Reforma para dar seguridad social a jornaleros es apenas ‘un curita’, dicen especialistas

Andrea Vega (@EAndreaVega)
Jornalera caminando en campo de Sonora

En México, más de 97% de los jornaleros agrícolas, poco más de 2.9 millones de personas, no tienen seguridad social, así lo documenta la iniciativa de ley para otorgar este beneficio a los trabajadores del campo eventuales o permanentes, que la Cámara de Diputados aprobó este 2 de octubre y que ahora pasó a la de Senadores para su análisis y aprobación.

El dictamen atiende una demanda esencial de uno de los sectores más marginados y explotados del campo: contar con seguridad social. Pero lo aprobado por los diputados es “tan general” y “deja tantos pendientes” que podría ser apenas “un curita frente a un gran problema”, afirman Antonieta Barrón, académica de la Facultad de Economía de la UNAM, quien desde hace 30 años hace investigación sobre el tema de los jornaleros agrícolas en México, e Isabel Margarita Nemesio, coordinadora general de la Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA).

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Estos jornaleros son trabajadores temporales que se dedican a la siembra, cosecha, recolección y preparación de productos del campo. Hay dos tipos: los locales y los migrantes. Los primeros trabajan en su región de origen, mientras que los segundos se desplazan de sus hogares a otras zonas para laborar y obtener un ingreso.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registra que en el segundo trimestre de 2017, había 2 millones 990 mil 049 jornaleros, de los cuales 10 % eran mujeres. Pero a esa cifra, señala Barrón, hay que sumarle el de las familias que los acompañan, entonces el número de quienes migran a los campos agrícolas crece hasta 9 millones.

La Ley Federal del Trabajo reconoce la figura de los trabajadores estacionales o jornaleros, pero hay un divorcio entre lo legal y la realidad, tal como se asienta en la misma iniciativa de ley para dotarlos de seguridad social, que presentó el diputado de Morena, Francisco Javier Borrego.

“Este tipo de trabajadores no está bien remunerado, el trabajo es eventual, no hay vacaciones, ni reparto de utilidades, ni pago de horas extras, ni jubilaciones, y pocos son los que reciben proporcionalmente aguinaldo y prima vacacional”.

Los empresarios, señala el documento, “violan las garantías mínimas al propiciar y permitir la carencia de contratos colectivos de trabajo, el empleo de menores, las condiciones de hacinamiento, la exposición a agroquímicos y la existencia de guardias blancas”.

Sin embargo, y pese a todos esos atropellos, la iniciativa aprobada por los diputados apenas modifica el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

Con la reforma, se establece que el trabajador estacional o eventual del campo, podrá ser sujeto de aseguramiento del régimen obligatorio de seguridad social cuando presten, en forma permanente o eventual, con carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones.

El documento remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que la prestación de la seguridad social a que tienen derecho los empleados del campo se debe garantizar; no obstante, “en la práctica se encuentran dificultades para su pleno goce”.

Así de generales son los cambios que se plantean, dice Barrón. La economista e investigadora se refiere a que las condiciones de trabajo de los jornaleros son tan precarias e inestables que hace falta tener una regulación muy precisa para poder beneficiarlos.

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Por ejemplo, Barrón señala que mientras no se reforme el artículo 154 de la Ley del Seguro Social, que exige tener 1,250 semanas cotizadas ante el IMSS para tener derecho a una pensión por vejez, los jornaleros no podrán acceder a este beneficio. Al ser su trabajo temporal y estacional, el promedio de días que logran trabajar al año, de acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria del INEGI, son 110 o 120. “A ese ritmo les llevaría 50 años de trabajo poder pensionarse”.

Margarita Nemesio de REJJA coincide con que deben modificarse las semanas que se les exige cotizar a los jornaleros, porque la estacionalidad del trabajo, pero también las malas prácticas no les permite alcanzar el número solicitado. “Muchos patrones los dan de alta cuando saben que habrá operativo o frente a una eventualidad, pero luego los dan de baja”.

Barrón da otro ejemplo de por qué no se puede hacer una iniciativa general. Respecto al acto por el que se les da trabajo y la naturaleza del patrón, explica que en ocasiones los trabajadores suelen reunirse en un punto para esperar a que alguien llegue a ofrecerles jornal.

“Llega un señor en un camión y dice a ver 35 trabajadores, se suben, trabajan un día, les pagan y no firman ningún papel y solo saben que fueron al predio tal a tantos kilómetros de x lugar, pero quien sabe quién es el patrón y no les pagan con una hoja”.

Nemesio subraya que los jornaleros están sujetos a un trabajo cada vez más discrecional y a destajo, en el que no se contempla ni un rubro de los que están en las leyes.

Con esos esquemas operando, lo que se debería hacer, dice Barrón, es “los del IMSS deben ir hasta donde están los trabajadores, decirles vayan a la delegación que vamos a poner en San Quintín, por ejemplo, los vamos a dar de alta y les vamos a dar un número de seguridad social. Después la Secretaría del Trabajo debería vigilar que se les pague con un número y que lo tengan que reportar los patrones”.

Por su parte, agrega la investigadora, la Secretaría de Agricultura debería calcular cuántos jornaleros se necesitan por hectárea de cierto cultivo y sobre este estimado podría cobrar una cuota a los empleadores.

“Pero no existe esa coordinación necesaria porque en realidad no hay voluntad política para apoyar a los jornaleros agrícolas y tampoco van los políticos a los campos para ver las condiciones reales de los trabajadores y saber qué necesitan”.

En este sentido, Nemesio señala que para aplicar la ley en favor de los jornaleros hace falta un diagnóstico, porque ahora no se sabe exactamente ni cuántos son, ni cuántos realmente tienen seguridad social, ni hay un mapeo de las formas de contratación o de movilidad.

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“Ahorita hay familias de Tlapa Guerrero que estuvieron trabajando en Michoacán, ahora están en Coahuila y en 15 días se van a Sinaloa, si esa movilidad y lo que implica no está radiada en las iniciativas de ley, pues son un mero curita”, asegura.

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