Rol del Estado, derechos, paridad: los ejes fundamentales de la propuesta constitucional en Chile

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Más de 15 millones de chilenos están convocados a las urnas el 4 de septiembre en un plebiscito histórico –para algunos la votación más relevante desde el referendo que marcó el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1988– para decidir si aprueban la propuesta constitucional de los 154 convencionales elegidos en las urnas o si mantienen la actual Carta Magna de 1980, heredada de la dictadura. Analizamos las diferencias más relevantes.

La propuesta constitucional presentada al presidente Gabriel Boric el pasado 4 de julio declara a Chile como un Estado “democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico” con una democracia “inclusiva y paritaria” frente al Estado subsidiario consagrado en la Constitución de Augusto Pinochet.

Esta versión final de la Constitución cuenta con 388 artículos, 168 páginas y 57 disposiciones transitorias.

Desde que salió a la calle, se ha convertido en uno de los textos más vendidos en las librerías chilenas y en los puestos ambulantes en la calle, aunque también se puede descargar gratuitamente en versión digital. Sin embargo, la polémica en torno a cómo se gestó ha copado el debate sobre el plebiscito en Chile, menos enfocado en el texto constitucional.

¿Cuáles son las grandes diferencias entre la nueva propuesta y la Constitución vigente en el país? Lo analizamos junto a cuatro expertos que siguieron de cerca el proceso constitucional.

El rol de Estado, derechos sociales y descentralización

La mayoría de las fuentes consultadas coinciden que la diferencia más sustancial entre ambos textos es la del rol del Estado y la garantía de los derechos sociales.

“El nuevo texto propone un Estado social y democrático de derechos donde el Estado tendría un rol muy fuerte en la promoción de estos, estableciendo nuevos derechos sociales y reconfigura derechos más tradicionales que en la actual Constitución no están desarrollados ni garantizados”, explica a France 24 Pamela Figueroa, coordinadora del Observatorio Nueva Constitución y académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago (USACH).

Actualmente “tenemos un Estado subsidiario, el principal actor que resuelve las necesidades de la gente es el mercado” y contamos con “derechos sociales como la salud y la educación que están más centrados en la libertad de educación y libertad de acceso a la salud más que en tener garantizados esos derechos”, continúa. “Esa es una primera gran diferencia”, resalta Figueroa.

En segundo lugar, destaca la forma y las urgencias del Estado. “Chile hoy día tiene un Estado centralizado, unitario y el nuevo texto constitucional propone un Estado regional, mayor autonomía para las regiones y mayor participación de las regiones en el proceso de toma de decisión”, agrega la experta.

Una Constitución paritaria

Figueroa destaca el carácter paritario del nuevo texto, recalcando que este es el primer texto constitucional del mundo escrito por un órgano igualitario, lo que se ve reflejado en distintas instancias.

Para Claudia Heiss, jefa de carrera de ciencia política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, la perspectiva de género permea todo el texto, pero se ve fundamentalmente reflejado en “la voluntad de que el sistema político futuro produzca elementos de acción afirmativa en los órganos representativos futuros”, lo que en la práctica hará que exista paridad en los espacios de representación y afectará significativamente la distribución del poder.

Y segundo, “es muy innovador incorporar el derecho a los cuidados; que tiene que ver con la sobrecarga que tienen las mujeres a este respecto. Los cuidados como un derecho social, como un deber de la comunidad política”, destaca Heiss, añadiendo los derechos sexuales y reproductivos y el aborto, que está contenidos en el texto pero que en últimas deben ser regulados por una ley del Congreso.

Además, en la nueva propuesta “se incorporan mecanismos de democracia directa para complementar la democracia representativa”, en un intento de actualizar las instituciones chilenas y ser más inclusivas.

El "Estado plurinacional" y su controversia

Otro de los aspectos más controvertidos, de forma sorpresiva, ha sido el concepto de plurinacionalidad, que no termina de ser bien recibido o comprendido por la ciudadanía.

