Registros muestran más pagos para vuelos de migrantes. ¿Adónde fueron a parar los $3.4 millones de la Florida?

El costo está aumentando para el programa de la Florida que reubicó a migrantes de Texas a estados de tendencia demócrata.

Mientras la administración del gobernador Ron DeSantis sigue ocultando detalles sobre el programa, los documentos muestran que se han hecho dos pagos adicionales al proveedor, lo que eleva el total gastado en la actividad aún no revelada a $3.4 millones.

Dos nuevas órdenes de compra, cada una de $950,000, se hicieron para pagos a la empresa Vertol Systems el 11 y el 17 de octubre, según el portal del estado que rastrea los pagos de los contratos. Se hicieron dos pagos anteriores por $615,000 y $950,000 —el 8 y el 21 de septiembre—, pero la oficina del gobernador solo ha contabilizado una parte de esos pagos.

En la línea que describe para qué fueron los pagos se lee “servicios de reubicación”.

Las repetidas preguntas de Miami Herald y de Tampa Bay Times respecto a las órdenes de compra han sido recibidas con silencio tanto por el Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) como por la oficina del gobernador.

A pesar de meses de solicitudes de registros públicos y de dos demandas pendientes de Florida Center for Government Accountability, (FLCGA), el estado solo presentó un registro que detalla cómo se gastaron los millones pagados a Vertol.

Una factura de UltimateJet Charters, con sede en Ohio, muestra que se le pagaron $153,000 por transportar a 49 inmigrantes en dos aviones subvencionados desde San Antonio a Martha’s Vineyard, en Massachusetts. No se ha revelado ninguna información respecto a los $3.3 millones restantes de fondos estatales aparentemente pagados a Vertol.

Los documentos muestran que la empresa de aviación con sede en Destin que ganó la lucrativa licitación se enfrentó a una competencia superficial cuando el estado solicitó ofertas en julio, pero la empresa tenía una poderosa conexión política.

Durante años, el hombre que el gobernador contrató para manejar el programa de reubicación de migrantes, Larry Keefe, representó a Vertol Company Systems como su principal litigante cuando todavía estaba en la práctica privada en su bufete de abogados de Destin. Después de servir como fiscal del Distrito Norte de la Florida, Keefe fue contratado por DeSantis para ser su “zar de la seguridad pública”.

Las dos órdenes de compra más recientes parecen mostrar que el estado le pagó a Vertol por la organización de vuelos que aún no se han producido.

¿Y los registros públicos?

Correos electrónicos y mensajes de texto obtenidos por el Miami Herald, el Tampa Bay Times y otras organizaciones de noticias muestran que la oficina del gobernador había planeado usar su programa de reubicación de migrantes para enviarlos desde Texas a los bastiones demócratas de Delaware —el estado que el presidente Joe Biden solía representar en el Senado federal — e Illinois.

Si el estado ha seguido alguno de esos planes de reubicación, no lo dice. El gobierno de DeSantis no solo no ha entregado los detalles de cómo se ha gastado el dinero del estado, sino que tampoco ha obligado a su contratista, Vertol Systems Company, a cumplir con la ley estatal que le exige entregar los registros relacionados con el proyecto.

Los documentos también muestran que Vertol recibió un pago por adelantado para realizar sus servicios relacionados con los vuelos de migrantes después de que FDOT obtuviera permiso para no aplicar una norma del departamento.

El director general de Vertol, James Montgomerie, fue demandado por FLCGA por negarse a entregar los documentos que la ley de registros públicos de la Florida exige a los contratistas.

En el testimonio judicial del martes ante la jueza del tribunal de circuito del Condado Leon, Angela Dempsey, Montgomerie declaró que nunca vio las órdenes de compra del estado, pero testificó que su empresa fue pagada por sus servicios.

Cuando la abogada de FLCGA, Andrea Mogensen, le preguntó cuánto le habían pagado, Montgomerie respondió: “No tengo las cuentas delante de mí, pero creo que fue parte de una solicitud de registros. [...] Creo que hemos tenido dos hasta ahora”.

