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Rechazan a los 'dreamers' inmigrantes que buscan trabajo

David Rodríguez, beneficiario del programa DACA, proveniente de Venezuela, recibió una carta de rechazo por parte de una compañía tras revelar su estatus migratorio. (María Alejandra Cardona/The New York Times)
David Rodríguez, beneficiario del programa DACA, proveniente de Venezuela, recibió una carta de rechazo por parte de una compañía tras revelar su estatus migratorio. (María Alejandra Cardona/The New York Times)

MIAMI — Elegantemente vestido con un saco casual y pantalones de vestir, David Rodríguez se sentó en la primera fila para escuchar una presentación sobre una oportunidad de pasantía en Procter & Gamble, el gigante de los productos de consumo.

Rodríguez, un inmigrante venezolano que estudiaba Negocios en la Universidad Internacional de Florida, dice que le emocionó la presentación porque la empresa valoraba la diversidad. Su objetivo era contratar a los pasantes como empleados a tiempo completo tras el término de sus estudios. Pero cuando se postuló, una pregunta del formulario lo dejó perplejo: “¿Eres ciudadano o nacional estadounidense, O un extranjero admitido legalmente para su residencia permanente, O un refugiado, O un individuo al que se le ha concedido asilo?”.

Él no entraba en ninguna de esas categorías. Informó a la compañía que era beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, gracias al cual miles de jóvenes inmigrantes tienen permiso para trabajar legalmente en el país.

Antes de que sus aptitudes fueran consideradas, recibió una carta de rechazo.

“Fue como un puñetazo en el estómago”, dijo Rodríguez, que ahora tiene 37 años, sobre la experiencia en 2013 que cambió todo lo que entendía sobre su estatus en Estados Unidos.

Ahora ha entablado una demanda que busca recurrir a la ley de derechos civiles para evitar que los empleadores rechacen a inmigrantes como él, una batalla legal que está en marcha incluso ahora que el presidente Donald Trump amenaza con poner fin al programa.

Desde su introducción en el gobierno de Obama en 2012, DACA ha inscrito a casi 800.000 inmigrantes, a menudo llamados “Dreamers”, que fueron traídos al país de manera ilegal cuando eran niños. Muchos se han graduado de la universidad y han tenido éxito en sus vidas gracias al programa, que cuenta con el apoyo bipartidista del Congreso.

Sin embargo, aunque los tribunales han aceptado la legalidad de DACA y han bloqueado los intentos recientes de cancelarlo abruptamente, algunas de las más grandes empresas del país se niegan unilateralmente a contratar a “Dreamers”. Desde que Trump intensificó sus ataques contra el programa, los rechazos de empleo se han vuelto aún más frecuentes.

Estos empleadores, incluyendo Procter & Gamble, señalan que les preocupa invertir tiempo y dinero en la capacitación de trabajadores cuya elegibilidad de empleo a largo plazo no está garantizada. Otras compañías quieren evitar quedar atrapadas en el polémico debate en materia de inmigración en el país.

“Por un lado, los empleadores tratan de contratar a los mejores talentos disponibles para mantenerse a flote y recuperarse de la crisis de la COVID-19, mientras que, por otro lado, les preocupa invertir tiempo y recursos en la capacitación de alguien que podría ser deportado”, comentó Woody Hunt, copresidente de la American Business Immigration Coalition, un grupo que promueve una solución legislativa para legalizar a los “Dreamers”.

Es imposible saber a cuántas personas se les ha negado el empleo por su condición de beneficiarios del programa DACA, dijo Thomas A. Saenz, presidente y consejero general del Fondo México Americano para la Educación y Defensa Legal, que ha presentado varias demandas contra las empresas que se negaron a contratar a los beneficiarios del programa DACA.

Bank of America y Northwestern Mutual están entre las que han resuelto esos casos de empleo. M&T Bank y Procter & Gamble son los demandados en los procesos judiciales en curso.

“Si las grandes empresas se dedican a esta práctica, es evidente que un sinfín de empresas más pequeñas están haciendo lo mismo”, dijo Saenz.

Las inquietudes sobre la contratación de los beneficiarios de DACA se han intensificado desde que el gobierno de Trump anunció en septiembre de 2017 que desmantelaría el programa, poniendo en duda su supervivencia a pesar de que los tribunales obligaron al gobierno a mantenerlo en vigor.

“Los empleadores me dicen: ‘Me encantaría contratar a esta persona pero mi preocupación es que la contrate, invierta tres o cuatro meses en capacitarla y, si Trump elimina el programa, entonces tengo que contratar y capacitar a un nuevo empleado’. Eso se vuelve caro y toma mucho tiempo”, señaló Dagmar Butte, una abogada de inmigración de Portland, Oregon.

