Remataron dos aviones de Lázaro Báez por menos de US$30.000

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El Learjet 35A usado ronda en el mercado los 500.000 dólares: fue subastado en 1,7 millones de pesos
Agencia de Administración de Bienes del Estado

Dos aviones que pertenecían al empresario Lázaro Báez, condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero, fueron vendidos en una subasta pública por el Estado en poco menos de 30.000 dólares y adquiridos por una empresa de taxis aéreos. Usados y en buen estado, el valor de ambos aviones superaría el millón de dólares. Los que intervinieron en la operación explicaron que el precio se debe al muy mal Estado en que se encuentran las aeronaves, al punto que fueron ofrecidos a una fuerza de seguridad que los rechazó tras entender que no podían volar y era muy caro reacondicionarlas, dijeron a LA NACION fuentes ligadas a la operación.

La subasta reactualiza una polémica que se da siempre en las causas penales donde se secuestran bienes valiosos: s i es conveniente dejarlos arrumbados durante décadas hasta que termine o avance lo suficiente el proceso y rematarlos, o dejarlos en uso -público o privado- administrados y resguardados por otras manos que no sean las de los sospechosos.

En este caso los aviones subastados son un Learjet35A LV-BPL, que se vendió en 1.772.535 pesos y un Rockwell Commander LV-MBY, que se vendió en 2.684.700 pesos. Ambas operaciones fueron realizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que preside Martín Consentino, sobre la base de las valuaciones que realizó el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

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De acuerdo con una fuente del mercado aeronáutico consultada por LA NACION, un Learjet usado puede ser conseguido hoy en 470.000 dólares, mientas que el Rockwell Commander, también usado, puede valer entre 600.000 y 750.000 dólares. Muy lejos de los 30.000 dólares que el Estado terminará recibiendo por ambas aeronaves.

Estos bienes eran parte del patrimonio de Austral Construcciones, que fue decomisado luego de que la Justicia probó que Báez realizó manobras de lavado de dinero que provenían de las corrupción de la obra pública que le otorgó el kirchnerismo y del fraude fiscal.

El Learjet35A, ahora ploteado de azul con le leyenda “bienes decomisados de la corrupción”, fue justamente el avión en el que se trasladó Lázaro Báez el 5 de abril de 2016 desde Río Gallegos a Buenos Aires, donde fue detenido apenas pisó la pista de aterrizaje, ante el temor de que pudiera fugarse de la Justicia.

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Los aviones eran propiedad de la empresa de taxis aéreos Top Air y otra firma de taxis aéreos que los adquirió ahora: LERPAS SA, que hizo la mayor oferta y tiene como accionista a Norberto Ardisone, de la empresa de la construcción Contreras Hermanos.

Las dos aeronaves estaban a la intemperie en el aeropuerto de San Fernando, deteriorándose. El Estado las habían intentado vender en dos oportunidades. Incluso una de ellas se la ofrecieron a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que evaluó que era muy caro recuperarlas. “Son chatarra, no pueden volar”, dijo una fuente oficial.

El LearJet 35A se ofreció en 1.697.535 pesos como precio de base y se vendió por 1.772.535 pesos y el Rockwell Commander modelo 690 se vendió al precio base de 2.684.700 pesos. Fue ofrecido cuatro veces antes sin suerte.

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Báez fue condenado el 25 de febrero pasado a la pena de 12 años de prisión por haber lavado alrededor de 55 millones de dólares provenientes de la corrupción. El fallo condenó a otras 22 personas incluidos el hijo de mayor de Báez, Martín (a nueve años de prisión), Leandro (a cinco años), Luciana (a tres años, con cumplimiento en suspenso) y Melina Báez (a tres años, con cumplimiento en suspenso), ya que aparecen como beneficiarios finales de las cuentas en Suiza por las que circuló ese dinero que fue blanqueado tras sucesivas operaciones en paraísos fiscales de América y Europa.

También condenaron al valijero Leonardo Fariña, a cinco años de prisión, y al contador Daniel Pérez Gadín, a ocho años de prisión, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos. Fueron también condenados el abogado Jorge Chueco, Fabián Rossi, César Fernández, Julio Enrique Mendoza, Eduardo Castro, Walter Sansot, Federico Elaskar (4 años de prisión), Martín Eraso, Claudio Fernando Bustos, Carlos Juan Molinari, Daniel Alejandro Bryn y Juan Ignacio Pisano Costa.

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El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal N° 4 con el voto de los jueces Néstor Costabel y sus colegas Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti, que de manera unánime entendieron que Báez lavó millones de dólares provenientes de la comisión de delitos.

Hubo, en cambio, disidencias en cuanto al monto de la pena y algunos encuadres. Por ejemplo, en el caso de la jueza López Iñiguez se pronunció por aplicar algunas penas menores y otras mayores a los responsables del sistema financiero. Otra particularidad de su voto es que consideró que la fuente del dinero lavado era la defraudación de Báez al fisco.

Otra diferencia es que debía aplicarse la ley de lavado anterior, que era más benigna que la actual, para juzgar aluno de estos hechos. Una última disidencia entre el voto de López Iñiguez y Pallioti con respecto al de su colega Costabel, es que este último se pronunció por absolver a tres de los acusados con un papel secundario en la maniobra y las juezas votaron por la condena.