Rechaza Corte suavizar la prisión preventiva oficiosa

Manuel Espino

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Por segunda ocasión en este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó suavizar la prisión preventiva oficiosa para que no sea aplicada de manera automática.

Sin embargo, el pleno de ministros retiró la medida cautelar para los delitos de defraudación fiscal, contrabando y falsificación de facturas, al invalidar por mayoría calificada las reformas realizadas en 2019 al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Seguridad Nacional, que catalogaban estas faltas como "amenazas a la seguridad nacional" y delincuencia organizada, y por lo tanto ameritaban prisión preventiva oficiosa.

Sólo seis de los 11 ministros votaron a favor del proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, quien proponía que los jueces abrieran a debate la viabilidad de la imposición de la prisión anticipada en cada caso, sin la necesidad de que el ministerio público lo solicite.

En la segunda y última sesión del debate, el presidente del Máximo Tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, no compartió la interpretación al artículo 19 constitucional, que establece el catálogo de delitos con prisión preventiva, al señalar que no es constitucionalmente y técnicamente sostenible y, dijo, "es una creación —lo digo con todo respeto— artificial de nosotros como intérpretes".

"La Constitución no dice que el juez abrirá oficiosamente el debate entre las partes o preguntará al ministerio público; ordenar significa mandar, imponer o dar orden de algo, por eso —desde mi punto de vista— no es posible sostener la conclusión a partir de una interpretación gramatical del precepto", expuso.

Aunque señaló que no tiene duda de que la prisión preventiva oficiosa, entendida como automática, atenta contra el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia, la ministra Loretta Ortiz Ahlf consideró que lo planteado por Aguilar Morales "excede por mucho" las facultadas de interpretación a las leyes otorgadas a la SCJN, la división de poderes y los principios democráticos del Estado mexicano.

"La simple apertura en el debate que se propone atribuir a las y los juzgadores resulta contraria a los principios que rigen el sistema penal acusatorio", consideró. Hizo un llamado a los legisladores para reformar el artículo 19 constitucional y el sistema penal acusatorio, para armonizarlo con el derecho internacional de los derechos humanos.

En contraste, la ministra Norma Lucía Peña Hernández dijo que la prisión preventiva no está prohibida por la Constitución y que es violatoria de los derechos humanos cuando se aplica en forma automática, porque, en su opinión, contraviene los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia.

"Comparto el sentido del proyecto que nos propone el ministro Aguilar, ya que permite que se debata si debe imponerse la prisión preventiva a una persona vinculada a proceso, pero también es sensible a la realidad que impera en México, en relación con diversos delitos", comentó ante el pleno.

En lo referente a la invalidez de la prisión preventiva para los delitos de defraudación fiscal, contrabando y falsificación de facturas, Piña Hernández consideró que no tienen como bien jurídico tutelar la seguridad nacional, por lo que no hay razón para justificar esta medida.

A su vez, la ministra Margarita Ríos Farjat señaló que la actual interpretación de la prisión preventiva oficiosa por parte del Estado mexicano ha sido la más cómoda, pero la más restrictiva para las personas imputadas que se encuentran recluidas. De continuar con esa tónica, advirtió que se corre el riesgo de que paguen justos por pecadores, lo que es inadmisible y rompe el orden constitucional establecido en el nuevo sistema de justicia penal.

"Me pronuncio para coincidir en que la prisión preventiva, entendida como hasta la fecha, es más punitiva que cautelar. Por eso coincido en que sí se puede interpretar de forma distinta".

No obstante, Ríos Farjat admitió que eliminar el carácter automático de la referida medida cautelar generaría enormes expectativas a quienes están privados de su libertad por esta medida. "Creo que inmediatamente se saturarían los juzgados, que de por sí tienen grandes cargas de trabajo; ¿cuántas solicitudes de revisión (...) se presentarían a los pocos días de nuestra decisión?".

El ministro Javier Laynez Potisek aseveró que incluir los delitos fiscales entre los que merecen prisión preventiva oficiosa es "un fraude a la Constitución (...) porque el constituyente de manera liberada no incluyó los delitos patrimoniales en 2008 y en 2019 agregó algunos, pero no incluyó los delitos fiscales".

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena declinó su participación en el debate al señalar que no repetiría sus intervenciones sobre el tema manifestadas en octubre de 2021 y de septiembre de este año, en la que se pronunció por acotar la medida.