REPORTE ESPECIAL-Un fiscal anticorrupción hondureño pone en la mira al presidente, pero no termina bien

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Por Drazen Jorgic

TEGUCIGALPA, 29 oct (Reuters) - El 24 de junio de 2019, Luis Javier Santos, un fiscal anticorrupción, encabezó un equipo de ocho investigadores que llegaron en vehículos sin distintivos para una audaz redada matutina. Su objetivo: el palacio presidencial de Honduras.

Los investigadores ya tenían evidencia que sugería que personas cercanas al presidente Juan Orlando Hernández habían robado fondos del Gobierno, según Santos.

Ahora, querían saber qué tan cerca del núcleo de la administración los llevaría su investigación. Los documentos del Gobierno en el palacio, creían, podrían mostrar si los altos funcionarios, incluido el presidente, estaban involucrados en el soborno y podrían apuntar a otras tramas aún por descubrir.

La operación, cuyos detalles no se habían informado antes, terminó en un punto muerto.

En la puerta del palacio, dijo Santos a Reuters, el personal presidencial bloqueó a la mayoría de los investigadores, lo que permitió que sólo él y dos de sus colegas ingresaran.

Pero durante las siguientes 12 horas, mientras funcionarios del Gobierno telefoneaban repetidamente para pedirle que se retirara, Santos obtuvo documentos que lo llevarían a formular cargos penales contra 11 funcionarios, incluida una hermana del presidente, por presuntos delitos relacionados con el desvío de 5 millones de dólares en efectivo de fondos públicos.

Los cargos, detallados en un documento que Santos presentó en febrero ante la Corte Suprema, aún no han llegado a juicio, y no está claro si lo harán. El tribunal, dominado por los aliados de Hernández, debe otorgar permiso antes de que los fiscales puedan acusar a funcionarios públicos.

La presidencia de Honduras no respondió a las solicitudes de Reuters para discutir el allanamiento, los cargos solicitados por los fiscales o las acusaciones contra Hernández, sus familiares y asistentes.

La redada y la lucha de Santos para enjuiciar a quienes busca acusar es fundamental para una batalla en curso entre la elite y un embrionario movimiento anticorrupción, posiblemente de corta duración, en Honduras.

La corrupción y la impunidad de la poderosa clase dominante han ayudado durante mucho tiempo a convertir a este país centroamericano en uno de los más pobres y desiguales del mundo.

La esperanza de cambio surgió recientemente cuando Honduras fue pionera en un experimento que le dio a un equipo de investigadores y fiscales de alto perfil amplia autonomía para investigar la corrupción.

Durante los últimos cuatro años, el equipo de Santos formó parte central de ese movimiento, encarcelando con éxito a legisladores, una ex primera dama y otras personas que alguna vez se consideraron intocables.

Pero a medida que los investigadores se acercaban a la cima del poder, se produjo una reacción violenta.

El año pasado, el presidente Hernández destituyó a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), un equipo de investigadores internacionales, reunidos por la Organización de Estados Americanos (OEA) y financiados por Estados Unidos y otros socios, que hicieron gran parte de la investigación por Santos y otros fiscales.

Los legisladores aprobaron proyectos de ley que redujeron las penas por condenas por corrupción y agregaron burocracia a los procedimientos para enjuiciar a funcionarios.

El fiscal general, aliado de Hernández recientemente desvió la atención del equipo de Santos, asignándole nuevas responsabilidades que incluyen buscar en los supermercados productos alimenticios vencidos.

"Están desarmando cada vez más al Ministerio Público de herramientas para combatir la corrupción", dijo José Agüero, un veterano exjuez en Tegucigalpa, la capital de Honduras.

En un momento de migración vertiginosa desde Centroamérica, los retrocesos tienen consecuencias más allá de Honduras y los países vecinos, donde esfuerzos similares para frenar la corrupción se han enfrentado a reveses.

Guatemala también expulsó a un respetado equipo de investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), dependiente de Naciones Unidas.

Las protestas estallaron en julio después de que el fiscal general despidió a un fiscal de alto perfil que estaba investigando al presidente Alejandro Giammattei. El gobierno de Guatemala dijo que el despido estaba justificado, alegando que el fiscal filtró información confidencial a periodistas.