Sin embargo, Mogensen señaló la ausencia de registros necesarios para dar cuenta de cómo Vertol gasta los fondos de los contribuyentes.

“No hay literalmente ninguna documentación sobre el alcance de los servicios prestados”, dijo al juez. “La factura se envió sin ningún parámetro del acuerdo, sin ninguna comunicación. Todos esos son registros que probablemente faltan”.

Niel FDOT ni la oficina de DeSantis quisieron responder a las preguntas sobre por qué se hicieron otras dos órdenes de compra por los $1.9 millones adicionales.

El presupuesto de los vuelos subvencionados a Martha’s Vineyard ascendía a unos $2,550 por pasajero, pero Vertol no reveló cuánto gastó en cada pasajero.

Además de los aviones, Vertol tuvo que pagar habitaciones de motel para los 49 inmigrantes sudamericanos reclutados para los vuelos del 14 de septiembre a Martha’s Vineyard, así como comidas, bolsas de lona y otros suministros de viaje, tarjetas VISA para gastos imprevistos y autobuses fletados de ida y vuelta a los aeropuertos.

Otros gastos habrían incluido los salarios y gastos de los reclutadores que Vertol contrató para encontrar migrantes en San Antonio, incluida la mujer que dirigía la operación, una ex agente de contrainteligencia del Ejército llamada Perla Huerta.

Los mensajes de texto y los correos electrónicos que se han hecho públicos revelan que semanas antes de que el estado firmara un contrato con Vertol, sus ejecutivos ya estaban en Texas con funcionarios de la Florida planeando la misión secreta. Los registros también muestran que antes de que el estado pudiera afirmar que estaba reubicando a los migrantes fuera de la Florida, tenía que llevarlos primero en avión al estado.

Investigación penal y demandas

El programa generó una investigación penal en Texas, una investigación federal y varias demandas, incluida una de migrantes que dicen que fueron engañados para embarcar en los vuelos con falsas promesas de puestos de trabajo y ayuda en el destino de los vuelos.

Esta semana, el programa fue objeto de más críticas legales.

El jueves, Southern Poverty Law Center, Leontire & Associates, P. C., y el Instituto de Justicia Penal de la Facultad de Derecho de Harvard presentaron una demanda federal en Miami en nombre de una coalición de organizaciones de inmigración alegando que el programa de reubicación de migrantes del gobernador viola la ley federal.

Argumentan que la partida presupuestaria que le permite al estado gastar $12 millones en fondos derivados del Fondo Estatal de Recuperación Fiscal del Coronavirus federal “para facilitar el transporte de extranjeros no autorizados de este estado” viola tanto la cláusula de supremacía como la cláusula de igualdad de protección de la 14ta Enmienda de la Constitución federal.

El estatuto “crea una definición incoherente de ‘extranjero no autorizado’ que es incompatible con las leyes federales de inmigración”, dijeron los grupos. “Esta designación mal definida puede incluir a personas cuya presencia en el país y en la Florida está autorizada por el gobierno federal, pero que ahora se arriesgan a ser acosadas por el mero hecho de querer entrar o permanecer en la Florida”.

“El programa de reubicación no es más que un costoso truco político diseñado para alimentar las ambiciones políticas del gobernador DeSantis con una dieta de acoso xenófobo y patrocinado por el Estado”, dijo Ronald S. Sullivan Jr., director del Instituto de Justicia Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

Shalyn Fluharty, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice, dijo que el programa de reubicación del gobernador requiere que FDOT contrate a empresas de transporte que no tienen ni la autoridad ni la capacitación para reubicar a los migrantes.

“El presidente y el Congreso tienen el deber de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración”, dijo Fluharty. “Los esfuerzos del gobernador para crear un sistema de inmigración separado y competitivo, administrado por el estado, impide la capacidad del gobierno federal para hacer su trabajo y socava nuestra democracia”.

A principios de la semana, los demandantes en una acción colectiva presentada en Massachusetts modificaron su demanda contra DeSantis para incluir al jefe de personal de DeSantis, James Uthmeier, y Keefe y Huerta.

El viernes se emitieron citaciones para que Huerta, Keefe, Montgomerie y Uthmeier sean interrogados en ese caso.