Ricardo Gil Lavedra y el Juicio a las Juntas: miedos, presiones y una cena reservada con Raúl Alfonsín

“Esta es mi silla –la corre, se sienta y da dos golpes lentos sobre la mesa-. Horas, días... Acá pasó todo. Acá se planificó, se organizó, se discutió”. Ricardo Gil Lavedra está de nuevo, 37 años después, en la sala de acuerdos del Palacio de Tribunales donde firmó la sentencia del Juicio a las Juntas. “Fue lo más importante que hice en mi vida. Sin dudas”.

En 1985, encerrados en esta habitación de paredes de boiserie que conecta con el gran salón donde juzgaron y condenaron los crímenes de las cúpulas militares, él y los otros cinco camaristas convivieron durante 14 meses. Sentados siempre en los mismos lugares, en torno a una mesa dodecagonal, organizaron un proceso gigantesco que la historia reconocería como un hito fundacional de la democracia, discutieron sobre leyes, administraron presiones y se juramentaron que entre ellos la transparencia sería total.

“Tuvo mucha importancia el grupo -dice Gil Lavedra-. Todos sabíamos que cada uno tenía relaciones y contactos, pero ahí hicimos un juramento que cumplimos escrupulosamente, que es que todas las decisiones la tomaríamos en la sala de acuerdos y que cada uno iba a blanquear las comunicaciones que tuviera. Lo hicimos, lo respetamos. Todos los pedidos los supieron todos. Los discutimos entre todos.”

La historia de este juicio empezó meses antes de la asunción como presidente de Raúl Alfonsín, relata Gil Lavedra, que lo cuenta así:

“Alfonsín, durante su campaña, había condenado la ley de autoamnistía de 1983 y dijo que iba a haber juzgamiento [a los militares]. Quería que se juzgara a los máximos responsables de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Era bastante revolucionario porque en ese momento era impensada la posibilidad de un juicio.

“Claro que su primera obligación como presidente de la República fue que no le voltearan el Gobierno. Por eso su idea original era: juicio solo a los máximos responsables y que los juzguen las FF.AA. Y así conseguía otro objetivo: que las Fuerzas se democratizaran, reconociendo las barbaridades del pasado. Cruzaban el Jordán y eran democráticas. El plan era una ingenuidad y así quedó demostrado.

“Alfonsín quería una renovación total de la justicia federal. Y ahí lo asesoraban sobre todo Carlos Nino y Jaime Malamud Goti. En mi caso, junto con Andrés D’Alessio estábamos muy cerca de ellos. Yo de Jaime era compañero de cátedra y de Nino era amigo. Habíamos colaborado en la campaña, pero yo no pensaba volver a la Justicia. Era subgerente de asuntos legales de Pérez Companc, con mi mujer acabábamos de comprar una casa con una hipoteca, que había que levantar. Era muy joven. Pero estaba muy entusiasmado con esa primavera democrática. Probablemente, con una sobreestimación del poder de la democracia.

“Los candidatos para la Cámara eran algunos jueces de instrucción que habían demostrado en la dictadura mucha independencia, como el Negro [Guillermo] Ledesma y Jorge Torlasco. Después, al primero que buscaron fue a Andrés [D’Alessio]. Yo vivía en la casa antigua de Soler y Medrano que habíamos comprado. Me tocan el timbre y estaba Andrés en la puerta con una botella de whisky. Me dijo: ´Vengo del ministerio. Me ofrecieron la Cámara. No me voy a ir hasta que no te convenza de que me acompañes´.

“Mi mujer de ese momento, Rosario Llambías, me dijo: ‘Ya nos vamos a arreglar. Esto es importante’. Para mí era empezar a ganar la tercera parte de lo que ganaba. Dije que sí. La tarea siguiente, con Andrés, era convencerlo a Carlos [Arslanian], amigo de los dos, sobre todo mío. Era camarista del crimen. Lo esperamos en la Asociación de Magistrados. Él pensaba irse a la profesión, pero lo convencimos. Y después surgió el nombre de Jorge Valerga, también juez, que había declarado la nulidad de la ley de autoaministía, un gran tipo.

“Así se gestó. Torlasco era muy liberal, un liberal conservador. Los radicales éramos Andrés y yo. El Negro y Jorge Valerga eran más bien independientes, con simpatías, pero bien judiciales. Y Carlos, peronista.

“Nosotros íbamos a integrar un tribunal muy importante, pero al principio no estaba previsto que juzgáramos a los comandantes, sino que revisáramos las decisiones del Consejo Supremo. Pero el Consejo no estaba dispuesto a hacer el juzgamiento y el plan inicial de Alfonsín fracasó. Además el Congreso, que demostró una muy fuerte autonomía, le introdujo al proyecto de Alfonsín algunas modificaciones que cambiaron la historia: una, la posibilidad de abocamiento [que la Cámara pudiera hacer el juicio, sacándoselo a las FFAA, como hizo finalmente]. Y otra, que le obturó la cuestión de la obediencia debida, al incorporar en el Senado que los hechos no debían ser atroces ni aberrantes [para que se pudiera invocar la obediencia debida], y todos lo eran. Me contó Andrés que cuando se incorpora esto en el Senado, Nino lo llamó a Alfonsín y le dijo: “Doctor, con esto se va todo al demonio porque los van a juzgar a todos” y Alfonsín le contestó: ‘Bueno, vamos a ir viendo’. No era su plan, pero no vetó. Pudo vetar esa parte de esa ley y no lo hizo.