Debido a que la corrupción golpea la economía y los ingresos públicos, los economistas, los científicos sociales y los propios migrantes la citan como una de las principales razones por las que las personas emigran. Cuando los lugareños ven que los privilegiados y poderosos se salen con la suya, crea una sensación de que el juego está siendo manipulado.

"Esa dinámica continúa afectando el potencial de crecimiento de la economía y las oportunidades económicas disponibles para los hondureños y desencadena la migración de muchas personas", escribió un relator especial de Naciones Unidas el año pasado, luego de una visita al país.

Una destacada organización no gubernamental, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), estimó que la corrupción en 2018 desvió hasta 2,700 millones de dólares, una cantidad equivalente al 12.5% del PIB nacional.

En San Pedro Sula, la capital comercial y la segunda ciudad más grande del país, un grupo de mujeres y niños acamparon recientemente al lado de una importante vía.

Varios contaron a Reuters que se habían mudado allí después de que los huracanes del año pasado -Eta e Iota- destruyeron sus hogares en el campo. No habían recibido ayuda del Gobierno y tienen poca fe en que puedan mejorar su situación sin salir de Honduras.

"Si tuviera la oportunidad, me voy a Estados Unidos", dijo Sara Zúñiga, de 18 años, junto a una carpa de lona.

Este año, los migrantes de Honduras están en camino a superar a todas las demás nacionalidades que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, excepto a los mexicanos.

En los 12 meses que terminaron el 30 de septiembre, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron a hondureños que intentaban cruzar sin permiso más de 308.000 veces, un récord anual.

El presidente Joe Biden, alarmado por la aglomeración y citando el vínculo entre la corrupción y la pobreza, planea apuntar gran parte de un paquete de ayuda de 4,000 millones de dólares para Centroamérica hacia la lucha contra la corrupción. Sin embargo, puede ser difícil conseguir que los gobiernos centroamericanos lo acepten.

El presidente Hernández es el objetivo de una investigación contra el narcotráfico en Estados Unidos.

"Tony" Hernández, hermano del mandatario, fue declarado culpable de tráfico de drogas por un tribunal de Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal a principios de este año.

El presidente ha negado haber actuado mal, pero advirtió en comentarios públicos que las acusaciones de Estados Unidos sobre sus supuestos vínculos con los narcotraficantes podrían obstaculizar la cooperación entre los países.

Las probabilidades de cooperación no le parecen buenas a Santos. Una vez organizó una huelga de hambre debido a investigaciones estancadas y apenas sobrevivió a un intento de asesinato después de pesquisar a miembros de la elite al principio de su carrera.

Hoy, Hernández cuenta con el apoyo de una mayoría política y un poder judicial aliado, incluida una Corte Suprema elegida cuidadosamente.

"Nos sentíamos optimistas", dijo Santos a Reuters, recordando la esperanza en Honduras luego de que un escándalo de corrupción, relacionado con supuestas irregularidades en la primera elección de Hernández como presidente, en 2015, obligó a la administración a atender los pedidos de medidas contra la corrupción. "Pero ya me siento cansado", agregó.

En septiembre, Reuters detalló cómo la participación de los funcionarios locales en el crimen organizado y la complicidad entre ellos en los escalones más altos del gobierno hondureño estaban devastando las economías rurales.

La larga y solitaria lucha de Santos ilustra cómo la corrupción generalizada y la incapacidad institucional para enfrentarla obstaculizan a Honduras e impulsan a muchos de sus ciudadanos a probar suerte en el extranjero.

"LA CORRUPCIÓN TIENE NOMBRE Y APELLIDO"

Santos, de 49 años, creció en un distrito industrial de Tegucigalpa. De niño, relató, se levantaba antes del amanecer para ayudar a su madre a cocinar frijoles y plátanos para venderlos a los empleados de una fábrica cercana.

En la pausa del almuerzo, los trabajadores comían debajo de un árbol en el patio de la familia. Incluso mientras estudiaba derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Santos aún se despertaba a las cinco para preparar las comidas.

En 1993, su padre, un trabajador del transporte, cayó enfermo. La familia, al no poder pagar una clínica privada, lo llevó a un hospital público, donde su estado empeoró. Con más pacientes y suministros insuficientes, las enfermeras lo trasladaron de una cama a una camilla en el suelo.

