Un recurso frena nuevamente el avance del proceso por la masacre de 1.000 salvadoreños

San Francisco Gotera (El Salvador), 31 oct (EFE).- Un recurso de la defensa de uno de los militares procesados por la masacre de 1.000 civiles a manos del Ejercito en 1981, a inicios de la guerra civil (1980-1992), frenó este lunes una diligencia de declaración de testigos, mientras que la querella exige que el caso pase a juicio y no se siga dilatando.

El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en el oriental departamento de Morazán, programó el inicio de la diligencia para escuchar a los primeros cinco testigos de un grupo de 20.

Sin embargo, la defensa del general retirado y ex ministro de la Defensa Guillermo García presentó la tarde del pasado viernes un recurso en el que solicitaba que el imputado estuviera presente, a pesar que se encuentra hospitalizado y con custodia policial por otro caso.

El tribunal había programado originalmente que dicha diligencia se desarrollara entre el 18 y 21 de octubre, pero fue aplazada, lo que significó una pausa más en el caso, en el que no se cumplen audiencias desde hace más de un año.

Según explicaron abogados de las víctimas, la jueza del caso, Mirtala Portillo, anunció que resolvería este mismo lunes la petición de García, por lo que la diligencia podría iniciarse el martes.

UN PROCESO "DAÑADO" POR LA DILACIÓN

La pausa de más de un año en las audiencias en el caso, en el que son acusados de crímenes de lesa humanidad más de una docena de mandos militares retirados, se dio luego de la polémica destitución del juez Jorge Guzmán por un decreto de la Asamblea Legislativa que cesó a juzgadores mayores de 60 años.

De acuerdo con David Morales, abogado de las víctimas y miembro de la organización humanitaria Cristosal, esta destitución es la que ha generado el mayor daño al proceso desde que se reabrió en 2016, tras más de 20 décadas estancado por una ley de amnistía.

"El daño más grave reciente lo ha hecho el régimen (de Nayib) Bukele y su Corte Suprema de Justicia al destituir al juez Jorge Guzmán", dijo Morales a EFE.

La Asamblea Legislativa salvadoreña, de amplia mayoría oficialista, reformó la Ley de la Carrera Judicial y cesó a los jueces con 30 años de servicio o 60 de edad.

Entre estos se encontraba el juez Guzmán, quien ordenó en septiembre de 2016 la reapertura de la causa tras la anulación de una ley de amnistía de 1993 y pidió a la Fiscalía que investigara si Bukele habría cometido algún delito al bloquear una serie de inspecciones en los archivos militares.

Diferentes sectores, incluido el Gobierno de Estados Unidos, ha señalado que al frente de la Corte Suprema se encuentran magistrados "leales" al Ejecutivo de Bukele y que fueron nombrados en un proceso irregular tras la destitución de sus antecesores.

Morales agregó que la dilación del proceso también "es un esfuerzo de la defensa de los acusados (...) para buscar neutralizar el caso, para que no llegue a término y garantizar la impunidad".

"Ha sido una estrategia permanente de la defensa desde que inició el proceso" y también "es la dilación general la que preocupa".

Agregó que en "la década de la guerra hubo la más absoluta impunidad" y luego se impusieron 23 años de amnistía por culpa del Estado".

"Cuando el caso finalmente se reabre hace 6 años y hay un juez que lo impulsa, este juez es destituido arbitrariamente por el régimen Bukele, que promovió un decreto de purga judicial que ha ejecutado la Corte Suprema", recalcó.

Indicó que "en el transcurso de estos seis años han muerto tres imputados que eran altos jefes militares y un número importante de víctimas que han muerto" sin que se haya pronunciado una sentencia por el caso.

UN CASO "DEPURADO"

Morales también afirmó que el caso cuenta con las pruebas suficientes para que pase a juicio y exigió que se agoten en los próximos meses las últimas diligencias "básicas" para "que sea pronta la elevación a plenario (juicio).

"Hay prueba suficiente, prueba sólida y creemos que el caso está suficientemente depurado, como dice la ley, para que pasemos a la etapa final de debate de prueba", indicó.

El proceso se rige con el Código Penal de 1973, vigente al momento de la masacre, y el juez anterior también aplicaba la norma vigente, pero se desconoce si el caso en su etapa final se realizará con jurado o ante un tribunal colegiado.

A diferencia de las audiencias desarrolladas bajo la tutela del juez Guzmán, la nueva jueza del caso decidió negar el ingreso a la prensa, a pesar que el caso no posee reserva.

(c) Agencia EFE