Las rebeliones del confinamiento: protestas, bronca y la amenaza latente de una reacción fiscal

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Gastronómicos protestan cocinando en la vereda de la parrilla Los Cardales, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.
Mauro V. Rizzi

“Ya no queda margen: llegamos a una situación extrema en la que tenemos que decidir si pagamos los sueldos o los impuestos”. La frase, pronunciada con tono de resignación, es de Alejandro Pastore, dueño de un bar emblemático de Rosario y secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra). Y no suena aislada de las consecuencias que provocó en distintos puntos del país el confinamiento más duro que decretó el presidente Alberto Fernández –en una etapa que concluirá mañana– a raíz del crecimiento de los contagios de coronavirus.

La situación extrema de multiplicación del Covid, con los sistemas sanitarios al límite en varias provincias, chocó en este nuevo capítulo de la pandemia con la desesperación de sectores del comercio que necesitan reabrir los negocios para sobrevivir en un mercado deprimido.

“Nuestra realidad hoy es peor que el escenario más pesimista que proyectábamos. Ya desaparecieron 11.800 empresas, 3800 más que en 2020, año en que cerraron sus puertas 8000 establecimientos. En nuestro sector se perdieron 175.000 puestos de trabajo. Pero, además, con las nuevas restricciones la situación, que ya es crítica, empeorará aún más. No hay empresa que resista sin posibilidades de trabajar”, señaló Graciela Fresno, presidenta de la Fehgra.

La bronca en las provincias se hizo palpable a través de protestas en las calles y escraches a funcionarios, como ocurrió en Alta Gracia y Bell Ville, en Córdoba, hasta el anuncio de una rebelión fiscal en Rosario, una acción que amenaza sumar la adhesión en otras ciudades, según señalaron en la Asociación Empresaria.

“No tenemos más opción que abrir; todos necesitamos trabajar. A pesar de que las ventas caen, buscamos sobrevivir”, explicó el dueño de un local de venta de ropa de Mendoza, donde el descontento va en aumento, como en otras provincias, entre ellas Tucumán, San Juan y Santa Cruz.

Default de impuestos

Una de las protestas más extremas se vio en Santa Fe, donde la asociación que nuclea a los empresarios gastronómicos de Rosario anunció la cesación de pagos de impuestos y servicios para ese sector. “Hace 14 meses que sumamos un pasivo enorme y ya no podemos enfrentar los pagos de los empleados. En esta ciudad cerraron 110 pymes gastronómicas, pero las que quedan ya no se pueden sostener”, reconoció a la nacion Pastore, dueño de un bar de avenida Pellegrini.

El sector gastronómico, según señaló la entidad en un comunicado, se encuentra “imposibilitado de abonar impuestos y servicios. En consecuencia, en tanto no se destine al sector una ayuda económica efectiva, los bares y restaurantes de la ciudad no podrán pagar los tributos aplicados a la actividad”.

En Córdoba también la presión sobre el sector comercial, sobre todo el gastronómico, va en aumento. Reclaman no solo que los dejen reabrir, sino también más asistencia económica. La municipalidad de la capital cordobesa anunció algunos beneficios y en la provincia se analiza otorgar asistencia a los sectores más afectados por el confinamiento.

Durante el fin de semana se produjeron protestas frente a la casa de dos intendentes, el peronista Marcos Torres, de Alta Gracia, y el radical Carlos Briner, de Bell Ville. Frente a la presión de los comerciantes, Torres planteó: “No tenemos más camas y tenemos 100 casos diarios, no vamos a exponer la salud de los vecinos de Alta Gracia”.

En Bell Ville los comerciantes hicieron una protesta en la plaza central y decidieron manifestarse frente a la casa no solo del intendente Briner sino también del secretario de Gobierno del municipio. Luego de estas protestas, la UCR provincial emitió un comunicado condenando los “escraches”.

El eje central del reclamo es, en todos los casos, que los dejen reabrir, aunque sea con horario reducido, y sin permitir a los clientes ingresar a los locales. En Alta Gracia le plantearon a Torres permitir que la gente comprara por la web y pasara a retirar; el intendente rechazó la posibilidad basándose en el decreto nacional.

La mayoría de los intendentes de la provincia de Córdoba –que tiene una ocupación de camas Covid por encima del pico de la primera ola– admiten que están presionados por quienes quieren “volver a trabajar”, a la vez que se enfrentan a un sistema sanitario al borde de la saturación. Los intendentes intentan persuadir a comerciantes y gastronómicos sin avanzar en la aplicación de multas. Los controles para que se cumplan las restricciones están a cargo de las fuerzas de seguridad, que por ahora solo se limitan a controlar el tránsito, pero no cierran comercios.

Aperturas de hecho

En Mendoza, el cumplimiento de las restricciones comenzó a debilitarse tras el feriado del 25 de Mayo. Buena parte de las actividades “no esenciales” volvieron al ruedo desde el miércoles, principalmente los comercios. Ese sector desoyó el DNU presidencial y apeló a un “permiso general” de las autoridades locales.

