países como Venezuela, donde se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos del sancionado régimen de Maduro.

“La minería de oro ilegal es una fuente financiera importante para el régimen dictatorial de Maduro y conforma gran parte del mercado internacional del oro”, dijo Rubio en un comunicado. “Es hora de tomar medidas enérgicas en contra de este mercado criminal y corrupto. Estados Unidos debe responsabilizar a aquellos que están involucrados en esta industria ilegal y evitar que Maduro y sus secuaces obtengan más ganancias mientras el pueblo venezolano sufre dificultades inimaginables”.

Menéndez, por su parte, dijo que la minería y el tráfico ilícito de oro en América Latina y el Caribe no solo financian a sindicatos delictivos transnacionales, sino que también “debilitan la selva y la biodiversidad de nuestro hemisferio, facilitan los abusos de los derechos humanos y ayudan a sostener dictaduras brutales como la de Nicolás Maduro en Venezuela”.

La estrategia a ser adoptada por Estados Unidos de aprobarse el proyecto buscaría castigar a las organizaciones criminales, pero protegiendo al mismo tiempo a los productores artesanales y debe incluir medidas para ayudarles a formalizar sus actividades comerciales; aumentar la capacidad de producción, adoptar prácticas ambientalmente sostenibles, apoyando al mismo tiempo programas de desarrollo socio-económico.

Investigaciones recientes han encontrado que la minería ilegal de oro en Venezuela ha convertido a amplias zonas de Venezuela en territorios sin ley, plagados por recurrentes masacres y graves violaciones de los derechos humanos, generando simultáneamente ganancias de cientos de millones de dólares para las fortunas personales de un puñado de funcionarios del régimen.

“Lamentablemente el Arco Minero del Orinoco [región en el sur del país] se ha convertido en un territorio sin ley donde operan los intereses económicos y políticos de grupos armados irregulares, militares y policiales que han desatado una guerra contra la población indefensa”, señaló la ONG venezolana FundaRedes en un reciente informe.

La ola de violencia desatada ha estado por años aterrorizando a los habitantes de la zona, “esclavizando a civiles, de manera especial a indígenas, y explotando la tierra de una manera indiscriminada y en progresiva y continua violación de los derechos humanos en este territorio”, agregó el informe.

Según la organización, al menos 26 personas han desaparecido en distintas minas durante los últimos tres años, además de registrar múltiples actos de violencia propiciadas por las organizaciones guerrilleras de origen colombiano, bandas criminales y en algunos casos funcionarios militares o policiales.