“El nuevo texto propone un Estado plurinacional, es decir, un reconocimiento constitucional de los 10 pueblos originarios de Chile, más el pueblo afrodescendiente”, señala Figueroa, que tendrían no solamente una representación política al interior del sistema político chileno, sino que también se consagrarían derechos para los pueblos indígenas y un sistema de Justicia, entre otros.

“Eso también ha sido muy relevante”, añade, especialmente teniendo en cuenta que aquellos que se autocalifican como pertenecientes a pueblos indígenas representan un 12% de los 19 millones de chilenos, una cifra nada despreciable.

Este va a ser un tema polémico porque implica redistribución de poder

La académica señala que las manifestaciones de octubre de 2019, génesis de este proceso, “pusieron de manifiesto la necesidad de reconocer a los pueblos originarios”, que habían estado excluidos de la política chilena con la proliferación de banderas mapuches en las manifestaciones.

“Hay sectores más conservadores que plantean que la plurinacionalidad lo que está haciendo es dividir a Chile más que integrarlo al permitir autonomías territoriales indígenas”, señala por su parte el académico Claudio Fuentes, de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, que ha seguido muy de cerca el proceso Constituyente: “Este va a ser un tema polémico porque implica redistribución de poder”, agrega.

Para Fuentes, la plurinacionalidad no genera incertidumbre porque están muy claramente identificados los ámbitos en los que se aplica en el texto constitucional: “El político, con la participación de los pueblos indígenas en espacios de representación; el territorial, respecto de autonomías territoriales que tienen que ser definidas por ley; el jurisdiccional o ámbito de pluralismo jurídico y el ámbito cultural, de lenguas, cultura”, afirma.

“Lo que sí genera es que afecta intereses económicos porque la autonomía implica renegociar espacios territoriales y eso afecta a los empresarios principalmente”, explica.

Un sistema judicial indígena

Sobre la polémica sobre el sistema judicial indígena tanto Fuentes como Heiss son tajantes en señalar que no se trata de generar un doble sistema de Justicia, tampoco de burlas al derecho penal ni infringir el principio de igualdad ante la ley.

“No es una autorización para quemar camiones, que es como se está planteando, que en un clima como el que se vive en la Araucanía genera desconfianza”, afirma y explica que se usará para temas acotados que se tienen que regular por ley y que la Justicia indígena siempre estará bajo la tutela de la Corte Suprema.

“No es que haya dos justicias paralelas, no es que haya autonomía y el que entra en Justicia indígena va a hacer lo que quieren y en la nacional otra cosa”, señala Fuentes, para el que todo se enmarca en el respeto a los derechos humanos y bajo la tutela del sistema jurídico nacional. El sistema nacional e indígena estarían así “coordinados”.

Heiss también subraya el hecho de que el texto reconoce e incluye a las diversidades sexuales o a los discapacitados, en un intento de incluir a sectores previamente invisibilizados en Chile.

Una Carta Magna ecológica

Una Constitución por tanto muy del siglo XXI. “Tiene muchas innovaciones que no están en otras constituciones, como toda la aproximación a los temas de la protección de la naturaleza”, destaca Heiss y afirma que el texto también declara a Chile como un Estado ecológico y contiene “una cláusula específica que dice que el daño ambiental debe ser reparado, es decir que establece una obligación de compensación económica”.

“El agua establece una prevalencia de lo público que es lo opuesto a la Constitución del 80”, continúa.

Si se aprueba esta nueva Constitución, Chile va a estar a la vanguardia en términos de la protección y promoción del medioambiente

“La ciudadanía se organizó en movimientos sociales que irrumpieron fuertemente en los últimos 10 años en la sociedad”, destaca Figueroa señalando que muchos de sus líderes se vieron representados en la Convención, que contó con una comisión especial sobre medioambiente y modelo de desarrollo económico.