Murió poco después, dejando a Santos indignado por la falta de recursos. El robo de arcas públicas, dijo a Reuters, se convirtió inmediatamente en un problema personal. "El día que mi papá murió creo que es como el punto de partida", confesó.

Después de obtener su título de abogado, Santos se convirtió en juez de un tribunal inferior. Al principio, un asesino acusado le colocó una bolsa de dinero en efectivo, sugiriendo que Santos se la llevara en lugar de enviarlo a la cárcel.

Aunque Santos rechazó la oferta, poco después se sorprendió cuando el mismo hombre se le acercó en la calle, regodeándose de que otro funcionario aceptó el dinero y lo dejó en libertad. Dos años después, Santos ingresó al Ministerio Público.

Llevando casos en todo el país durante la próxima década, contó que fue testigo de más privaciones.

En 2007, un grupo de ciudadanos del noroeste de Honduras se quejó de que había desaparecido el dinero asignado por el Congreso para conectar la electricidad a su aldea. Santos rastreó los fondos hasta un alcalde local, que los había usado para comprarse autos. El alcalde fue declarado culpable y condenado a prisión.

Para 2008, Santos se había ganado respeto, pero estaba desilusionado y frustrado por una acumulación de investigaciones que los altos mandos se negaron a llevar a cabo, a menudo a instancias de políticos y funcionarios gubernamentales. Un día, él y un grupo de colegas, exigieron a la fiscalía general, a través de la prensa local, que avanzara en la investigación de más de 100 casos de corrupción estancados.

Cuando no obtuvieron respuesta, Santos y tres de sus colegas realizaron una huelga de hambre de 38 días frente al edificio del Congreso. Perdió 17 kilos, una quinta parte de su peso.

La huelga fue noticia, pero los casos no fueron procesados.

Unos meses después, Santos y sus colegas distribuyeron volantes para una asamblea pública en la que planeaban nombrar a los funcionarios que presuntamente recibían coimas por contratos de construcción municipales en San Pedro Sula. "La corrupción tiene nombre y apellido", decía el folleto.

A la mañana siguiente, mientras conducía al hijo de siete años de su exnovia a un entrenamiento de fútbol, ​​unos asaltantes atacaron su automóvil con balas de nueve milímetros. Santos protegió al niño, pero recibió cuatro balazos, perdiendo un riñón, su vesícula biliar y parte del hígado.

No pudo caminar durante meses. Los responsables del ataque nunca fueron encontrados.

Santos decidió huir. Con la ayuda de un destacado sacerdote jesuita, se asiló en España, donde obtuvo una maestría en derechos humanos. "Me quería olvidar de la abogacía", recordó.

El panorama político de Honduras cambió. En junio de 2009, un golpe derrocó al presidente izquierdista Manuel Zelaya. Porfirio Lobo, conservador, ganó la presidencia ese noviembre.

Los legisladores eligieron a Hernández, un aliado de Lobo, para presidir el Congreso. Desde ese cargo, el político preparó su propia candidatura a la presidencia y consolidó el poder del Partido Nacional, que aún controla la administración, a pesar de sus polémicas maquinaciones para dominar la justicia, reiterados escándalos de corrupción y supuestos vínculos con el narco.

Aprovechando tecnicismos aún en disputa, Hernández condujo al Congreso a destituir a cuatro magistrados de la Corte Suprema que se oponían a las iniciativas del Partido Nacional y reemplazarlos por jueces aliados.

La maniobra presagió los pasos que tomaría Hernández más tarde para realinear aún más a la corte y burlar los límites constitucionales contra su segundo y actual mandato como presidente, que finaliza en enero de 2022.

"El poder que ejerció él fue un poder casi absoluto", señaló Raúl Pineda, comentarista político y excongresista del Partido Nacional.

Santos regresó en 2012. "Sentí como que algo me faltaba", indicó. "Tenía que regresar".

El Ministerio Público le dio un trabajo procesando delitos de pequeña escala en un pueblo remoto. Sin embargo, al cabo de un año, estaba investigando la corrupción nuevamente.

Entre otros casos, procesó con éxito a un legislador del Partido Nacional y sus asociados por el colapso en 2013 de 150 viviendas nuevas construidas sin permisos.

