La reforma a la procuración suma rechazos de entidades profesionales

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Eduardo Casal
Prensa Senado

El Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario expresó su rechazo a la reforma de la procuración general de la Nación que impulsa el gobierno de Alberto Fernández y advirtió que un cambio de ese tipo pondría en riesgo la independencia de los fiscales. Se sumó así a una larga lista de instituciones que se oponen al proyecto que fue aprobado en el Senado y se tramita ahora en la Cámara de Diputados.

“La pandemia no nos da tregua. Los números de contagiados y muertes causa escalofríos. La pobreza e indigencia aumenta y los porcentajes de quienes quedaron sin trabajo requiere urgentes políticas de estado. Pensar en esta situación en reformas al sistema judicial o a la ley del Ministerio público es inoportuno”, señaló la entidad en un comunicado firmado por su presidente, Humberto J. Bertazza, y la secretaria, Marta Nercellas.

Consideró que el proyecto “contempla modificaciones que agravian principios constitucionales”. Y citó la Constitución de 1994, que exige que el Ministerio Público sea un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. “La propuesta de reforma pone a los fiscales que lo integran bajo el seguimiento y control de una comisión bicameral permanente ante la cual deberán rendir cuentas de lo actuado; tres de sus miembros integrarán el jurado para sus designaciones; y por añadidura, en caso de vacancia del Procurador General pueden nombrar quien lo sustituya sin plazo para su permanencia en el cargo y sin otra opinión que la que proviene de ese órgano político”, indicó.

Y añadió: “Modifican el porcentaje de miembros del senado que son necesarios para designarlo. Los 2/3 que la actual ley requiere no es caprichoso, sino que está pensado en la necesidad de consenso para su designación: no debe ser un funcionario de un partido político, sino que será necesario el acuerdo con las fuerzas minoritarias”. Por eso, sentenció que con esas modificaciones “lejos de afianzar la exigencia constitucional de independencia, por el contrario, lo hacen dependiente de la política partidaria con todo lo que ello implica”.

El Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario insistió con el pedido a los legisladores de que “no aprueben una ley que no respeta los principios esenciales que regulan un organismo de la trascendencia del Ministerio Público Fiscal”. Y concluyó: “Sin fiscales independientes es imposible pensar en una Justicia que sí lo sea”.

El oficialismo logró aprobar esta semana el dictamen de comisión del proyecto en cuestión, pero no tiene por el momento número suficiente para habilitar el tratamiento en una sesión y para convertirlo en ley. A la férrea postura de Juntos por el Cambio contra la reforma se han sumado la mayoría de los diputados que integran los otros bloques opositores de la Cámara.

En sentido similar al Centro de Estudios en lo Penal Tributario se habían pronunciado en los últimos días la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Club Político Argentino, entre otras instituciones.

“El avance de la política sobre el Ministerio Público Fiscal, atento el poder que a partir del régimen acusatorio detenta sobre la acción penal puede generar su conversión en una espada del poder político del gobierno de turno para perseguir opositores, o en un escudo para asegurar la impunidad de quienes faltaren a la ley”, dijo la FACA. El Colegio de la Ciudad consideró que la iniciativa que se discute en la Cámara baja “amenaza seriamente la independencia funcional (del Ministerio Público) garantizada por la Constitución”. Y el Club Político Argentino advirtió que la reforma, de aprobarse, sería “gravemente perjudicial para los equilibrios institucionales consagrados en nuestra Constitución”.

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