Dan recomendación por enfrentamiento entre comerciantes y policías

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TOLUCA, Méx., abril 11 (EL UNIVRSAL).- Por uso excesivo de la fuerza pública para desalojar comerciantes de la zona centro de la capital mexiquense, en agravio de siete personas que resultaron lesionadas, la Comisión de Derechos Humano del Estado de México emitió la recomendación 3/2021 al Ayuntamiento de Toluca.

La Codhem recibió escritos de queja por presuntas violaciones a derechos humanos, por lo que procedió a investigar los hechos ocurridos el 22 de abril de 2020, durante un operativo realizado por autoridades y policías de Toluca, para el cierre de comercios no esenciales y el retiro de vendedores en el centro de la ciudad.

En el desalojo de comerciantes realizado hace casi un año, en el inicio de la pandemia por Covid-19, de acuerdo con la información recabada por la Codhem, seis personas fueron agredidas y detenidas por policías municipales y posteriormente fueron llevadas a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se inició el proceso penal en su contra y se determinó su traslado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Ese mismo día durante el desalojo "una persona más fue víctima de agresiones físicas atribuibles a elementos de la corporación policiaca del Ayuntamiento de Toluca", indicaron autoridades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

"La investigación de la Codhem concluyó que fueron vulnerados los derechos de las personas a no ser sometidas al uso desproporcionado de la fuerza pública y a ser protegidas contra toda forma de violencia", indicaron autoridades.

La Recomendación 3/2021 dirigida al Ayuntamiento de Toluca establece que deben "gestionar la atención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento médico requerido por las siete víctimas, especialmente para una de ellas a fin de constatar que la violencia de que fue objeto no dejará secuelas en su persona".

Como medidas de no repetición, autoridades de Toluca deben capacitar, profesionalizar y sensibilizar a las personas servidoras públicas de hacer cumplir la ley; así como elaborar e implementar un protocolo de actuación especializado que señale las funciones y obligaciones de los elementos policiacos municipales y de quienes estén en formación y adiestramiento, para evitar la violación a los derechos humanos.