Redada policial contra jefe de la Asamblea legislativa de Rio

Policías antimotines apostados frente a la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro durante una protesta el 6 de diciembre de 2016 (AFP/Archivos | Yasuyoshi Chiba)

La policía brasileña desencadenó el miércoles una operación contra el poderoso jefe de la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro (Alerj) y la mayoría de los integrantes del Tribunal de Cuentas (TCE-RJ) del estado, por presunto desvío de fondos públicos.

La Policía Federal (PF) cumplió una orden de conducción forzada para interrogatorio del presidente de la Alerj, Jorge Picciani, y de detención de cinco de los siete miembros del Tribunal de Cuentas, indicó la estatal Agencia Brasil.

La PF, sin identificar a los investigados, señaló que todos son sospechosos de formar "parte de un esquema de pago de ventajas indebidas que puede haber desviado de forma regular valores de contratos con organismos públicos para agentes del Estado".

Las informaciones sobre esa red fueron dadas por dos de sus miembros, en el marco de un acuerdo de delación premiada, precisó la Policía Federal.

Picciani, de 62 años, es miembro del partido de centroderecha PMDB, que gobierna Rio desde hace una década y al que pertenece el presidente Michel Temer.

Esta operación es una ramificación lejana de la investigación Lava Jato, sobre pagos de sobornos por parte de grandes constructoras a partidos y políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras.

Picciani era hasta ahora uno de los pocos mandamases de Rio que habían esquivado la marea de denuncias que arrasa Brasil desde el lanzamiento en 2014 de Lava Jato.

El exgobernador Sergio Cabral (2007-2014), con quien mantuvo una estrecha alianza, está encarcelado desde noviembre pasado, bajo cargos de corrupción, formación de banda criminal y lavado de dinero.

Otro exgobernador, Anthony Garotihno, fue brevemente detenido el noviembre, acusado de compra de votos.

Menos de un año después de los Juegos Olímpicos, el estado de Rio acumula meses de atraso en el pago a sus funcionarios. En enero, negoció una ayuda del gobierno federal, a cambio de medidas de austeridad y de la promesa de privatizar su servicio de aguas.

Ese pacto fue denunciado en marchas multitudinarias, que en muchos casos derivaron en enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.