En 2015, los medios hondureños informaron que los funcionarios del Gobierno habían robado más de 200 millones de dólares de las arcas de la seguridad social y utilizado parte de ellos para financiar la victoria presidencial de Hernández en 2013.

El gobernante y otros líderes del partido negaron conocer el origen de los fondos y dijeron que investigarían. Estallaron protestas masivas. Los manifestantes exigieron la renuncia de Hernández y pidieron la creación de un panel internacional de investigadores similar a la CICIG, respaldada por la ONU y que operaba en Guatemala.

Las protestas despertaron la esperanza de que incluso la clase política del país se hubiera dado cuenta de la omnipresencia de la corrupción y sus consecuencias.

"La corrupción en sí era el sistema", afirmó James D. Nealon, el embajador de Estados Unidos en el país en ese momento. "Cualquiera que alcance cierto estatus o estatura en Honduras ha pasado por un sistema corrupto".

Hernández acordó establecer el grupo de trabajo anticorrupción.

"ESTAMOS COLAPSADOS"

Con una financiación inicial de 5,2 millones de dólares de Estados Unidos, en enero de 2016 la OEA empezó a formar un equipo que llegó a tener unos 40 investigadores internacionales y personal relacionado. Juan Jiménez, exministro de Justicia y ex primer ministro de Perú, se convirtió en su coordinador.

Conocido por sus iniciales MACCIH, el organismo trabajó de inmediato para formar tribunales especiales y equipos legales, compuestos por hondureños y navegar por un sistema judicial notoriamente corrupto. Para examinar a los candidatos, revisaron sus antecedentes e hicieron pruebas de polígrafo.

Los investigadores impulsaron pesquisas rápidamente y necesitaban especialistas experimentados.

Santos, todavía fiscal titular dentro del Ministerio Público, para entonces estaba nuevamente en la mira de enemigos poderosos. Recibía amenazas regulares, dijo. Alguien irrumpió en su casa y robó una computadora. La institución lo equipó con guardaespaldas y un automóvil blindado.

Jiménez, jefe de la MACCIH, pidió a Santos que encabezara una nueva unidad fiscal y él accedió. Pasó fácilmente las pruebas de polígrafo y la verificación adicional, según tres funcionarios involucrados en el proceso.

Para 2018, las investigaciones de la MACCIH empezaron a arrojar resultados.

El equipo de Santos acusó al primero de lo que finalmente serían más de dos docenas de legisladores en funciones. Encarcelaron a Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Lobo, por cargos que incluyeron malversación de más de 700.000 dólares de fondos públicos.

Bonilla negó los cargos y apeló su condena de 2019. "No hay ninguna irregularidad de su parte", dijo a Reuters su abogado, Juan Carlos Berganza.

Juntos, Santos y los investigadores de la MACCIH permitieron a los tribunales hondureños por primera vez incautar los activos de objetivos poderosos, incluidas varias propiedades de Bonilla. "Fue un bombazo", comentó Jiménez.

Luego vino la reacción.

El Congreso aprobó una legislación que obliga a los fiscales, antes de acusar a cualquier funcionario del Gobierno, a buscar la aprobación previa de un tribunal especial que se considera ampliamente controlado por la actual administración.

Otra ley acortó las condenas por corrupción. Y una más generó retrasos en el enjuiciamiento de los legisladores, lo que les permitió prolongar los casos de corrupción durante años.

La Corte Suprema, controlada por personas designadas por Hernández, también falló en contra de los procesos por corrupción. En 2018, desestimó los cargos más graves que Santos había presentado contra 24 acusados, incluido un cuñado del presidente, y liberó a la mayoría de ellos de la prisión.

Posteriormente, excarceló a Bonilla, ordenó un nuevo juicio para la exprimera dama y ratificó la ley aprobada para reducir las condenas por corrupción.

"El poder judicial prácticamente es un poder subordinado a los deseos e intereses políticos del poder presidencial", opinó Víctor Meza, exministro de Justicia y fundador del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), un cuerpo de expertos en Tegucigalpa.

En un comunicado, la Corte Suprema dijo a Reuters que sus operaciones y toma de decisiones "dependen únicamente del Poder Judicial y su fuerza laboral". No respondió a preguntas sobre fallos específicos o acusaciones de que favorece al gobierno de Hernández y sus aliados.

Santos comparó el retroceso como "topar contra un muro". Pero siguió en ello.