“La relación con el Gobierno, durante el juicio, fue casi inexistente. Las comunicaciones venían por nuestros amigos, por Jaime [Malamud] y Carlos [Nino]. En general eran pedidos nuestros para que nos mandaran a los citados. Citabas a un teniente y no venía.

“Sí recuerdo que parte del Gobierno intervino para que no nos abocáramos. Hubo una gestión del Ministerio del Interior, de Defensa, creo, también. Decían que así no le dejábamos margen al Gobierno y que el Consejo Supremo se había arrepentido y ahora estaban dispuestos a terminar.

“Hubo cosas que hicimos que no le gustaban al Gobierno. Alguno nos pidió, por ejemplo, que incluyéramos en la sentencia la obediencia debida, que no tenía nada que ver porque estábamos juzgando a los que dieron las órdenes. A algunas cosas accedimos, como que Canal 7, que filmaba el juicio, diera imágenes pero no sonido.

“Pero Alfonsín jamás nos pidió nada. Una sola vez lo vimos. Creo que no fuimos todos, según recuerdo, Ledesma no quiso ir. Nino organizó una cena. Vivía en la esquina de Bustamante y Juncal. Yo no lo conocía a Alfonsín. Nos llamó la atención a todos su humildad, el respeto que nos prodigaba. Nos dijo que él era un abogado de provincia, que tenía una suerte de temor reverencial por los jueces. Nos preguntaba cosas del juicio y nos agradeció lo que estábamos haciendo. Nos contó sus miedos; incluso, que él no sabía si el personal que lo estaba custodiando lo cuidaba o lo estaba vigilando, y que muchas veces se levantaba sobresaltado a la noche por las presiones militares.

“Cuando decidimos abocarnos esa fue, sin duda, una decisión bisagra. Otra fue cómo planificamos el juicio. Fueron reuniones de seis, siete horas, discutiendo en la sala de acuerdo. Ahí nos encerrábamos todos los días. Otra decisión fue aprovechar el Código de Justicia Militar y hacer un juicio oral. Después, coincidir en que no les podíamos imputar todos los hechos. Eso lo armó la fiscalía, que hizo un gran trabajo con la selección de casos paradigmáticos.

“Por un lado, tenés que probar que [los acusados] ordenaron el sistema, pero después tenés que seleccionar y probar cada uno de los casos. Esa fue la decisión crucial, lo de los casos paradigmáticos.

“En Tribunales nos miraban como bichos raros. Yo creo que no había conciencia real de lo que había pasado.

“Nosotros nos abocamos en octubre, las defensas nos presentaron recursos extraordinarios inmediatamente y el expediente se fue a la Corte. De octubre a diciembre, hasta que resolvió la Corte, fuimos armando el esquema del juicio y los grupos de trabajo. El 1° de febrero ya le corrimos vista al fiscal para que imputara los hechos concretos. Lo hizo y los llamamos a todos a indagatoria. Dictamos las prisiones preventivas, les pedimos a la defensa y a la acusación que presentaran las pruebas y la audiencia empezó el 22 de abril.

“Carlos tenía una frase que decía ahí, en la sala de acuerdo: ‘Nosotros tenemos que actuar como un rayo entre las hojas’, aludiendo a la rapidez. Eran tiempos muy difíciles. Alfonsín sube en diciembre del ‘83. El juicio se hace en el ‘85 y en el ‘86 empiezan los movimientos militares, los malestares. En el ‘87 es Semana Santa [el levantamiento militar que encabezó Aldo Rico contra el avance de las causas]. ¿Qué hubiera pasado si demorábamos?

“Nosotros en 1986 hicimos el juicio de Camps y ahí ya se empezó a pudrir. Empezamos el juicio de I Cuerpo y el de ESMA. Si Rico no se hubiera levantado, la ESMA la hubiéramos juzgado nosotros en 1987, en tres, cuatro meses. Hubiera sido un recorte, sin la profundidad que tuvo después, pero hubiera estado juzgada en el ‘87 y el Primer Cuerpo lo mismo. Pero estuvo el alzamiento militar y ahí la Corte nos pidió el expediente. Nos paró el juicio y el Congreso sancionó la obediencia debida, que la Corte convalidó.

“Ese auto se nos acerca”

“Durante el Juicio a las Juntas hubo muchas medidas de seguridad. No pasó nada grave, pero el Gobierno tenía mucho miedo. Nos puso custodia a cada uno. Una de las primeras veces que iba en el auto, por la 9 de julio, el custodio saca la pistola. Le digo: ‘¿Qué hace?’ Y me contesta: ‘Ese auto se nos acercaba’. El comisario que revisaba la sala del juicio quería cambiarnos el estrado. Estábamos de espaldas a la calle Uruguay. ‘No podemos garantiza que no haya francotiradores del otro lado’, nos dijo. No aceptamos. Al principio tuvieron cortada toda la zona de Tribunales.

