Renuncia secretario de Salud de Argentina tras revocarse protocolo de aborto

Manifestación por la legalización del aborto frente al Congreso Nacional en Buenos Aires, el 19 de febrero de 2019 (AFP/Archivos | Juan MABROMATA)

El secretario de Salud de Argentina, Adolfo Rubinstein, renunció este viernes tras la decisión del presidente Mauricio Macri de revocar un protocolo actualizado para abortos no punibles, horas después de su publicación en el Boletín Oficial.

El protocolo publicado el miércoles con la firma de Rubinstein desató una crisis entre los partidos socios dentro de la alianza gobernante Cambiemos.

Rubinstein, afiliado a la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), recibió el respaldo de su partido pero fue muy criticado por dirigentes del PRO, el partido de Macri, quien deja el poder el 10 de diciembre.

Luego de revocar el texto con un decreto, Macri tuvo un intercambio por Instagram con seguidores. "Fue una decisión unilateral (del secretario publicar el protocolo) y eso está mal, sin discutir el fondo de la cuestión y por eso la anulamos", alegó.

En 2018, el presidente había dado vía libre al debate parlamentario sobre la legalización del aborto pero luego cambió el rumbo y durante la reciente campaña electoral se pronunció "a favor de las dos vidas" (mujer y bebé) en búsqueda del voto más conservador.

En una carta de renuncia "indeclinable", Rubinstein sostuvo que durante su gestión tuvo "como una de las máximas prioridades tanto la protección como la ampliación de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, las personas con la capacidad de gestar y la comunidad LGBTQ+".

El exsecretario defendió la resolución ahora derogada y dijo que "se trata de una guía de actuación destinada a los médicos y los equipos de salud para darles certeza y protección en la realización de los procedimientos" en casos de interrupción legal del embarazo (ILE).

Entre otros puntos, el nuevo protocolo reconocía la autonomía de las adolescentes para decidir la interrupción de embarazo en los casos no punibles y estipulaba un plazo máximo de 10 días para que las entidades sanitarias respondan una solicitud de ILE.

En Argentina, los abortos son legales cuando la vida de la mujer está en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación.

La resolución que generó polémica pretendía actualizar un protocolo de atención para los casos no punibles, vigente desde 2015, aunque varias provincias se resisten a aplicarlo.