Las indagaciones de los investigadores de la MACCIH los llevaron a examinar a Hilda Hernández, hermana del presidente, quien anteriormente se desempeñó como ministra de Comunicaciones y falleció en un accidente de helicóptero en 2017.

En 2019, el equipo de la MACCIH sospechó que ella había usado ilegalmente fondos del Gobierno con fines electorales, según la presentación de los fiscales ante la Corte Suprema después del allanamiento del palacio presidencial.

Las actividades de Hilda fueron las que llevaron a Santos a lanzar la redada, explicó.

Esa mañana, pocas personas ajenas al equipo de Santos sabían de la operación. Tratando de mantener un perfil discreto, el grupo se acercó a la entrada trasera del palacio. El personal presidencial prohibió la entrada a todos menos a Santos y dos asistentes.

"Les dije que yo no me salía de ahí si esa documentación no la entregaban", recordó.

Santos detalló que los miembros del personal presidencial le dijeron que podían ir a buscar los archivos que solicitó, pero que no se le permitiría ingresar más a las oficinas. No está claro si Hernández estaba en el edificio o quién estaba decidiendo cómo debían responder los ayudantes.

A medida que sucedían sus idas y venidas, varios ministros intentaron disuadirlos, Santos y un investigador de la MACCIH dijeron a Reuters. Los teléfonos cercanos sonaban con frecuencia, contaron, mientras altos funcionarios llamaban en un esfuerzo por detener la redada.

Santos y el investigador no revelaron la identidad de las personas que telefonearon.

En el transcurso del día, agregó Santos, su equipo obtuvo copias de contratos, cheques y otros documentos que este año los llevaron a pedir que se levantaran cargos contra 11 funcionarios de la administración del presidente Hernández.

Liderados por Hilda, alegaron, los ayudantes de Hernández desviaron cinco millones de dólares en efectivo de las arcas públicas y luego los usaron para financiar ilegalmente su exitosa candidatura a la reelección de 2017. Entre otros gastos, según el expediente judicial, los fondos financiaron el transporte de activistas progubernamentales a mítines y pagaron a más de 70 periodistas para que "emitieran opiniones favorables".

Una de las personas contra las que Santos solicitó que se levantaran cargos es otra asistente y hermana de Hernández: Gloria Vargas. Los fiscales dicen que Vargas usó fondos de una empresa fantasma que supuestamente robó dinero público para construir una casa en El Sauce, un exclusivo barrio de Tegucigalpa.

Vargas no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes de texto de Reuters.

En enero de 2020, Hernández se negó a renovar el mandato que permitía operar a la MACCIH, expulsando a sus investigadores de Honduras. La OEA, en un comunicado, lo calificó como "un paso negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad".

El equipo de fiscales de Santos se mantuvo intacto, pero con menor alcance, y ahora reporta a funcionarios de nivel medio del Ministerio Público. Sus jefes les han asignado tareas adicionales y les han despojado de un bono mensual que para algunos ascendía a casi la mitad del sueldo.

Un portavoz de la institución dijo que los fiscales aún cuentan con pleno apoyo para combatir la corrupción. El bono, añadió, fue específicamente para el trabajo de la MACCIH y se cortó porque el grupo se disolvió.

En febrero, poco antes de que Santos presentara la solicitud de enjuiciamiento ante la Corte Suprema, regresó al palacio para tomar declaración al presidente. Hernández, afirmó el fiscal, negó tener conocimiento de las supuestas acciones de sus hermanas y dijo que había delegado decisiones en ayudantes.

Una segunda persona familiarizada con el encuentro confirmó la reunión a Reuters.

Santos todavía está buscando permiso para proceder con las acusaciones. En junio, la Corte Suprema trató de rechazar algunos de los cargos, incluidos los señalamientos contra Vargas, y Santos apeló. Su equipo, indicó, continúa buscando pistas. Pero sin la ayuda de los investigadores de la MACCIH, sufre.

"Hay muchas líneas de investigación graves que no tienen analista financiero para poderlas investigar", confesó Santos a Reuters. "Estamos colapsados".

(Reporte adicional de Gustavo Palencia; Editado por Paulo Prada; Traducido por Diego Oré y Raúl Cortés Fernández; Editado en español por Javier López de Lérida)

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