Represores condenados piden el arresto domiciliario por el coronavirus

Hernán Cappiello

El coronavirus trajo aparejada una catarata de pedidos de excarcelaciones y arrestos domiciliarios de los presos que están detenidos por casos de violaciones a los derechos humanos, investigaciones de corrupción y causas relacionadas con delitos comunes. La razón esgrimida por los detenidos es la misma: el riesgo sanitario al que están expuestos intramuros por su edad o sus enfermedades preexistentes ante el avance de la pandemia.

La lista de quienes pidieron ser excarcelados o tener arresto domiciliario incluye a Ricardo Jaime, enjuiciado por enriquecimiento ilícito y condenado por la tragedia de Once, y también a los represores Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías y Jorge Raúl Etchecolatz. Ellos son algunos de los presos condenados por violaciones a los derechos humanos que hicieron sus pedidos a los tribunales orales o a la Cámara de Casación.

Jaime, de 65 años, le pidió al Tribunal Oral Federal N° 6 su libertad, pero, aunque se la concedan, de todos modos está disposición de otros jueces por su condena en la causa de la tragedia de Once.

En el caso de los represores, Astiz tiene menos de 70 años -la edad a partir de la cual los presos pueden pedir su arresto domiciliario-, pero tiene cáncer de próstata y esa es la razón por la que argumenta que debe estar en su casa, ya es que es particularmente vulnerable al coronavirus. "El Ángel" pidió a los jueces de la causa ESMA que tomen una decisión con respecto a su futuro.

El Tribunal Oral Federal 5, que lo condenó, dispuso que se convoque a una junta médica para evaluar su situación antes de tomar una decisión.

Astiz cumple dos condenas a prisión perpetua -ambas dictadas por el TOF 5- en la cárcel de Ezeiza.

La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, ordenó la semana pasada a los tribunales la "urgente tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes".

También estableció "la adopción con carácter urgente y en forma conjunta de un protocolo específico para la prevención y protección del coronavirus COVID-19 en contexto de encierro".

La Casación debe resolver el caso de Acosta, que pidió el mismo beneficio.

Los defensores oficiales de Etchecolatz, exgenocida condenado, que fue director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del general Ramón Camps durante la dictadura militar, pidieron que se le otorgue arresto domiciliario, considerando que en mayo próximo cumple 91 años y su salud es frágil.

Etchecolatz cumple condena a prisión perpetua, producto de una condena unificada de varios juicios por violaciones a los derechos humanos.

Guglielminetti también tiene más de 70 años y está en la misma situación.

Los presos por delitos comunes también están pidiendo su excarcelación. Por ejemplo, hoy hubo una audiencia virtual de los jueces de la Cámara Federal de Casación por una detenida de Santa Fe con HIV a la que le falta una pierna. Pidió su excarcelación o su prisión domiciliaria.