En diálogo con LA NACION, el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, explicó que se realiza un monitoreo de la situación, pero que resulta complejo supervisar a cada uno de los locales. “En general se está cumpliendo con las disposiciones; los no esenciales pueden abrir y no atender al público dentro de los locales. Si alguno hace pasar algún cliente, es muy difícil de controlarlo en más de 3500 comercios minoristas que tenemos”, indicó el jefe comunal.

“No tenemos más opción que abrir; todos necesitamos trabajar. A pesar de que las ventas caen, buscamos sobrevivir y que los empleados puedan llevar el pan a sus casas. La venta digital o telefónica es un tanto difícil. Aquí tomamos las medidas sanitarias, como el uso de alcohol en gel en el ingreso y el distanciamiento”, explicó el dueño de un local de venta de ropa.

Los comercios de diversos rubros considerados “no esenciales”, como zapaterías, regalerías, jugueterías o librerías, decidieron volver a funcionar, algunos apelando a la metodología del “pase y lleve”, como una especie de protección, para evitar una sanción oficial, que va desde los 10.000 hasta los 50.000 pesos.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata decidió reabrir la lista de sectores que anticiparon la reapertura de sus establecimientos desde mañana. “Estamos agobiados de cumplir con las fases que nos hicieron retroceder a todos”, expresaron mediante un comunicado, que coincidió con quejas de las propias autoridades municipales por las limitaciones que tanto la Nación como la provincia de Buenos Aires dispusieron para este distrito.

Desde sectores del comercio relacionado con otros rubros, en particular el textil, también aseguraron que mañana levantarán persianas y trabajarán con normalidad.

En Tucumán, el nuevo confinamiento estricto, al que adhirió el gobernador Juan Manzur, despertó una rebelión entre los comerciantes, sobre todo en el rubro gastronómico. El malestar llegó hasta las puertas del domicilio particular del mandatario peronista el último fin de semana largo. El domingo pasado, Guillermo Fares, quien es propietario de un bar en la capital tucumana, fue detenido en dos oportunidades y luego liberado, debido a que resolvió abrir su local.

Para intentar frenar el malestar del sector, Manzur anunció que el gobierno provincial otorgará un subsidio por un monto global de 60 millones de pesos para los empresarios gastronómicos y los comerciantes afectados. La ayuda prevista es de 3500 pesos para los empleados de cada sector que no hayan sido considerados esenciales.

Pandemia económica

“La situación es crítica, ya venía de antes, pero todo esto la empeoró. Hoy estamos pasando la pandemia económica”, afirmó a LA NACIOON Miriam Giorgia, presidenta de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia, quien detalló la acuciante situación que vive el comercio local y que se replica en todas las localidades de Santa Cruz. “Pedimos poder trabajar, con protocolos y cuidados, los contagios no se producen en los comercios”, explicó la comerciante.

En la segunda ciudad más poblada de la provincia se juntaron firmas para pedir la reapertura de los comercios en los horarios previos al DNU. “Nos pareció extrema la medida para aquí, la situación de Caleta Olivia no se compara con las grandes ciudades”, detalló la mujer, y explicó que entre los afectados están los que tuvieron que cerrar y también los que debieron endeudarse para sostener la actividad.

En Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner adhirió plenamente al DNU sin contemplar que en muchas ciudades se registró una baja de contagios, lo cual provocó reacciones de marchas, protestas y gestos de rebeldía en Pico Truncado, Caleta Olivia, Puerto San Julián, El Chaltén, Las Heras y El Calafate.

Tras las protestas, el gobierno de Alicia Kirchner dio marcha atrás con las medidas estrictas de confinamiento y este viernes dio a conocer el Índice Ajustado por Población, en función del cual se determinarán las medidas de control sanitario para cada localidad, que entrarán en vigor mañana.

Pese a la noticia, los comerciantes de Puerto San Julián salieron otra vez en caravana de autos para exigir la apertura de los locales. “Son excesivas las restricciones impuestas por el decreto provincial, pero el municipio no puede modificarlas”, declaró el intendente Daniel Gardonio, quien pidió que se evalúe la información real, que se tome en cuenta solo a los habitantes de la ciudad y no se incluyan los contagios de los yacimientos mineros próximos a la ciudad, “porque generan restricciones injustas”.

Los comerciantes de San Juan expresaron su disconformidad con las medidas restrictivas, aunque durante los primeros días del confinamiento abrieron los negocios esenciales. Sin embargo, la Dirección de Defensa del Consumidor debió actuar en algunas cadenas de supermercados porque notificaron a sus empleados de que debían quedarse hasta las 2, dos horas más después del cierre.

En Santiago del Estero se produjo una protesta de comerciantes el 25 de mayo, cuando se reunieron en una esquina céntrica de la capital para reclamar contra las restricciones. La policía dispersó la protesta y retuvo a cinco personas, a quienes la Justicia imputó por la supuesta violación del artículo 205 del Código Penal.

Con la colaboración de los corresponsales Gabriela Origlia (Córdoba); Fabián López (Tucumán); Pablo Mannino (Mendoza); Darío Palavecino (Mar del Plata); Mariela Arias (Santa Cruz); Enrique Merenda (San Juan) y Leonel Rodríguez (Santiago del Estero).