“El fin de semana previo al inicio del juicio debe haber sido uno de los de más desasosiego que recuerde en mi vida. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a poder controlar la audiencia? Después vinieron los testimonios. Salíamos conmovidos, indignados, los comentábamos entre nosotros. Aunque estábamos muy focalizados en el trabajo, no hay coraza para eso. Fueron meses de una enorme presión.

“El momento fue la sentencia. Todo estuvo planificado, íbamos construyéndola. Semana a semana cerrábamos cada uno de los hechos. Fue un trabajo bestial: 14 meses, sin internet, sin máquinas eléctricas.

“La sentencia tenía 20.000 cuestiones de hecho, un disparate. Porque quisimos cumplir el Código de Justicia Militar para evitar nulidades. Fueron Carlos y Jorge Valerga los que dijeron: ‘Lo vamos a hacer”. Andrés les contestó: “Imposible”. Contrataron dactilógrafos y recolectaron como 30 de todos los juzgados. Desalojaron la sala de audiencias y pusieron a los 30 tipos con los hechos. “Venimos bárbaro”, le decían a Andrés. Mentira. No habían ni empezado. Pero llegaron.

“El fin de semana previo a la sentencia fue intensísimo. El lunes la dictábamos y trabajamos sábado y domingo hasta las 11 de la noche. El domingo no nos poníamos de acuerdo con las penas. Con las que no eran perpetuas era muy difícil porque hay dentro de los montos una gran discrecionalidad. Era importante que el fallo saliera por unanimidad. Fue una discusión intensa. Estuvimos desde las 9 hasta el mediodía. No avanzábamos, entonces nos fuimos a comer una pizza a Banchero, en Talcahuano y Corrientes, y seguíamos discutiendo. En un momento se acercaron las posiciones y Carlitos anotó los montos en una servilleta y dijo: ‘Estamos todos de acuerdo. Para que no se reabra’. Y creo que hasta nos hizo hacer una media firma.

“Ahí nos equivocamos. Las penas debieron haber sido sustancialmente más altas [las condenas fueron perpetuas para Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, pero a Roberto Eduardo Viola le dieron 17 años, a Armando Lambruschini, ocho, y a Orlando Agosti, 4 años y 6 meses; los otros cuatro fueron absueltos]. Nosotros no pensamos que iba a ser la única sentencia, sino que iba a ser la primera y quisimos dar una imagen de ecuanimidad. Hoy carece de importancia, el tema era poder dictarla y esclarecer los hechos.

“El lunes ya la tarea dura estaba hecha. Queríamos firmar de una vez. Carlos tenía el despacho enfrente del mío. Me cruzo y me dice: ‘Nosotros no podemos decir nada más que las penas’. Ahí surge la idea de hacer una ‘introducción al dispositivo’, que vendría a ser como una pequeña síntesis de la sentencia, para que se pueda leer algo antes de decir la pena. Sustancialmente la hizo él. Y después estuvimos muchas horas con la compaginación de la sentencia. Íbamos a leerla a las cinco. Pero nos dijeron que por el satélite, por la posibilidad de transmitir al exterior, teníamos que esperar una hora más. Lo hicimos a las 6. Fue la culminación de una tarea muy, muy estresante.

“Decidimos juntarnos después, pero no había nada preparado. La llamo a mi mujer: ‘Vamos a casa’. Nosotros seis más Julio [Strassera] y Luis [Moreno Ocampo] nos juntamos tipo 2.30 y nos quedamos 12 horas, hasta las 7 de la mañana del otro día. Fue como una catarsis, el momento de decir: ‘Bueno, pudimos”. Fue el desahogo. Al amanecer, Torlasco fue a comprar los diarios. Volvió y los leímos juntos”.

Gil Lavedra, hoy

Ricardo Gil Lavedra tenía 35 años cuando empezó el Juicio a las Juntas. Hoy tiene 72. Dejó la Cámara Federal en 1987 y en 1988 Alfonsín lo nombró secretario de Interior. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue ministro de Justicia. Como abogado, sus defensas fueron variadas; desde Alfonsín, De la Rúa, Gabriela Michetti y el fiscal José María Campagnoli -en su juicio político-, hasta Diego Maradona. También asesora a provincias y a grandes empresas. Fue diputado nacional y desde este año preside el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

La Cámara Federal, el mismo tribunal que él integró, dictó el mes pasado un fallo que abre la puerta a que se investigue un hecho de los ‘70 que la Justicia hasta ahora considera prescripto: el ataque de Montoneros al comedor de la Policía Federal.

“Es una cuestión compleja”, dice Gil Lavedra. “La Corte en el caso de Lariz Iriondo dijo que no. Son crímenes gravísimos, sin dudas. El caso del comedor es terrible y el discurso público reivindicatorio de estas organizaciones armadas me parece muy malo. Las organizaciones armadas eran criminales. Eso está en nuestra sentencia. Pero yo tengo una opinión absolutamente restringida en estos casos: creo que no hay que salirse de la ortodoxia tradicional.”