Desde que el medio Politico publicó el borrador de la Corte Suprema con opiniones mayoritarias a favor de derogar la histórica sentencia Roe v. Wade, la división en Estados Unidos se ha vuelto a sentir con la misma intensidad que se vivió durante el mandato de Donald Trump.

Para buena parte del país fue un shock tener conocimiento de una filtración que, de convertirse en sentencia firme en los próximos meses, anulará el derecho constitucional al aborto que la Corte Suprema estableció en 1973. Casi 50 años después, los grupos religiosos y más conservadores, que desde entonces han librado una cruzada para revertirlo, saborean lo que para ellos sería un triunfo si se impone la opinión de los jueces conservadores, que son mayoría en la máxima instancia judicial del país.

La publicación del texto preliminar anticipa un duro revés para la lucha de la igualdad y los derechos de las mujeres, pero a nadie debe sorprender que eventualmente Roe v. Wade sea revocado, pues fue uno de los lemas de campaña de Trump: su firme promesa de tumbarlo y complacer al lobby ultra que a cambio prometió auparlo.

No consiguió ganarle a Joe Biden, pero ya había colocado en la Corte Suprema a tres jueces conservadores, quienes, a pesar de acatar Roe v. Wade en sus audiencias de confirmación, secundan en el borrador la intención de barrer una sentencia que durante medio siglo ha garantizado el derecho de las mujeres a decidir si llevan o no a término la gestación dentro de los plazos permitidos.

Si finalmente se revierte Roe v. Wade serán los estados los que legislen sobre el aborto. Por lo pronto, al menos 13 ya están listos para restringirlo o prohibirlo del todo. El instituto Guttmacher estima que ascenderá a 25 o 26 estados y la otra mitad de los 50 que conforman la nación se convertirían en “santuarios” para quienes quieran tener la opción de interrumpir el embarazo. O sea, es el mapa de un país dividido a la mitad en lo ideológico y modelo de sociedad.

El movimiento antiaborto se concentra en el sur y el medioeste del país, con legisladores republicanos dispuestos a que el aborto también sea ilegal en casos de incesto o de violación. Ya, como son los casos de Oklahoma y Texas, el plazo para abortar no pasa de las seis semanas de gestación y en Louisiana se ha presentado un proyecto de ley que tipificaría el aborto como homicidio.

Por lo pronto, las tejanas están viajando en coche hasta Colorado o cruzando la frontera para abortar en México. Instituciones como Planned Parenthood se preparan en los estados demócratas para una oleada de mujeres que llegarán de otras regiones donde el derecho a la interrupción del embarazo será cosa del pasado.

De todos es sabido (hasta para aquellos que prefieren ignorarlo) que son las mujeres pobres, muchas de ellas negras y latinas, quienes más padecen las restricciones para acceder a la interrupción del embarazo. Serán ellas, y no las que disponen del dinero y los medios necesarios para los costos de un viaje y el procedimiento, quienes sufran más esta serie de obstáculos.

Volverán los tiempos de las clínicas ilegales con todos los peligros que conllevan, así como todo tipo de contratiempos que a lo largo de la historia sólo han servido para dificultar algo que nunca se va a erradicar: la decisión íntima de la mujer que, por las razones que sean, concluye que debe abortar.

En algún momento este verano se definirá la suerte del histórico fallo. Si es anulado, se habrá desandado el largo y pedregoso camino que las mujeres recorrieron hasta alcanzar esa victoria.

Resulta irónico que la Corte Suprema, en vez de adaptarse a los tiempos que corren como sucedió con el fin de la segregación racial en las escuelas y la legalización del matrimonio interracial, daría un salto al pasado a pesar de que las encuestas indican que la mayoría de los estadounidenses apoya el derecho al aborto con plazos.

Aunque se veía venir el tsunami que se avecina, cuesta creer que puedan arrebatarles a las mujeres la monumental conquista que ha significado Roe v. Wade. Abrirá heridas irreparables.

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