Reporte: EEUU confiscará propiedades en West Palm Beach y Houston obtenidas con dinero presuntamente robado a PDVSA

El posible desfalco de más de 11,000 millones de dólares por parte de altos directivos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) durante la gestión de Rafael Ramírez, ha puesto sobre aviso a las autoridades estadounidenses.

Foto AP/Ronald Zak, Archivo

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, fiscales federales norteamericanos estarían listos para ejecutar el arresto de varios individuos, así como la confiscación de propiedades por el presunto saqueo de la petrolera.

Según se ha sabido, el gobierno de Barack Obama ha estado investigando al menos a una docena de venezolanos y se espera que para noviembre se presenten cargos en Houston contra algunos de ellos. Entre los implicados, se encuentran también algunos ex ejecutivos de PDVSA, sospechosos de haber aceptado sobornos por parte de intermediarios para adjudicar contratos a precios inflados.

Como resultado de esta acción, cerca de 20 propiedades podrían ser confiscadas tanto en la localidad de West Palm Beach, como en los suburbios de Houston.

Por otra parte, Suiza ha decidido retener unos 118 millones de dólares en activos de sus bancos, relacionados con esta trama, además de que ya envió unos 51 millones de dólares a las autoridades estadounidenses.

Los antecedentes

El reconocimiento de la culpabilidad del empresario venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández, admitida por el propio acusado la semana pasada en una corte de la ciudad de Houston, sería tan solo uno de los episodios de un extenso caso de sobornos y fraude fiscal dentro de territorio norteamericano.

Desde que Rincón Fernández fuera arrestado en diciembre de 2015 en su residencia a las afueras de Houston, hasta ahora que ha admitido su culpabilidad por los delitos de conspiración, asociación delictuosa para violar la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, y por haber realizado una declaración fiscal falsa en 2010, la justicia norteamericana ha ido cerrando el cerco, hasta llegar al que sería uno de los movimientos de activos más grandes en la historia de los Estados Unidos.

Tanto a este empresario, como al magnate petrolero de Florida, Abraham José Shiera Bastidas, se les acusa de lavado de dinero y de violación de la Ley de Prácticas Corruptas, que prohíbe el pago a funcionarios de gobiernos extranjeros para facilitar acuerdos comerciales.

El rastro del dinero

Los investigadores también están analizando las relaciones entre PDVSA y un grupo de compañías norteamericanas, incluidas Pratt & Whitney, General Electric Co. y Rolls Royce Holdings Plc., así como ProEnergy Services, una empresa radicada en Missouri. De igual manera, los fiscales han estado rastreando el dinero que ha fluido a través de entidades bancarias como Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Wells Fargo & Co.

Como agravante de esta situación, entre las personas investigadas se encuentran funcionarios del actual gobierno de Nicolás Maduro, empresarios prominentes en el país e individuos sospechosos de estar involucrados en tráfico de cocaína.

Este sería el resultado de una investigación comenzada hace ya tres años por parte del Departamento de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas (más conocida como DEA) y el FBI, pero cuyo análisis se remonta al año 2005.

Las acciones de estas tres instituciones coinciden con la acusación que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana ha realizado contra PDVSA y su presidente de entonces, Rafael Ramírez, por manejos indebidos de fondos, con un supuesto balance de 11,000 millones de dólares desfalcados.

El documento de 105 páginas presentado hace unos días ante los asambleístas asegura que se dan “todas las pruebas” de lo que sería el mayor caso de corrupción de la historia de Venezuela, con ramificaciones hacia otros países.

Desde su actual puesto en Naciones Unidas, Rafael Ramírez condenó la presentación de ese informe y aseguro que este se “fundamenta en mentiras y difamaciones”.