“Les digo: ‘Si realmente les gusta esta persona, deben saber que este programa aún no ha terminado’. Así que no debes suponer que no podrá seguir trabajando para ti”. Pero, si la razón por la que no contratan a la persona es de negocios, entonces se trata de una decisión que deben tomar”, dijo Butte.

Algunos empleadores dicen que las ventajas de contratar a los beneficiarios de DACA superan los riesgos.

El Centro Médico Alivio, ubicado en un enclave de inmigrantes de Chicago, emplea a médicos, enfermeras practicantes y asistentes médicos que cumplen con los requisitos de empleo a través de DACA, conscientes de que son “potencialmente deportables”, dijo Esther Corpuz, su directora ejecutiva.

Señaló que sus experiencias de vida como inmigrantes y sus diversas raíces culturales son una ventaja.

“Estos proveedores de servicios son realmente capaces de tratar a nuestros pacientes de una manera profesional y empática”, agregó.

La primera demanda laboral de DACA, en 2014, fue interpuesta por Rubén Juárez, un graduado universitario e inmigrante proveniente de México, ante un tribunal federal de Nueva York contra la empresa financiera Northwestern Mutual.

A fines de 2013, un reclutador había expresado su entusiasmo por contratarlo. Pero, después de presentar su permiso de trabajo, le preguntaron a Juárez si era ciudadano estadounidense o titular de la “green card”, según los documentos judiciales.

Juárez dijo que tenía autorización de empleo a través de DACA, pero le dijeron que las personas que no son ciudadanas necesitaban una “green card” para ser contratadas. Las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial en 2015 y, como parte de sus términos, la empresa inició un programa destinado a reclutar inmigrantes, incluyendo a los beneficiarios de DACA.

En Miami, Rodríguez nunca imaginó que terminaría siendo parte de una demanda colectiva contra el fabricante de marcas icónicas como Pampers, Tide y Crest.

Después de ser rechazado en la pasantía en Procter & Gamble, pidió una aclaración al reclutador de la empresa.

“Desafortunadamente, según la política de P&G, los solicitantes de empleo en Estados Unidos deben tener autorización legal para trabajar sin restricciones en cuanto al tipo, duración o lugar de empleo”, le respondió el reclutador por correo electrónico. Y añadió: “Si en el futuro tu estatus cambia y dejas de tener restricciones, por favor envíame un mensaje”.

El caso, que ahora está en proceso en el tribunal federal de Miami, se basa en la Ley de Derechos Civiles de 1866 que prohíbe la “discriminación de extranjeros”, o la discriminación porque una persona no es ciudadana estadounidense.

La demanda afirma que la política de Procter & Gamble constituye una discriminación ilegal. Los abogados de la empresa argumentaron que la decisión de no contratar a Rodríguez se basó estrictamente en su condición de inmigrante, cuestión que suele ser objeto de decisiones de empleo. Dijeron que el rechazo no era ilegal porque “no era sinónimo” de discriminación por ser extranjero.

En junio, un juez federal denegó una moción de juicio sumario y decidió que el caso debía proceder a un juicio, considerando que la política era “fácilmente discriminatoria” y que violaba la ley de derechos civiles. La empresa está tratando de apelar el fallo del juicio sumario.

Procter & Gamble dijo que la compañía creía que había actuado legalmente y que continuaría defendiendo el caso en el tribunal.

“Para entender el contexto, hay que señalar que contratamos gente con la expectativa de que tengan una carrera a largo plazo”, dijo la empresa mediante un comunicado. “Así que nuestros sistemas de reclutamiento se enfocan en personas que cuentan con la autorización para trabajar a largo plazo en Estados Unidos”.

Señalaba que el proceso de solicitud de empleo que impone la compañía se había modificado para permitir una mayor flexibilidad después de que se presentó la demanda.

“La empresa ha considerado y seguirá considerando a las personas que tienen autorización para trabajar gracias al programa DACA para obtener oportunidades de empleo en P&G”. No se mencionaba si habían contratado a algún beneficiario de DACA tras las modificaciones a sus políticas.

Sus esperanzas de trabajar en Procter & Gamble se desvanecieron, y Rodríguez decidió dedicarse a los bienes raíces, un sector que está creciendo en Miami.

Extendió sus estudios en la Universidad Internacional de Florida, y se graduó con mención honorífica en 2017 de una especialización en Administración de Empresas y un diploma en Bienes Raíces y Finanzas.

Actualmente trabaja en Lincoln Property, una de las principales compañías de administración de bienes raíces del país. En Miami, una de las ciudades más diversas del país con una población en auge de inmigrantes de habla hispana, Rodríguez es un elemento valioso.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company