Revelan que 18 salvadoreños murieron ejecutados por el gobierno de Nayib Bukele desde marzo

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A finales de abril, el Congreso de El Salvador acordó la ampliación por un mes más del “régimen de excepción”. Se trata de una medida que suspende los derechos a la libre asociación y reunión, a la defensa y la detención administrativa de un plazo máximo de 3 a 15 días. Y no solo eso. La medida también suspende la correspondencia y telecomunicaciones sin orden judicial.

El ”régimen de excepción”, según expertos, ha permitido las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad, impulsadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Hasta finales del mes de abril, la cifra de detenidos superaba los 19.000 ciudadanos, la mayoría presuntos miembros de pandillas o personas vinculadas a estas.

Tan solo en el mes de abril, sumaron tres días consecutivos en los que el Gobierno de Bukele efectuó más de 1.000 detenciones, según informes oficiales. Organismos no gubernamentales critican que decenas de personas han sido víctimas del “régimen de excepción” impuesto por el primer mandatario, en la cruzada que el presidente salvadoreño ha descrito como “guerra contra las pandillas”.

Las corporaciones en defensa de los derechos humanos acotan que no hay detalles claros de cuántas de las personas pertenecen a las mafias, ni tampoco tienen certeza del plan para reinsertar a esos presuntos delincuentes a la sociedad.

La organización Cristosal ha referido que, al menos 18 casos de personas que fueron puestas bajo custodia de la justicia salvadoreña, murieron ejecutadas como “responsabilidad del Estado”, ya que estaban bajo vigilancia de agentes estatales. Hace una semana, la misma dependencia reveló que recibieron 555 denuncias de violaciones a los derechos humanos, la mayoría referentes a detenciones arbitrarias.

El Gobierno de Bukele ha logrado bajar la ola de homicidios en el país, pero la ola criminal sigue, misma que ha cobrado la vida de más de 80 personas en tres días a finales del mes de marzo. Pese a la violación de los derechos humanos y el nulo seguimiento a las recomendaciones internacionales, el primer mandatario ha referido que es “necesario ampliar la suspensión de derechos constitucionales”.

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