Una reforma errada desde lo simple hasta lo complejo

Una necesaria y urgente reforma al sistema de justicia en México implica discutir temas técnicos y complejos. Sin embargo, la complejidad de lo que se debe discutir no debería ser obstáculo para que se aborden aquellos aspectos de la reforma que son sencillitos. Bajo esta lógica el presente artículo propone una rápida reflexión de la reforma judicial, que va de lo fácil a lo difícil.

La primera y sencilla pregunta es si aquello que se propone es materialmente viable. Mas allá de si es o no deseable, la pregunta sería ¿Se puede? La respuesta es casi una caricatura1. Imaginemos por ejemplo lo que pasaría en el estado de Guerrero donde se renovarían 174 puestos de la justicia local.

Bajo la fórmula propuesta en la iniciativa presidencial, esto significaría que la gente erigiría de entre 1,044  2 candidatos y candidatas. Además, más de 3 millones de personas pertenecientes a 81 municipios que están dentro del 21ª circuito judicial deberán elegir de entre otros 1,110 candidatos para llenar 37 puestos federales. Es decir, el día de la elección un ciudadano o ciudadana tendrá en su mano 2,154 nombres de entre los cuales elegir a juzgadores. El dictamen busca mejorar la iniciativa y propone que por lo menos a nivel federal esta votación se haga en dos tandas. Los estados podrán decidir cómo hacer lo propio. Aun ejecutado en mitades las personas deberían elegir de entre 1,077 candidatos y candidatas.

Sobra argumentar lo absurdo de la situación y más vale preguntarnos ¿qué sucedería en la práctica? Ante la imposibilidad material de conocer a la numerosa candidatura hay dos posibilidades. O la gente no vota y la elección se define con la participación de aquellos pocos que tienen interés en que gane una u otra persona, o bien la gente vota masivamente por quien le dijeron que eligiera. En la práctica y simplemente por razones logísticas, la reforma propuesta entrega la justicia federal a los partidos políticos y la justicia local a los grupos de poder del lugar. En muchos casos esto significa entregar la justicia local a la delincuencia organizada.

Retomando la lógica de lo fácil a lo difícil, la segunda pregunta fundamental a preguntarse ante la iniciativa es: ¿Cómo es que soluciona el problema de la justicia en México? Para saber si una acción soluciona un problema hay dos elementos indispensables. Primero se debe entender cuál es el problema e identificar qué no funciona. Luego se debe entender cómo la acción propuesta modifica aquello que no funciona.

Diagnósticos sobre por qué no funciona la justicia en México hay muchísimos. La iniciativa ignora los diagnósticos existentes y nombra como problema únicamente la corrupción judicial de manera genérica. Deja de lado no solo los profundos problemas con las fiscalías y la policía, sino que ignora el funcionamiento del poder judicial y los mecanismos que hacen posible la corrupción.

La iniciativa tampoco logra explicar cómo solucionará los problemas que identifica pues su argumento es débil. No se mejora a las instituciones de justicia, sino que se apuesta por colocar una institución endogámica en manos de personas buenas. La candidez de creer que la corrupción se soluciona otorgando poder discrecional a personas buenas, obliga la sospecha de que las intenciones no son tan buenas.

¿Se puede? Y, ¿cómo solucionar el problema? Son preguntas fáciles a las que les siguen una larga lista de preguntas difíciles. ¿Será la votación directa un medio adecuado para combatir la hegemonía interna del poder judicial o habrá medios de mayor rigor técnico para introducir mayor pluralidad en un sistema anquilosado? ¿Qué mecanismos empoderan a la ciudadanía frente al poder judicial sin mermar la autonomía del criterio de una jueza o juez? Etc.…

Con la reforma judicial propuesta y bajo la lógica que busca ir de lo fácil a lo difícil, no llegamos a estas discusiones complejas. La iniciativa no pasa de las primeras y más simples preguntas. Y sin embargo, a pesar de toda lógica, avanza. La iniciativa es errada por razones simples. Lamentablemente sus consecuencias económicas, políticas y sociales serán de vasta complejidad.

*Margarita Griesbach es coordinadora de la Clínica Jurídica de Derechos de la Infancia Ibero-CDMX y consultora independiente.

1 José Ramón Cossío hace una clara exposición del absurdo logístico que implica la reforma en su participación en Aristegui Noticias del 16 de julio, 2024. 

2 Datos extraídos del INEGI: Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023.