Reclamaciones legales de última hora presentadas por deportados debido al sistema de asesoramiento ‘caótico’ durante la detención, advierten abogados

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Las personas que enfrentan la deportación debido al sistema de asesoramiento legal “caótico” en los centros de deportación están presentando demandas legales de última hora, advirtieron los abogados.

Charity Detention Action dice que las personas que enfrentan la expulsión del Reino Unido están "en riesgo de muerte", ya que "rutinariamente se les niega" el acceso adecuado a la justicia antes de su expulsión.

Las advertencias contradicen las recientes afirmaciones del secretario del Interior de que los "abogados activistas" están utilizando "tácticas de último momento" para "retrasar e interrumpir" intencionalmente las devoluciones de personas sin casos válidos.

El gobierno se enfrenta a un desafío legal por su prestación de asesoramiento legal a los inmigrantes detenidos, con afirmaciones de que el sistema actual obliga a las personas a depender de abogados "menos que competentes" para representarlos.

En el marco del Programa de Asesoramiento de Deber para Detenidos (DDAS), el gobierno contrata a varios bufetes de abogados para que asistan a cirugías de asesoramiento legal en centros de deportación en toda Inglaterra, durante las cuales los detenidos pueden recibir hasta 30 minutos de asesoramiento legal gratuito independientemente de su elegibilidad financiera.

Detention Action dice que el esquema está contratando asesores legales "sin experiencia" para brindar este asesoramiento, y que los errores cometidos por los abogados son "a menudo imposibles" de corregir antes de expulsarlos del Reino Unido, lo que los pone en riesgo de enfrentar un "daño irreparable".

Los exdetenidos dijeron a The Independent que los abogados que fueron asignados bajo el esquema no hicieron "nada" para ayudar con su caso durante semanas y fue solo cuando las ONG intervinieron para ponerlos en contacto con un abogado externo que pudieron impugnar sus instrucciones de expulsión.

Una mujer de 45 años, a quien recientemente se le otorgó el estatus de refugiada, dijo que el abogado al que se le asignó cuando se inscribió en el DDAS por su detención en Yarl's Wood en 2019 no hizo nada para ayudar con su caso legal.

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La ciudadana de Botswana, que huyó de los abusos violentos de su familia, dijo: “La segunda vez que tuvimos una reunión, me dijo que pensaba que mi caso no era sólido, así que tenía que irme a casa”.

“Tenía mucho miedo de volver a casa. Dejé de comer. Empecé a pensar en suicidarme. Estaba pensando, en cualquier momento podrían venir a buscarme. Realmente afectó mi salud mental".

Después de seis semanas, momento en el que le habían entregado instrucciones de deportación, la mujer habló con otro detenido que le sugirió que se pusiera en contacto con la organización benéfica Medical Justice, que la puso en contacto con Duncan Lewis Solicitors, que, a su vez, se hizo cargo de su caso. Posteriormente se canceló su expulsión.

“Estoy muy agradecida por estas dos organizaciones. Antes de eso, no recibía ninguna ayuda. Necesitan dar más información a los detenidos. Si no hubiera hablado con ese detenido, no habría encontrado a nadie que me ayudara”.

En las presentaciones ante el tribunal, Detention Action informa sobre una serie de casos de detenidos que, después de recibir poca o ninguna ayuda de su abogado de la DDAS, finalmente obtuvieron un consejo alternativo, generalmente con la ayuda de una ONG, a veces solo días u horas antes de su expulsión programada.

Bella Sankey, directora de Detention Action, dijo: “Durante los últimos tres años, el Canciller ha reducido el sistema de asesoría legal en los centros de detención a un caos, al contratar a muchas firmas sin experiencia y no calificadas para brindar el complejo asesoramiento requerido y luego dejarlas sin supervisión”.

“Lo que está en juego no podría ser mayor, ya que el acceso a la justicia se les niega rutinariamente a las personas que enfrentan la muerte o la tortura si son deportadas injustamente. Los tribunales y las buenas empresas que se especializan en este difícil trabajo deben lidiar con las consecuencias de estas costosas fallas".

Rakesh Singh, del Public Law Project, que actúa para Detention Action en el caso, dijo que si bien había algunos abogados de inmigración "trabajadores" en la DDAS, muchos de los bufetes de abogados a los que se les adjudicaron contratos en 2018 "no tenían antecedentes".

“El problema es que hay empresas que no están haciendo lo que les han contratado y pagado, lo que tiene serias consecuencias para el resto del sistema. El Canciller puede tomar medidas para asegurarse de que el sistema funcione correctamente, pero no ha logrado hacer nada efectivo al respecto”, agregó.

Detention Action declara en sus presentaciones judiciales que se ha permitido a los bufetes de abogados continuar brindando asesoramiento legal en virtud de la DDAS a pesar de que las revisiones de pares han encontrado "preocupaciones serias" en su práctica. También existe la preocupación de que algunos no tengan las calificaciones o la autoridad para llevar a cabo el trabajo de revisión judicial, que a menudo es el único recurso legal que tiene un detenido.

Pierre Makhlouf, director legal de Bail for Immigration Detainees, dijo que estaba preocupado por la "mala calidad" del asesoramiento que a veces se proporciona y el "fracaso de algunos asesores para tomar los casos".

Dijo que estas fallas habían "dejado a muchas personas detenidas por inmigración incapaces de recibir el asesoramiento esencial que necesitan", y agregó: "Esto significa que el sistema está fallando a las personas con casos meritorios, las familias están siendo separadas y las personas deportadas injustamente del Reino Unido".

Un portavoz del gobierno dijo: “Estamos comprometidos a asegurar que todas las personas en los centros de remoción de inmigrantes tengan acceso al apoyo legal que necesitan y que puedan comunicarse fácilmente con sus representantes legales por teléfono, correo electrónico y videollamada”.

“Todos los proveedores legales que trabajan bajo la DDAS deben tener acreditaciones de la Sociedad de Abogados y los proveedores están sujetos a revisión por pares y administración de contratos y trabajamos en estrecha colaboración con la Oficina del Comisionado de Servicios de Inmigración e informaremos a cualquier sospechoso de brindar asesoramiento deficiente o ilegal”.

"El número de bufetes de abogados que brindan asistencia especializada ha aumentado y estamos trabajando con una variedad de organismos para mejorar aún más el servicio".

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