“Costó mucho ponerse de acuerdo sobre esa temática, pero si se aprueba esta nueva Constitución, Chile va a estar a la vanguardia en términos de la protección y promoción del medioambiente, se establecen derechos para la naturaleza y diversos mecanismos” para protegerla y promoverla.

“Mirando hacia el futuro, la Constitución aborda algunos temas que son claves para las generaciones que vienen, lo que tiene que ver con derechos de la naturaleza, protección de bienes comunes, agua, cambio climático”, señala Claudio Fuentes.

Derechos digitales

El académico de la Universidad Diego Portales también destaca como muy vanguardista “los derechos digitales, lo que es una innovación importante”.

Demandas sociales de octubre 2019

¿Satisface esta Constitución las demandas sociales durante el estallido de 2019?

Para Heiss, este tema “no queda completamente zanjado” porque la Constitución no hace políticas públicas, pero sí manda la señal de sistemas nacionales de salud, pensión y educación. La propuesta responde “a las demandas del estallido, pero no las dejan resueltas, abren el espacio para que a partir de la ley y políticas públicas y del proceso político normal se vaya avanzando” en ellas, añade.

Fuentes afirma que “hay tres ámbitos de la protesta social, lo que tiene que ver con los derechos sociales (salud, pensiones, educación) que queda muy recogido en el capítulo de derechos fundamentales”.

El académico también destaca “las demandas asociadas con abuso de poder”, donde en el nuevo texto “hay bastante avance en políticas anticorrupción y probidad”, algo inexistente en la Constitución de Pinochet.

¿Constitución de mayorías?

“Esta nueva Constitución resuelve problemas del pasado, los amarres de la Constitución de 1980, abre la política a una posición mucho más mayoritaria. Uno de los problemas de 1980 era el poco peso que tenían las mayorías”, producto de mecanismos como las 'supermayorías' y los amarres que hicieron muy difíciles cambiar durante 30 años materias estructurales, analiza Heiss.

A nivel político, la derecha queda menos reflejada en la nueva propuesta

Sin embargo, Fuentes afirma que aunque el texto “debería representar a la mayoría” de los chilenos, “hay un sector, que es la derecha, que quedó poco representado en la Convención y que sus intereses no fueron tan tomados en cuenta. A nivel político, la derecha queda menos reflejada en la nueva propuesta”.

Un proceso permeado por la incertidumbre

La realidad es que el clima que se vive en Chile es de “alta incertidumbre”, según califica Figueroa para la que “probablemente es la elección más importante desde el plebiscito que nos llevó a la transición a la democracia en 1988 porque por primera vez estamos discutiendo el sistema político, el modelo de desarrollo económico, los derechos, los temas fundamentales de la sociedad”, señala.

Aunque nadie sabe qué va a pasar, Heiss señala que “es evidente que el rechazo ha crecido y no está para nada asegurado el triunfo del apruebo en el plebiscito”.

Las últimas encuestas, publicadas 15 días antes del plebiscito como manda la ley electoral en Chile para no influenciar resultados, dan como favorables al rechazo en su gran mayoría, salvo algún caso aislado. Aunque las encuestas no siempre han acertado en Chile.

En unas elecciones por primera vez con voto obligatorio desde 2012, la gran incógnita es cuánta gente va a votar en un país acostumbrado a una tímida participación voluntaria (inferior al 50%) y cómo se van a comportar estos nuevos electores.

Aunque para algunos el debate sobre los contenidos constitucionales es estéril, “muchos chilenos están enjuiciando el texto junto a su proceso”, explica de su lado Cristóbal Bellolio, profesor de teoría política de la Universidad Adolfo Ibáñez, que apunta a un proceso conflictivo y marcado por la controversia “que fue ahuyentando un porcentaje importante de la población” de la propuesta.

“No creo que esta elección se trate de comparar un texto con otro”, añade.

Lo único que parece seguro es que si gana el apruebo –y hay que implementar todas las nuevas normas que contiene el texto Constitucional- como si gana el rechazo, y se mantiene la Constitución de Pinochet, se abren tiempos inciertos en Chile.