Razones por las que es surrealista que Maduro acuse a España de tener presos políticos en Cataluña

El encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural respectivamente, ha desatado numerosas reacciones tanto en España como en el extranjero. Una de las que más ha sorprendido ha sido la venezolana, en boca de su presidente Nicolás Maduro que no ha dudado en calificarles como “presos políticos”, a la vez que señalaba que su país es “el más democrático del continente americano”. Sin embargo, ni los datos ni los hechos respaldan esta posición.

– Centenares de opositores encarcelados

Desde que Maduro llegó al poder en Venezuela en el año 2013, su Gobierno ha estado marcado por la persecución y encarcelamiento de opositores. Hace escasos días el Foro Penal de Venezuela aseguraba que el número de personas privadas de libertad ascendía a 401, mientras que figuras muy importantes de la oposición como Leopoldo López o Antonio Ledezma han sufrido el hostigamiento de las autoridades venezolanas. Organizaciones de derechos humanos internacionales como Amnistía Internacional incluso han pedido que se investiguen las denuncias de presunta tortura sobre ellos al tiempo que les considera “prisioneros de conciencia”.

Por su parte, hasta el momento Cuixart y Sánchez son los dos únicos encarcelados en España, mientras que el mayor de los Mossos, Trapero, ha quedado en libertad. La jueza les ha enviado a prisión por el “riesgo de reiteración delictiva”. Ambos buscaban “la proclamación de una república catalana” como fin último, lo que es ilegal en España y va en contra de la Constitución. A diferencia de en Venezuela ningún político opositor en Cataluña ha enfrentado la prisión: Puigdemont, Junqueras o Forcadell no se han visto en esa tesitura.

– Persecución a jueces

Otro de los aspectos controvertidos del Gobierno de Maduro ha sido la poca separación que ha habido entre su Ejecutivo y el poder judicial. La fiscal General venezolana, Luisa Ortega, se ha visto obligada a huir del país tras criticar la Constituyente (una asamblea cuyo objetivo es cambiar la Constitución y que tanto la oposición como gran parte de la comunidad internacional consideran un fraude). Además, la jueza que ordenó detener a Leopoldo López, Ralenis Tovar, ha confesado recientemente ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que dio la orden “por miedo a estar presa”, al tiempo que ha recordado las presiones a las que el poder judicial es sometido por Maduro.

Por su parte España, está considerada una democracia completa en el resto del mundo y no se pone en duda la independencia del poder judicial, aunque el hecho de que el Tribunal Constitucional sea elegido por las Cortes, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial no ayuda en la defensa de su imparcialidad.

– Abandono de las instituciones a favor de los Derechos Humanos

Hace cuatro años que Venezuela abandonó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hugo Chávez acusó a la organización de “ser un brazo del imperio” o de “apoyar el terrorismo”. Maduro ha seguido con la misma política de rechazo hacia este tipo de instituciones y de hecho recientemente se negó a intervenir ante el Consejo de Derechos de la ONU, organización por cierto que acaba de elegir a España como miembro para el periodo 2018-2020. Las muestras de rechazo por parte de Venezuela a este tipo de instituciones han sido constantes en los últimos años, mientras que España está sometido y cumple a rajatabla las normas internacionales en estos aspectos.

– Una democracia bajo interrogantes

Venezuela acaba de celebrar unas elecciones regionales en los que el chavismo se ha alzado con una gran victoria, pero las dudas de la comunidad internacional sobre los comicios no se han disipado. Tanto es así que Colombia ya ha pedido unas elecciones generales con observadores internacionales y Canadá ha mostrado su preocupación por las irregularidades del proceso. Sin embargo, fue la Constituyente la que despertó más dudas, debido a que la oposición no se presentó, no tuvo reconocimiento internacional ni verificación de ningún tipo y solo la secundó el 41% del censo. ¿Suficiente para poder cambiar la Constitución? Probablemente no.

En el caso de España, es evidente que con regularidad se celebran elecciones en las que el pueblo puede elegir a sus representantes con total libertad. En lo que se refiere a Cataluña, ocurre exactamente lo mismo. Todos los representantes políticos han sido elegidos por la ciudadanía.

– De espaldas a las organizaciones independientes de derechos humanos

En los últimos meses, los informes de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la Federación Internacional de los Derechos Humanos han sido demoledores sobre la situación en Venezuela. Testimonios de torturas, amenazas o acoso han llenado páginas y páginas. La actitud del Gobierno de Maduro ha sido ignorarlas y denunciar complots contra su figura.

Respecto a España, las organizaciones se han mostrado críticas con la represión ejercida el 1 de octubre sobre los manifestantes. Así, HRW ha acusado a la Policía de “utilizar la fuerza de forma excesiva en Cataluña”, pero lo cierto es que ninguna de estas instituciones pone en duda el respeto de los derechos humanos. De hecho, Naciones Unidas publicó un informe de 38 países que vulneran los derechos humanos en el mundo y España no estaba entre ellos, mientras que Venezuela sí.