La represión en Cuba, Venezuela y Nicaragua lleva a 1123 los presos políticos en América Latina

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La policía detiene a un manifestante antigubernamental el domingo 11 de julio de 2021 durante una protesta en La Habana, Cuba
La policía detiene a un manifestante antigubernamental el domingo 11 de julio de 2021 durante una protesta en La Habana, Cuba

MEDELLÍN.– La imagen es tan impactante que se convirtió en un ícono de la libertad en el continente. El joven Luis Robles, barbijo en la boca, gorro de invierno en la cabeza y mochila a la espalda, levanta con ambas manos un pedazo de cartón con la leyenda “Libertad! No+Represión. #Free-Denis”, escrita a mano en homenaje al rapero rebelde Denis Solís, encarcelado en aquel entonces.

Robles actuaba sin violencia y con una entereza que lo hacía parecer un gigante en el transitado bulevar habanero de San Rafael.

Pasó un año y el que ahora está preso es este joven de 29 años, que acaba de ser juzgado junto a casi un centenar de sus compatriotas en una cadena de represión con la que el régimen castrista ha querido cerrar el año de la forma más ejemplarizante. El empuje de la represión cubana tras el estallido social del 11 de julio ha pulverizado la barrera de los mil presos políticos en América Latina, todo un récord para la región en este siglo.

La gente protesta frente al Capitolio en La Habana, Cuba, el domingo 11 de julio de 2021
La gente protesta frente al Capitolio en La Habana, Cuba, el domingo 11 de julio de 2021


La gente protesta frente al Capitolio en La Habana, Cuba, el domingo 11 de julio de 2021

Según la organización Prisoners Defenders (PD), son 712 prisioneros políticos verificados en la isla al terminar el año. A ellos se suman los 244 presos políticos que habitan las mazmorras de Nicolás Maduro en Venezuela, según el Foro Penal. Y los 167 que organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) contabilizan en Nicaragua.

En total, 1123, una cifra que se superará en los próximos días con los primeros recuentos del año.

“Debido a la aterradora represión del régimen cubano contra los manifestantes del 11-J, 2021 sea probablemente el año con más presos políticos en lo que va del siglo. Este es un retroceso desolador que ningún gobierno genuinamente comprometido con los derechos humanos puede ignorar”, señala a LA NACION Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch (HRW).

La arremetida de diciembre en Cuba ya es histórica: un centenar de manifestantes pacíficos bajo amenaza de sentencias de hasta 25 años, sin pruebas y soportando condiciones atroces en las cárceles.

“Incluso hay 14 niños detenidos que se enfrentan a cargos de sedición, que es un delito político contra la seguridad del Estado. Once de ellos están en prisión en tan malas condiciones que sus padres han vendido sus celulares para pagar su comida y enviarles medicamentos. Uno de ellos sufre hepatitis”, denuncia a LA NACION la activista Salomé García Bacallao.

Agentes de la Policía Nacional Bolivariana, en la entrada del Helicoide, la temida sede del Sebin
Agentes de la Policía Nacional Bolivariana, en la entrada del Helicoide, la temida sede del Sebin


Agentes de la Policía Nacional Bolivariana, en la entrada del Helicoide, la temida sede del Sebin

Entre los más de 700 presos de la isla también se encuentran figuras reconocidas como el rapero contestatario Maykel Osorbo, uno de los creadores del himno Patria y Vida; el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, o el disidente José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Todos ellos sufren problemas de salud tras distintas protestas y huelgas de hambre.

Con el mismo objetivo trabajan las revoluciones en Venezuela y Nicaragua, países en los que 2021 cierra con una cascada de vulneraciones de los derechos. Los familiares de Javier Tarazona, presidente de la ONG Fundaredes, han reiterado su preocupación por el estado de salud de quien durante años informó al mundo sobre la connivencia entre las guerrillas colombianas y el chavismo en territorio venezolano.

En huelga de hambre se encuentra el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, un militar ejemplar que fue detenido en 2018. Este preso político ha solicitado la visita in situ de una comisión de la ONU a través de una carta pública, en la que denuncia los malos tratos constantes que sufre en su celda, denominada la “casa de los sueños”, en la sede de la Contrainteligencia Militar.

“La máquina represiva se mantiene pese a las restricciones por la pandemia que impidieron las manifestaciones masivas. Este año se detuvo a personas específicas que al poder le interesaba neutralizar. Las torturas y tratos crueles prosiguen y se han incrementado los casos de desapariciones forzadas. En Venezuela los presos políticos son fichas de cambio que el poder usa en negociaciones políticas para obtener ventajas”, señala Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.

ARCHIVO - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo (Archivo)
ARCHIVO - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo (Archivo)


ARCHIVO - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo (Archivo)

Nicaragua, al igual que Cuba, disparó este año su cifra de presos políticos, en este caso para que Daniel Ortega triunfara en la parodia electoral construida por el sandinismo.

La caza y captura de rivales políticos ha llenado las mazmorras del régimen, que no ha dudado en multiplicar los malos tratos contra dirigentes, estudiantes, activistas, periodistas y líderes campesinos. En especial contra cuatro mujeres, que como el cubano Luis Robles, ya son un símbolo.

La excomandante revolucionaria Dora María Téllez, la activista Tamara Dávila y las dirigentes renovadoras Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona cumplen seis meses en celdas de castigo, incomunicadas, interrogadas casi todos los días, sin mantas en sus celdas heladas y con una hora de sol a la semana.

Contra Vijil, además, volvieron a arremeter en diciembre: un alto oficial de la policía entró en su celda, de madrugada y borracho, para agredirla. Su familia y organizaciones de derechos humanos han exigido que la Cruz Roja pueda reconocerla.

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