Rechazo privado a un decreto que impide la elección de la obra social

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Salud. Advierten que sin aumentos en las prepagas, habrían cierres y faltarían medicamentos.
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El decreto fue publicado ayer a la hora de los penales, cuando la Argentina definía si pasaba a la final de la Copa América, pero despertó polémica hoy por la mañana. La decisión obliga a los trabajadores a permanecer por lo menos 12 meses en la obra social de su actividad cuando inicien una relación laboral. Durante este lapso, no podrán derivar aportes. Antes, los trabajadores podían elegir la obra social que querían y cambiarse cuando quisieran. A partir de ahora, solo podrán hacerlo una vez por año.

Esta modificación impacta en la libre elección de obra social, que regía desde hace 23 años en la Argentina. “Es una medida contra la gente y los trabajadores. Va a generar una infinidad de problemas cuando quieran cambiar de trabajo o estén insertándose al mercado laboral. Afecta la vida y la libertad de los argentinos. Es otra decisión lamentable y triste; injusta y con todo tipo de falta al sentido común”, explicó Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS).

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El decreto impacta particularmente en 4,5 millones de argentinos que derivan sus aportes desde las obras sociales. Representan un 75% de los afiliados de la medicina privada (6 millones aproximadamente).

El dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt,
El dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt,


Es otra decisión lamentable y triste; injusta y con todo tipo de falta al sentido común”, explicó Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical.

La medida fue un pedido de la CGT y es entendida como un guiño a los sindicatos. Estaría orientada a preservar las arcas de las obras sociales gremiales evitando que los aportes de los trabajadores se vuelquen a la medicina privada.

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Especialistas del sector coinciden que el Gobierno está buscando poner un tapón a la fuga de usuarios de las obras sociales sindicales a los prestadores privados. En el último tiempo se generó un incentivo a la demanda de prepagas por el control de tarifas del sector. “Como tienen un mejor servicio a un precio igual al estar pisado, se van al privado”, explicó un empresario del rubro.

  • Tratamientos prolongados: una alarma encendida por las empresas de medicina privada es el grave problema que la limitación generará a quienes tienen enfermedades de tratamiento prolongado, como cardiopatías. “Si cambiás de trabajo en el medio, durante un año no podés atenderte con tu médico anterior si no está en cartilla, o tenés que volver a hacer todos los trámites para los medicamentos de nuevo”, explicó un vocero del sector.

  • Otra situación complicada enfrentarían las embarazadas. “Si el usuario o su pareja cambiara de trabajo en el medio, va a tener que tener al bebé en otro lugar del planeado. Es mucha la angustia”, lamentó un directivo de una prepaga.

  • Aumento de la cuota: otro problema que implicará para las personas con afecciones de base será que cuando quieran cambiar de prestador, por ejemplo al volver a su prepaga anterior, tendrán que pagar una cuota superior por el diferencial de su enfermedad, al volver a cotizar la prima.

  • Descompensación en los costos: en el sector están preocupados porque quienes más cambian de trabajo son los usuarios más jóvenes que, en general, compensan con costos menores a los tratamientos de los adultos mayores, que utilizan muchos más servicios. “Le dejás un universo más adulto y por estadística más enfermo a los prestadores. La estructura de costos no va a dar.”, expresaron desde el sector.

El decreto generará problemas para los que tengan tratamientos prolongados contra una enfermedad o estén cursando un embarazo, sostienen desde el sector privado de salud.
El decreto generará problemas para los que tengan tratamientos prolongados contra una enfermedad o estén cursando un embarazo, sostienen desde el sector privado de salud.


El decreto generará problemas para los que tengan tratamientos prolongados contra una enfermedad o estén cursando un embarazo, sostienen desde el sector privado de salud.

“Los aportes y retenciones son parte del sueldo de la gente. La ley lo debería proteger. Los gremios insisten en que son fondos suyos, pero son de las personas”, dijo Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada.

Desde el sector no planean ir a la Justicia. Aseguran que los mismos usuarios serán los que reclamen frente a los tribunales e interpongan amparos. “Hoy estamos dando otra lucha; estamos viendo si siquiera vamos a sobrevivir económicamente”, advirtieron. También explicaron que esperan la reglamentación del decreto, que podría limitar todavía más la libertad de elección.

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