¿Podrán las nuevas regulaciones europeas garantizar la sostenibilidad de las empresas?

<a href="https://www.shutterstock.com/es/image-photo/businessman-holding-green-heart-leaf-company-2115090443" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Kim Kuperkova / Shutterstock" class="link ">Kim Kuperkova / Shutterstock</a>

Desde la segunda mitad del siglo XX, los estudios sobre responsabilidad social empresarial han puesto de relieve la importancia de los problemas ambientales, sociales y de buen gobierno. En consecuencia, estos criterios (en inglés, environmental, social and governance, ESG) empezaron a ser incluidos de forma progresiva en los análisis financieros de las empresas.

Las estrategias de inversión ESG implican desde la eliminación de sectores éticamente cuestionables hasta la búsqueda de resultados sociales y medioambientales positivos. Los inversores pueden excluir empresas que hayan infringido gravemente la legislación laboral. También pueden reconocer la presencia de las compañías en los rankings de sostenibilidad que valoran, por ejemplo, las bajas emisiones en carbono. Pero también pueden hacerlo en función de las circunstancias del mercado. Es decir, de una forma no suficientemente sistemática.

Declaraciones de buenas intenciones

Conscientes de las fracturas que ha generado históricamente el sistema económico, y bajo el impulso de un complejo y multilateral organigrama institucional, se han elaborado diversas declaraciones de buenas intenciones.

Desde 1978, la Business Roundtable –asociación de líderes empresariales estadounidenses– ha defendido siempre la primacía del accionista. Pero en 2019, dicha asociación elaboró una nueva declaración sobre el propósito de las empresas: “a new Statement on the Purpose of a Corporation”. En ella se estableció un nuevo compromiso para dirigir las empresas en beneficio de todos.

En este comunicado, 181 directores generales defendieron el compromiso para transformar las relaciones con todos los grupos de interés: clientes, empleados, proveedores, comunidades y accionistas.

Es cierto que los directores generales trabajan para generar beneficios y devolver valor a los accionistas. Pero las compañías que ponen al cliente en primer lugar e invierten en sus empleados y comunidades parecen estar mejor gestionadas. Y eso garantiza el valor a largo plazo. Ahora el gobierno corporativo declara nuevos principios. Son, entre otros, el fomento de la diversidad, la inclusión, el trato justo y ético con los proveedores y el respeto a las comunidades.

¿Compromiso ambiental o greenwashing?

En una línea parecida, BlackRock –la mayor gestora de activos del mundo– ha defendido que los criterios ESG forman parte integral de sus operaciones. Las dimensiones ambiental, social y de gobernanza pueden contribuir al análisis financiero y a la inversión racional. El interés de una empresa por gestionar adecuadamente los riesgos ESG es una señal de compromiso con el largo plazo. Es decir, de sostenibilidad.

Para BlackRock, las empresas que gestionan bien los riesgos ESG se adaptan rápidamente a los cambios en los requerimientos sociales y ambientales. Son capaces de enfrentarse mejor a los nuevos reglamentos, minimizando el posible daño a su reputación.

Pero el CEO de BlackRock, Larry Fink, ha sido acusado de greenwashing o lavado verde. El lavado verde es una estrategia de legitimación que se produce cuando las empresas emiten voluntariamente informes de sostenibilidad para promover la impresión de tener valores sociales y medioambientales legítimos.

Bluebell Capital Partners –una firma de inversión activista británica– ha pedido la dimisión de Fink por hipocresía en los criterios ESG. ¿Por qué? BlackRock sigue siendo uno de los principales accionistas de empresas como Glencore y las mineras intensivas en carbón Exxaro, Peabody y Whitehaven.

Para Giuseppe Bivona, codirector de inversiones de BlueBell, “cuando el precio del carbón era de alrededor de 76 dólares por tonelada, BlackRock estaba hablando esencialmente de desinvertir. Ahora que el precio del carbón es de 380 dólares por tonelada, está hablando de propiedad responsable. Creo que hay una alta correlación entre la estrategia de BlackRock sobre el carbón y el precio del carbón”.

La nueva directiva europea de sostenibilidad

El 10 de noviembre de 2022, el Parlamento Europeo aprobó la propuesta de Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad. Esta norma pretende mejorar la rendición de cuentas de las empresas al obligarlas a informar regularmente sobre el efecto de su actividad en las personas y el medio ambiente.

La nueva directiva europea de sostenibilidad, aprobada por el Consejo el 28 de noviembre, está generando una gran expectativa. Implica que las compañías deben adaptarse a los cambios legislativos.

Muchas empresas han elaborado de forma voluntaria políticas de sostenibilidad, adelantándose a los reglamentos. Pero esta nueva directiva puede ser más ambiciosa. Recoge obligaciones más detalladas, que llevarán a las compañías a elaborar un exhaustivo mapa de riesgos, tanto en derechos humanos como en materia de emisiones. De no hacerlo, los afectados por las infracciones podrían exigir responsabilidades en forma de indemnizaciones o multas.

La diligencia debida de las empresas

El 23 de febrero de 2022 se publicó la nueva propuesta de Directiva sobre diligencia debida de la Comisión Europea. La diligencia debida es el esfuerzo razonable que se espera de una compañía para prevenir e identificar posibles riesgos en materias ambientales, sociales y de buen gobierno. Esta Directiva busca dar un paso adelante para homogeneizar los requerimientos de diligencia debida entre las compañías de los Estados miembros.

La diligencia debida tiene un impacto importante en las cadenas de suministro de las compañías. El incumplimiento de los criterios ESG puede implicar la rescisión de los contratos con aquellos proveedores que no cumplan con la política de sostenibilidad o la pongan en riesgo. La responsabilidad social de las empresas deja de estar en manos de las buenas intenciones y pasa a someterse a los requerimientos legislativos. Es decir, la sustitución de la buena voluntad por las exigencias legales.

Dichas exigencias conllevan la aplicación de importantes herramientas de evaluación, supervisión, mitigación de riesgos y corrección de potenciales efectos negativos sobre las personas y el medioambiente. Sin embargo, parece que tales exigencias han quedado debilitadas o descafeinadas por deficiencias “que corren el riesgo de impedir que la directiva logre el impacto positivo que las personas, el planeta y el clima necesitan urgentemente”.

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil temen la ausencia de las exigencias ciudadanas. Estas obligarían a las empresas a cartografiar con mayor precisión su cadena de valor, ahora cadena de actividades. De no hacerlo, quedarían sin supervisión aquellos puntos de la cadena donde se producen los daños más graves.

En la actualidad, el Parlamento está desarrollando su postura, que debería adoptarse en la primavera de 2023. A continuación, el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión entablarán negociaciones finales para adoptar la ley.

Las instituciones europeas ofrecen una esperanza regulatoria para ir más allá de decálogos de buenas intenciones y atractivos comunicados. Sin embargo, es razonable temer que la búsqueda de la competitividad en un escenario convulso vulnere la rendición de cuentas y el compromiso con los derechos humanos y el medio ambiente.