La desinformación sobre la extradición en Ecuador rodea el referendo convocado por Lasso

Ecuador decidirá el 5 de febrero de 2023 en un referendo sobre seguridad, política y medioambiente si permite la extradición de sus ciudadanos, prohibida por la Constitución, cuando estos sean requeridos en otros países por delitos vinculados al crimen organizado transnacional, como el narcotráfico. La discusión ha generado afirmaciones engañosas en redes sociales, como que la reforma convocada por el presidente Guillermo Lasso permitiría la extradición del exmandatario Rafael Correa (2007-2017), asilado en Bélgica. AFP Factual consultó con expertos los alcances que tendría la enmienda.

"VOTAR SÍ en la CONSULTA POPULAR para aprobar la EXTRADICIÓN y que Rafael Correa sea llevado directo a USA", dice una de las entradas compartidas decenas de veces en Facebook (1, 2).

Otras publicaciones (1, 2) califican a la consulta como "mañosa", pues "no es necesaria" para ordenar una extradición, argumentando que el expolicía ecuatoriano Germán Cáceres fue "extraditado" el 3 de enero pasado desde Colombia sin haberse aprobado el referendo.

Captura de pantalla de un tuit realizada el 16 de enero de 2023

El referendo convocado por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, plantea ocho preguntas relacionadas con reformas en seguridad, política y medioambiente, a las que los ciudadanos deberán responder 'Sí' o 'No', en cada caso.

Expertos consultados por la AFP explicaron que la consulta ha generado interpretaciones erróneas en redes sociales del alcance de medidas como la aprobación de la extradición para ecuatorianos que comentan delitos transnacionales.

Extradición de ecuatorianos

La propuesta sobre la extradición de ecuatorianos figura en la primer pregunta:

"¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 1?".

En el mismo enunciado se explica que, de acuerdo con el artículo 79 de la carta política, la extradición de ecuatorianos "está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes".

En cambio, la extradición de ciudadanos extranjeros que se encuentren en territorio ecuatoriano sí está permitida. Así ocurrió, por ejemplo, en 2019, con un ciudadano de nacionalidad venezolana que fue entregado a Estados Unidos.

De acuerdo con el abogado ecuatoriano Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional, se trata de una "protección" a los connacionales concedida desde la Carta Magna de 1946.

Lo que busca el referendo es enmendar la Constitución para añadir una "excepción a la regla", dijo Quintana a AFP Factual, y permitir la extradición de ecuatorianos cuando se trate de delitos relacionados al "crimen organizado trasnacional".

Esa categoría de crímenes no está plenamente delimitada, según la ONU, justamente para "permitir una aplicación más amplia" a los nuevos tipos de delito "que emergen constantemente".

"La extradición es para quienes delinquen utilizando estructuras o métodos internacionales combinados con los nacionales y no solo se limita al narcotráfico sino también tiene que ver con delitos como: obtención ilegítima de dinero y lavado de activos", explicó el 11 de enero de 2023 el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Esta propuesta se da en medio de una oleada de violencia desatada por el narcotráfico, que en su disputa por el poder ha desatado masacres carcelarias y un alto índice de criminalidad.

"Creen que con esto se puede facilitar el combate al crimen organizado, reconociendo tácitamente que tenemos problemas en la administración de la justicia para procesar y juzgar a estas personas adecuadamente", explicó a la AFP Salim Zaidán, abogado con formación en Derecho Constitucional.

Además de limitarse a este tipo de delitos, la extradición de ecuatorianos se daría solo "de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales ratificados por Ecuador", dicen los anexos del referendo.

Asimismo, no procederá en ningún caso cuando la solicitud de extradición se haya presentado "con el fin de perseguir o sancionar a una persona por razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, ideología u opiniones políticas", o cuando existan razones para creer que la persona extraditada "estaría en peligro de ser sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes".

No tendría efecto sobre Correa

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue condenado en abril de 2020 a ocho años de prisión en su país tras ser hallado responsable de recibir sobornos a cambio de entregar contratos públicos a diversas empresas, entre las que fue mencionada la brasileña Odebrecht.

La Justicia ecuatoriana emitió una orden de captura en su contra y pidió la notificación roja de Interpol para lograr su detención en Bélgica, donde el exmandatario reside desde 2017. Sin embargo, su extradición no se ha dado porque el país europeo le otorgó asilo político.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa da una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo, en Bruselas, el 9 de octubre de 2019 ( AFP / Kenzo Tribouillard)

En ese sentido, la reforma constitucional que plantea el referendo no tiene efectos sobre la situación de Correa en Bruselas, pues no se trata de un ciudadano que esté en territorio ecuatoriano y sea requerido por otro país, sino al revés.

"En este caso, el requerimiento habría que hacerlo a Bélgica, pues depende de dónde está radicado el ciudadano. La reforma aplicaría para los nacionales que se encuentran en territorio ecuatoriano y son requeridos por la justicia de otro país por haber cometido uno de estos delitos trasnacionales", precisó Zaidán.

Así lo señala también el abogado Quintana: "La condena de Correa fue en Ecuador, no en Estados Unidos. Y si así fuera, sería ese país el que pediría la extradición directamente a Bélgica".

Tampoco cambiaría la posibilidad de una extradición de Correa hacia Ecuador. "La Constitución actual permite que Ecuador le pida a Bélgica la extradición. Y eso ocurrió. Pero Bélgica lo negó porque consideró que la condena contra Correa obedecía a razones de orden político", indicó.

Confusión con el caso de Germán Cáceres

El 3 de enero de 2023, Colombia entregó a Ecuador al expolicía Germán Cáceres, investigado por el asesinato de su esposa dentro de la escuela policial donde trabajaba en Quito.

Cáceres había sido detenido el 30 de diciembre de 2022 en Palomino, en el departamento colombiano de La Guajira (norte), tres meses después de haber huído de Ecuador.

Su deportación sirvió a algunos usuarios en redes sociales para argumentar que el referendo sobre la extradición es "innecesario".

Pero, de nuevo, se trata de una interpretación errónea, pues la enmienda busca permitir extraditar, por ciertos delitos trasnacionales, a los ecuatorianos radicados en Ecuador. Cáceres, en cambio, estaba en Colombia y era requerido por su país por un crimen común.

"Hay que distinguir entre la extradición activa y la pasiva. La primera es cuando yo pido que otro país me envíe a una persona que ha cometido un delito en mi territorio. Esto ya se puede hacer en Ecuador. Lo que no está permitido es la extradición pasiva de connacionales, es decir, enviar un ecuatoriano a ser juzgado por otro país", explicó el abogado Quintana.

En todo caso, los juristas consultados por la AFP precisaron que Cáceres no fue "extraditado", sino "expulsado" de Colombia. Así lo indicó en su momento la autoridad migratoria colombiana.