Rosario Robles, el 'pez gordo' que el gobierno de AMLO estaba esperando

Foto: Archivo Cuartoscuro

Hace casi dos años el portal periodístico Animal Político publicó la investigación “La Estafa Maestra” en la que documentó la forma en la que llevaron a cabo el desvío de miles de millones de pesos, funcionarios de las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), al frente de las cuales estuvo Rosario Robles Berlanga.

A Rosario Robles se le responsabilizó del quebranto de las finanzas de ambas secretarias, reportadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que, según la investigación de Animal Político, en los ejercicios 2013 y 2014, de la Sedesol, detectó contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos entregados a más de 180 empresas, que en su mayoría recibieron a través de una triangulación con universidades públicas.

En la cuenta pública de 2016 se detectó el quebranto de 3 mil 855 millones de pesos en la Sedatu, recursos desviados del Programa de Infraestructura al pago de convenios con universidades, programas sectoriales y cuentas bancarias aún sin identificar. (La Jornada, 30 de julio de 2019)

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el pasado 25 de julio a un juez de Justicia Penal Federal, citar en la fecha y hora que disponga, “para la celebración de audiencia inicial para formular imputación y vinculación de proceso en contra de María del Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público”. La audiencia fue concedida para el 8 de agosto a las 11 de la mañana.

Cuando se realice la audiencia solicitada por la FGR el juez determinará si el ministerio público aporta evidencia suficiente para vincular a Rosario Robles a proceso. Por el tipo de delito que le imputa la Fiscalía, podría alcanzar fianza, además no se requiere que esté presente en la primera audiencia, que podría ser atendida por sus abogados. (Sol de México, 29 de julio de 2019)

En su propia defensa Rosario Robles envió una tarjeta informativa al programa de radio Por la Mañana, del periodista Ciro Gómez Leyva, en la que señala que la acusación de la FGR, por la forma en la que se dio a conocer, viola sus derechos y el debido proceso. Dice que en el citatorio que recibió no se le informan las causas ni los hechos que se le imputan “minando con ello mi capacidad de defensa”.

“Es inconcebible que se le haya dado a conocer a la opinión pública lo que no se me comunicó a mí. Cabe mencionar que en todo este proceso jamás he tenido la oportunidad de defenderme, no he sido requerida para comparecer ante la Fiscalía ni acceso a ninguna carpeta de investigación.”

Al respecto, Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, aseguró que la acusación de la FGR es un acto que contraviene cualquier disposición jurídica y la propia Constitución. “Es un llamado a hacer un linchamiento público mucho antes de que las autoridades judiciales tengan conocimiento del caso, de manera que por donde lo veas hay una sistemática violación a los derechos humanos de Rosario en este procedimiento errático y contrario a la ley”. (El Economista, 30 de julio de 2019)

El abogado Hernández Barros comentó que la Estafa Maestra es un cuento que nunca existió, pues hasta ahora ninguno de los involucrados ha sido llamado, porque no hay pruebas para demostrar el supuesto desfalco al erario. (El Economista, 30 de julio de 2019)

La persecución a Rosario Robles tiene casi dos años. Ahora que se empiezan a complicar las ecuaciones de la Cuarta Transformación, retomar este caso parece más una estrategia distractora que el compromiso de hacer justicia. Por diferentes vías el gobierno de López Obrador ha enviado mensajes y advertencias al grupo de Enrique Peña Nieto, el objetivo aparente es meter a la red a alguno de los peces gordos del gobierno anterior. No les alcanza con el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin.

Según el Código Penal Federal a quien cometa el delito de ejercicio indebido del servicio público “se le impondrán de tres días a un año de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la comisión del delito y destitución en su caso, e inhabilitación de un mes a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.” Es difícil que esta sanción le quite el sueño a Rosario.