La reforma constitucional en El Salvador puede consolidar la "concentración de poder", dice HRW

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San Salvador, 1 nov (EFE).- La organización Human Rights Watch sostuvo este lunes en una publicación en su portal web que la reforma constitucional que busca el Gobierno de Nayib Bukele "podría consolidar la concentración de poder" en El Salvador.

"Dado el récord de la Asamblea de Bukele, es razonable temer que utilizará la próxima reforma constitucional para consolidar la toma de poder por parte del Ejecutivo", dijo para la publicación el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

Indicó que "en tan solo seis meses, los legisladores oficialistas han debilitado gravemente el sistema básico de pesos y contrapesos democráticos, y han permitido que Bukele concentre aún más poder en sus manos".

A juicio de HRW, "el proyecto de reforma no aborda problemas crónicos de derechos humanos en El Salvador, como el uso abusivo de la prisión preventiva, los altos índices de violencia e impunidad, la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y la falta de protección a los derechos de las mujeres".

Dicha propuesta de reforma fue preparada por el vicepresidente del país, Félix Ulloa, por designio de Bukele, quien manifestó posteriormente que no presentaría a la Asamblea las modificaciones que puedan dar pie a la despenalización del aborto.

El pasado 1 de mayo tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista y su primera decisión fue cesar a los magistrados constitucionalistas de la Corte Suprema y al fiscal general con quienes el presidente se había enfrentado en varias ocasiones.

Ese mismo día, eligió a los sustitutos, entre ellos abogados del director de la Policía Nacional Civil y un exasesor jurídico del Gobierno.

HRW señaló que el Congreso "adoptó medidas para socavar el Estado de derecho y archivó proyectos que habrían representado avances significativos en la protección de derechos fundamentales".

Como ejemplo menciono el envío al archivo de iniciativas que buscaban despenalizar el aborto cuando sea generado por una violación, esté en riesgo la vida de la mujer y el feto presente complicaciones graves para la vida extrauterina, además de la propuesta de una ley de identidad de género.

También señaló que se aprobó una ley que otorga "inmunidad" a funcionarios gubernamentales y contratistas relacionados con la atención de la pandemia de la covid-19.

Además, subrayó que al momento de la destitución del fiscal general Raúl Melara, este "estaba investigando a varios funcionarios gubernamentales" por "presunta corrupción en compras de emergencia".

(c) Agencia EFE

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